TCP frena ejecución de débitos automáticos, Ruíz replanteará

El Tribunal Constitucional determinó revocar la sentencia 533/2018, según explicó el secretario de Justicia Yamil García, la cual autorizaba al alcalde de Uriondo Álvaro Ruíz a tramitar ante el Ministerio de Economía los débitos automáticos contemplados en la Ley de distribución de regalías entre municipios, más conocida como Ley del 8%. Por su parte, Ruíz indicó que la resolución lo que hace es identificar un defecto de forma que tienen posibilidad de modificar.

Una polémica Ley
El Estatuto de Autonomía contempla un capítulo en el que se autoriza a desarrollar a una Ley para proyectos concurrentes entre la Gobernación de Tarija y los Gobiernos Municipales. En ese proyecto de Ley se debían incluir criterios objetivos para la priorización y montos, y se esperaba también que los proyectos se enmarcaran dentro de un plan de desarrollo conjunto, sin embargo, esa Ley no se desarrolló y sí la “Ley del 8 por ciento”, que establece destinar un 1 por ciento de las rentas petroleras a cada municipio no chaqueño, sin que se establezcan criterios sobre los proyectos a financiar.

El proyecto fue aprobado con presión en la Asamblea Departamental, de mayoría oficialista, aunque no se promulgó hasta 2018. A mediados de año se llegó a un acuerdo para desembolsar recursos e incluso se incluyeron proyectos nuevos, algo que generó críticas en el propio oficialismo al incorporar obras teniendo deudas pendientes. En enero de 2019 se rompió el acuerdo con la tramitación de nuevos débitos automáticos.
“Con esto se inhabilita al señor Álvaro Ruíz, que había logrado que se efectivicen los débitos automáticos en contra de la Gobernación, de esta forma el TCP ha decidido revocar, dejar sin efecto la resolución judicial que habilitaba a realizar peticiones” indicó García, quien también precisó que se iniciarán los trámites pertinentes para recuperar el dinero debitado.

En este 2019 se cursaron dos débitos, uno para el Gobierno Municipal de Uriondo y otro para el de San Lorenzo, que suman algo más de 18 millones de bolivianos. Los mismos están destinados a cubrir planillas de los proyectos concurrentes comprometidos durante la gestión de Lino Condori, que endeudó a la Gobernación de Tarija. Los alcaldes de Uriondo y San Lorenzo, Álvaro Ruíz y Miguel Ávila, señalaron entonces la legitimidad de la operación concedida por el Viceministerio al haberse incumplido los compromisos de pago firmados con el Gobernador.

“En términos más sencillos, el señor Ruíz había conseguido los débitos en base a una resolución judicial que ha sido cerrado. No existe ninguna resolución que le autoricen a tramitar los débitos” sentenció García.

El alcalde de Uriondo, Álvaro Ruíz, indicó que si bien es cierto que revoca la acción de cumplimiento, en la argumentación establece un defecto subsanable para instar al cumplimiento de la Ley. “En la argumentación lo que dice es que debíamos haberla planteado al Ministro, no a la directora, por lo tanto, hay que subsanar ese error y cursarlo. En realidad lo que dice es que sí se pueden hacer los débitos pero deberíamos haber accionado contra la MAE y no contra una funcionaria. Entonces, modificando eso, podemos activar de nuevo el tema de la Ley”.

Ruíz también explicó que esto se refiere a los débitos de 2017, mientras que los acuerdos de 2018 están en curso, aunque no se han transferido recursos. “La amenaza de cortar convenios es una forma de chantaje, porque la norma está establecida y los convenios ratificados y por eso están haciendo el uso al cumplimiento de la Ley”.