La historia del Prosol: 10 años, 100 denuncias, 30 sentencias

Desde el inicio del Programa Solidario Comunal (Prosol), hace ya diez años, se presentaron más de 100 denuncias de presuntas irregularidades contra los dirigentes campesinos, de las cuales 30 fueron sentenciadas por el Órgano Judicial y la pérdida económica de los delitos comprobados sobrepasan los seis millones de bolivianos.

El programa nace hace una década atrás como una conquista por parte del sector campesino y consiste en la transferencia de recursos departamentales provenientes de la renta petrolera en beneficio de las comunidades campesinas e indígenaspara la ejecución de iniciativas productivas comunales. Su alcance, según se lo definió en su momento, fue conseguir la soberanía alimentaria, mejorando la producción y transformación de la producción agropecuaria.

Sin embargo, se planteó considerar la suspensión del programa por las numerosas demandas por delitos contra la fe pública, malversación de fondos y falsificación de documentos, entre otras anomalías. Los involucrados directos fueron los dirigentes indígenas y en una minoría, los campesinos.

Las 30 demandascon sentencia están dirigidas a la reparación del dañoy la mayoría de las irregularidades provienen de la Región Autónoma del Chaco y los municipiosde El Puente y San Lorenzo en la provincia Méndez.

El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, indicó que no se tiene una cifra exacta sobre el número de denuncias porque la dirección del Prosol recibe de manera constante carpetas para revisarlas y, en su momento, la emisión de nuevas denuncias.
El patrón común de los casos Prosol se generó a partir de descripciones engañosas sobre supuestas compras con los recursos desembolsados a las comunidades, pero en el proceso de la investigación se descubrió que la iniciativa productiva no se ejecutó como plantearon los dirigentes indígenas y campesinos. Se evidenciaron casos de estafas y se logró verificar actas de recepción por parte de las comunidades que daban fe de una cantidad determinada de bienes y materiales que nunca habían recibido, todas ellas falsas.

En el caso particular del exejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Santos Valdez, se amplió la tipificación porque se tomó en cuenta que desempeñaba una función de dirección dentro de la comunidad de León Cancha, se aprovechó de la influencia que le otorgaba el cargo para inscribir el vehículo de los comunarios a su propio nombre. “En este caso, son variados los tipos penales, pero la mayoría van contra la fe pública”, señaló García.

A su vez, se detectó un número de comunidades que hicieron figurar a familias beneficiarias que no cumplían con los requisitos necesarios para poder acceder a los recursos del Prosol o las denominadas comunidades fantasmas. La sentencia dictaminó que los daños producidos deberán ser reparados. A través de los bienes y cuentas que poseen los denunciados, la Gobernación recuperará el monto económico mencionado, en teoría.

Elsecretario general de la Fsucct, Miguel Gallardo, explicó que se debe tomar en cuenta que la mayoría de sentencias corresponden a comunidades indígenas que fueron denunciadas por beneficiar a comunidades fantasmas y hasta la fecha “ninguna comunidad campesina se encuentra con sentencia. Hay procesos pero no se concluyeron”.

Resarcimiento de los daños por engaños en el Prosol

Los imputados, según explicó el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, solicitaron al Ministerio Público y al Órgano Jurisdiccional acogerse a una pena que no supere los tres años de privación de libertad. Como los imputado no tienen antecedentes penales se acogieron a los beneficios que la Ley Procesal Penal establece para que no cumplan su sanción dentro del penal, pero no se los exime de asumir la responsabilidad civil y de resarcir los montos a favor del Estado.

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