La burocracia lleva los casos de violencia hacia el desistimiento

Falta de apoyo del entorno familiar, presiones sociales y económicas, un sistema burocrático con funcionarios que desconocen los protocolos de actuación en caso de denuncia o actúan bajo estereotipos y prejuicios, además de la falta de resultados concretos hacen que las mujeres víctimas de violencia, generalmente intrafamiliar, desistan de seguir con el proceso y vuelva a ingresar en el círculo de las agresiones.

 

Estructural

Para la responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), Karina Flores, el desistimiento expresa una falencia estructural de todo el sistema que sustenta la sociedad, la cultura que le enseña que “así debe ser”, la familia que no la apoya, la colectividad que la victimiza y un procedimiento que suele ser burocrático.

Además, el desistimiento es un beneficio legal en base al criterio de oportunidad que no es registrado y esto provoca que el agresor se beneficie con la misma alternativa las veces que suceda y esto deja en situación de indefensión y vulnerabilidad a la mujer y los niños, y es algo que el Órgano Judicial debe contemplarlo.

A su turno, la responsable del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) Peky Rubín de Celis, apuntó que a pesar de los esfuerzos de instituciones y personas concretas para que el circuito de la denuncia y todo el procedimiento judicial llegue a buen puerto, éstos no son suficientes.

Los frecuentes cambios de personal, de los servidores públicos, a pesar de que instituciones como el SLIM, el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tienen protocolos de actuación establecidos, el problema es el desconocimiento del personal nuevo, otras veces sus estereotipos y prejuicios; por otro lado, la carga procesal que tienen junto a los juzgados.

“Todo ese conjunto muestra una triste realidad de que institucionalmente no estamos preparados ni con recursos humanos, ni con capacidad técnica para poder resolver las denuncias que llegan a estas instancias públicas”.

Por otra parte, indicó que la tipificación todavía no está coordinada, no está clara en el registro, observó que entre un servidor público y otro existen diferentes percepciones de un mismo hecho y eso es contraproducente en el momento de llevar adelante un juicio.

“El desistimiento es un síntoma de la sociedad machista que se expresa en un proceso judicial ineficiente y en una sociedad juzgadora y condenatoria de las mujeres”, sentenció.

Por su parte, el director a.i. de la FELCV, Rolando Ramírez Castillo, estableció que esta entidad es una unidad policial que recibe las denuncias de las víctimas que, luego de tomar conocimiento, los deriva al Ministerio Público, luego de las diligencias investigativas se remite al juzgado pertinente para que se determine fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares, en caso de que exista un aprehendido, si amerita se le da la detención preventiva o, caso contrario, medidas sustitutivas o la libertad irrestricta.

Dentro del proceso existe el desistimiento de la víctima, puede ser que, a causa de la presión familiar, social, por los hijos se vea obligada a abandonar el proceso y se lo hace mediante un memorial al Ministerio Público, el caso se cierra y se queda ahí. No se registra porque no hay una sentencia que haya emitido el juez.

Sin embargo, si el victimario fue aprehendido, queda el antecedente policial, pero con una solicitud de cancelación de antecedentes en base al documento de desistimiento también se lo anula porque es como si la víctima “no quisiera saber más del hecho”.

 

Una ley que debería proteger a las mujeres

La Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la sociedad civil, tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa.

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