Alistan aprobación de un POA más social y con menos obras
El debate del Plan Operativo Anual quedó postergado hasta el último día, luego de que la sesión se suspendiera en cuarto intermedio para que la Comisión de Hacienda y los diferentes secretarios intenten incorporar las modificaciones sugeridas en los tres informes – los propios en mayoría...



El debate del Plan Operativo Anual quedó postergado hasta el último día, luego de que la sesión se suspendiera en cuarto intermedio para que la Comisión de Hacienda y los diferentes secretarios intenten incorporar las modificaciones sugeridas en los tres informes – los propios en mayoría y minoría y el de la Comisión de Constitución –, y así consolidar el documento para su remisión a La Paz.
En total son unas cuarenta observaciones entre informes de mayoría y minoría, algunas de carácter técnico y otras de apreciaciones políticas. El presupuesto de inversión por renta petrolera roza los mil millones de bolivianos entre los 774 millones de regalías, 56 millones de Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 110 del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Cabe señalar que ninguno de los informes remitidos al pleno contemplaba la petición de los alcaldes de elevar la asignación de recursos para la dotación de la Ley 206, más conocida como Ley del 8 por ciento. La Gobernación asignó 61 millones de bolivianos contemplando los 774 millones de bolivianos de regalías correspondientes al 55 por ciento del total que efectivamente llega a las cuentas de la entidad central; sin embargo, los alcaldes habían planteado una asignación de 112 millones de bolivianos, al calcular el ocho por ciento respecto al total de regalías del departamento, incluyendo el 45 por ciento que se asigna al Chaco y se le remite de forma directa desde La Paz a sus cuentas.
El asambleísta Mauricio Lea Plaza indicó que se ha observado el porcentaje de recursos destinados a los programas en detrimento al plan de inversión, que se habría recortado un 20 por ciento respecto a 2018. “El 17% de incremento está yendo a financiar programas y funcionamiento. En vez de tratar de atender las demandas que están ejecutándose y que están en el plan de inversiones, están atendiendo programas”.
Entre los programas, por ejemplo, se contemplan los servicios públicos que brinda el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) o el de mantenimiento de caminos del Servicios Departamental de Caminos (Sedeca), que ha subido de 17 a 41 millones para atender las necesidades de las comunidades.
El presupuesto viene limitado por las disposiciones del Ministerio de Planificación, que esencialmente impide licitar nuevos proyectos mientras se culminan aquellos licitados por el exgobernador interino Lino Condori. El presupuesto además es conservador en los ingresos, pues cifra el barril de petróleo en los 45 dólares a pesar de que ha cotizado todo el año en el entorno de los 65 y los expertos lo sitúan en esa órbita para los próximos meses. En año electoral como 2019, supondrá recursos adicionales para las administraciones.
En total son unas cuarenta observaciones entre informes de mayoría y minoría, algunas de carácter técnico y otras de apreciaciones políticas. El presupuesto de inversión por renta petrolera roza los mil millones de bolivianos entre los 774 millones de regalías, 56 millones de Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 110 del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Cabe señalar que ninguno de los informes remitidos al pleno contemplaba la petición de los alcaldes de elevar la asignación de recursos para la dotación de la Ley 206, más conocida como Ley del 8 por ciento. La Gobernación asignó 61 millones de bolivianos contemplando los 774 millones de bolivianos de regalías correspondientes al 55 por ciento del total que efectivamente llega a las cuentas de la entidad central; sin embargo, los alcaldes habían planteado una asignación de 112 millones de bolivianos, al calcular el ocho por ciento respecto al total de regalías del departamento, incluyendo el 45 por ciento que se asigna al Chaco y se le remite de forma directa desde La Paz a sus cuentas.
El asambleísta Mauricio Lea Plaza indicó que se ha observado el porcentaje de recursos destinados a los programas en detrimento al plan de inversión, que se habría recortado un 20 por ciento respecto a 2018. “El 17% de incremento está yendo a financiar programas y funcionamiento. En vez de tratar de atender las demandas que están ejecutándose y que están en el plan de inversiones, están atendiendo programas”.
Entre los programas, por ejemplo, se contemplan los servicios públicos que brinda el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) o el de mantenimiento de caminos del Servicios Departamental de Caminos (Sedeca), que ha subido de 17 a 41 millones para atender las necesidades de las comunidades.
El presupuesto viene limitado por las disposiciones del Ministerio de Planificación, que esencialmente impide licitar nuevos proyectos mientras se culminan aquellos licitados por el exgobernador interino Lino Condori. El presupuesto además es conservador en los ingresos, pues cifra el barril de petróleo en los 45 dólares a pesar de que ha cotizado todo el año en el entorno de los 65 y los expertos lo sitúan en esa órbita para los próximos meses. En año electoral como 2019, supondrá recursos adicionales para las administraciones.