Contraloría ultima auditoría ambiental al río Pilcomayo

La contaminación del río Pilcomayo es objeto de auditoría ambiental por parte de la Controlaría General del Estado (CGE). En la actualidad se ultima la información del primer resultado de ese proceso, que está relacionado con la afectación minera. Al margen de ello, hay tres trabajos más que se iniciarán en otras zonas de ese afluente.

En la actualidad el trabajo está centrado en la subcuenta del río San Juan del Oro y Tumusla. Estos tienen contaminación minera. Los resultados de ese primer trabajo serán presentados en enero del 2019.

El gerente de Auditoría Ambiental CGE, Roberto Pérez, sostuvo que se quiere establecer el grado de contaminación del río Pilcomayo en sus diferentes zonas. Hasta el momento se conoce que la afectación de ese afluente, que atraviesa tres departamentos, es por los desechos residuales domésticos y la minería.
En ese sentido, explicó que se realizarán cuatro auditorías ambientales sobre el río emblema de Tarija.

La primera que está a punto de concluir es sobre afectación causada por la minería; la segunda se desarrollará en la subcuenca zona alta, que se extiende hasta la ciudad de Sucre, ahí se verá principalmente las descargas de aguas residuales domiciliarias; la tercera será en la zona media, donde se analizará la afectación por la actividad de los hidrocarburos; para concluir se hará otra en la zona baja para analizar lo referente a los sedimentos.

De esa manera, Pérez manifestó que conforme se concluyan cada una de esas auditorias, se presentarán a la población.

Para el director de la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), Rubén Vaca, ya era hora que la Contraloría enfoque su trabajo en esta área, porque se hicieron auditorías de todo, pero menos de la parte ambiental y ecológica, que casi siempre es para la foto, pero luego no se reflejan en los presupuestos, pues se destina un mínimo de recursos.

El funcionario indicó que en la actualidad hay una disposición del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que señala que todos los municipios, por donde pasa el río Pilcomayo, deben hacer una clasificación de los cuerpos de agua. En ese trabajo, la OTN es la entidad que se presta para el apoyo a cada una de las instituciones ediles. El plazo para cumplir con ello es el año 2019.

“Se contamina mucho, eso no es ningún secreto. Me parece bien que la Contraloría empiece ese trabajo, que seguramente será una alerta para todas las autoridades y emprendimientos productivos -comentó Vaca- nosotros podemos ir a tomar la muestra de agua y someterla a prueba de laboratorio. Nuestra ambición y propósito a futuro inmediato es integrar por los menos algunos sistemas de monitoreo que están administrados por la dirección ejecutiva que está a cargos de los tres países”.

El 50% de la población vive cerca del Guadalquivir

La Contraloría General del Estado (CGE), mediante auditoría ambiental, determinó que el 50 por ciento de la población del departamento de Tarija vive en la cuenca del río Guadalquivir. Esa situación incide en una de las principales causas de la contaminación de ese afluente.

La mayor causa de contaminación de ese río es por las descargas de aguas residuales domiciliarias que recibe. Aspecto que a la fecha no tiene una solución integral por parte de las instituciones involucradas en el área.

El gerente de Auditoría Ambiental CGE, Roberto Pérez, manifestó que una de las cosas que no les tiene satisfechos, es que los tres niveles de Gobierno, nacional, departamental y municipal, no lograron una coordinación para dar solución sobre el saneamiento básico, para así acabar con la contaminación por aguas residuales. Y es que la planta de tratamiento de San Blas no es suficiente.

En ese sentido, el funcionario manifestó que las instituciones tienen 40 días más de plazo para lograr aquello. Sucede que una solución estructural no la puede realizar un solo nivel de Gobierno, por la cantidad de recursos económicos que se necesita invertir.

[gallery columns="2" size="full" ids="213664,213665"]