CODEPHI demanda regalías por la industrialización del gas
El Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos (CODEPHI), luego de su reunión en la ciudad de Tarija, determinó exigir al Gobierno nacional reactivar el debate del Pacto Fiscal para concretar una redistribución del 89% de las regalías que maneja el Estado y de los ingresos que...



El Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos (CODEPHI), luego de su reunión en la ciudad de Tarija, determinó exigir al Gobierno nacional reactivar el debate del Pacto Fiscal para concretar una redistribución del 89% de las regalías que maneja el Estado y de los ingresos que genera la industrialización que ahora son administrados por el Tesoro General de la Nacional (TGN) y otras instituciones del públicas del Gobierno.
Además, en dicho encuentro se determinó exigir al Gobierno la devolución de los recursos confiscados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a través de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburifera, porque consideran que los recursos del 12 por ciento recortados del IDH, desde el año 2016 a los presupuestos de las gobernaciones y alcaldías, no cumplieron el objetivo de desarrollar actividades petroleras en el país.
El secretario de Energía, Mina e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herlan Solís Montenegro, sostuvo que las regiones demandan transparencia en el manejo de información sobre los hidrocarburos, porque desde la gestión 2015 no se tiene una página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la que se publique información como las reservas de gas y petróleo de Bolivia.
En cuanto a la propuesta de Pacto Fiscal que plantean las autoridades, es para que el Gobierno nacional pueda abrir el debate sobre el manejo del 89% de las regalías petroleras, sin tocar el 11% que reciben las regiones productoras por renta petrolera e IDH.
Para este objetivo el secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, informó que las instituciones que conforman el CODEPHI determinaron realizar una socialización en las regiones no productoras, para que entre todos los departamentos puedan lograr una redistribución equitativa del 89% de las regalías que maneja el Gobierno. Pero además para que reciban un porcentaje del proceso de industrialización de gas en Bolivia.
Entre tanto, el secretario de Minería Metalurgia e Hidrocarburos de la Gobernación de La Paz, Esteban Paty Parí, señaló que ya se presentó una propuesta razonable al Gobierno, que establece la redistribución de la coparticipación tributaria: 50 por ciento para el Gobierno nacional y 50 por ciento para los gobiernos subnacionales, pero hasta la fecha no existe respuesta.
Según información oficial, del 100% de los recursos de la coparticipación tributaria, el 75% va al TGN, el 25% está dirigido para las entidades territoriales autónomas y al sistema universitario, el Gobierno nacional administra el 3% de ese 75%. El resto va aeducación, a salud y deportes, a rentas y pensiones, a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Gobierno descarta redistribuir recursos
El Gobierno nacional aseguró la gestión pasada que no hay posibilidad de hablar sobre la redistribución de la coparticipación tributaria como insiste la Gobernación de La Paz , Tarija y Santa Cruz, en el marco del Pacto Fiscal, porque eso implicaría despidos en sectores de educación, salud, Policía y Fuerzas Armadas. No obstante, abrió la posibilidad de que se discutan las observaciones al documento final.
El Viceministerio de Autonomías, en ese momento, fijó la posición y recordó que las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija asientan sus propuestas en la redistribución de recursos de coparticipación tributaria, lo que -insistió- es inviable debido a que se terminaría afectando el presupuesto para los salarios de varios sectores en el país.
Cabe recordar que la Comisión Técnica del Pacto Fiscal aprobó 25 opciones de financiamiento para ser aplicadas de forma gradual en los diferentes niveles autonómicos, como la creación de nuevos tributos, de regalías, temas alternativos para financiar los recursos públicos a través de esfuerzos propios, de gestión propia entre otras alternativas de ingresos.
Además, en dicho encuentro se determinó exigir al Gobierno la devolución de los recursos confiscados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a través de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburifera, porque consideran que los recursos del 12 por ciento recortados del IDH, desde el año 2016 a los presupuestos de las gobernaciones y alcaldías, no cumplieron el objetivo de desarrollar actividades petroleras en el país.
El secretario de Energía, Mina e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herlan Solís Montenegro, sostuvo que las regiones demandan transparencia en el manejo de información sobre los hidrocarburos, porque desde la gestión 2015 no se tiene una página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la que se publique información como las reservas de gas y petróleo de Bolivia.
En cuanto a la propuesta de Pacto Fiscal que plantean las autoridades, es para que el Gobierno nacional pueda abrir el debate sobre el manejo del 89% de las regalías petroleras, sin tocar el 11% que reciben las regiones productoras por renta petrolera e IDH.
Para este objetivo el secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, informó que las instituciones que conforman el CODEPHI determinaron realizar una socialización en las regiones no productoras, para que entre todos los departamentos puedan lograr una redistribución equitativa del 89% de las regalías que maneja el Gobierno. Pero además para que reciban un porcentaje del proceso de industrialización de gas en Bolivia.
Entre tanto, el secretario de Minería Metalurgia e Hidrocarburos de la Gobernación de La Paz, Esteban Paty Parí, señaló que ya se presentó una propuesta razonable al Gobierno, que establece la redistribución de la coparticipación tributaria: 50 por ciento para el Gobierno nacional y 50 por ciento para los gobiernos subnacionales, pero hasta la fecha no existe respuesta.
Según información oficial, del 100% de los recursos de la coparticipación tributaria, el 75% va al TGN, el 25% está dirigido para las entidades territoriales autónomas y al sistema universitario, el Gobierno nacional administra el 3% de ese 75%. El resto va aeducación, a salud y deportes, a rentas y pensiones, a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Gobierno descarta redistribuir recursos
El Gobierno nacional aseguró la gestión pasada que no hay posibilidad de hablar sobre la redistribución de la coparticipación tributaria como insiste la Gobernación de La Paz , Tarija y Santa Cruz, en el marco del Pacto Fiscal, porque eso implicaría despidos en sectores de educación, salud, Policía y Fuerzas Armadas. No obstante, abrió la posibilidad de que se discutan las observaciones al documento final.
El Viceministerio de Autonomías, en ese momento, fijó la posición y recordó que las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija asientan sus propuestas en la redistribución de recursos de coparticipación tributaria, lo que -insistió- es inviable debido a que se terminaría afectando el presupuesto para los salarios de varios sectores en el país.
Cabe recordar que la Comisión Técnica del Pacto Fiscal aprobó 25 opciones de financiamiento para ser aplicadas de forma gradual en los diferentes niveles autonómicos, como la creación de nuevos tributos, de regalías, temas alternativos para financiar los recursos públicos a través de esfuerzos propios, de gestión propia entre otras alternativas de ingresos.