Recuperación y crisis del MAS, claves del aniversario de Oliva

Han pasado tres años desde que el Gobernador Adrián Oliva fuera posesionado en un acto público que contó con presencia de ciertos movimientos sociales y donde ya se antecedía que no sería una gestión sencilla.

El poder territorial del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija alcanzó máximos en las elecciones de 2015 a través de las ánforas. Si bien el candidato a la Gobernación Pablo Canedo obtuvo apenas un 35 por ciento con el que se coló por los pelos en la segunda vuelta, precisamente gracias al apoyo rural, y en la votación decisiva apenas sumó cuatro puntos más, la presencia en la Asamblea Legislativa y la toma del poder en alcaldías y subgobernaciones fue mayoritaria.

El MAS sumó 16 asambleístas de 30, la mayoría absoluta, además de nueve de once subgobernaciones si se toma en cuenta la sintonía con Robert Ruíz, que venció en Villa Montes, y ganó directamente las alcaldías de Uriondo, Yunchará, El Puente, Villa Montes, Entre Ríos, a través de aliados la de Caraparí y Padcaya (cosas de familias masistas) y no tardó en lograr las sumisiones de Yacuiba y San Lorenzo.

Al contexto institucional se suma el contexto social. Los precios del hidrocarburo habían caído de 100 dólares a 30 en lo que va de diciembre 2014 a enero 2016 y si bien nadie quería tomarlo en cuenta en campaña, ha venido a marcar la agenda futura. La crisis, a veces muy manida, impactó especialmente en Tarija y en sus proyectos dispendiosos que se habían aprobado durante el “superciclo” de precios que se dio de 2011 a 2014.

Los problemas
El presidente Evo Morales escenificó un escenario de cooperación institucional entre junio y febrero de 2016, momento en el que se sometía al referéndum pidiendo que se le permitiera una oportunidad para volver a ser candidato en 2019. La Gobernación, que ya había testado los problemas serios de liquidez, mantuvo una posición de silencio institucional hasta apenas unos días antes de que los ciudadanos se manifestaran en las ánforas. El 21 de Febrero supuso, entre otras cosas, un enfriamiento en las relaciones entre ambas instancias.

Después del 21 de febrero, el Gobierno y Gobernación iniciaron una deriva de escasa colaboración. La estrategia, denunciaron desde la Gobernación, se centró en la asfixia económica. A la propia coyuntura de recursos, con el barril superando apenas los 40 dólares, se sumó la estrategia del débito automático para que el Gobierno se cobrara sus deudas sin pedir permiso. Los Gobiernos Municipales unificaron criterios y materializaron el pedido en la Ley del 8 por ciento, que no sirvió para resolver los problemas urgentes pero sí dio un perfil político alto a sus promotores.

La Gobernación redactó un plan de rescate que, pese a los intentos de diálogo y la constitución de mesas, no llegó a buen puerto a pesar de que el propio Ministro Luis Arce Catacora reconoció la grave situación de Tarija, de la que dijo estaba rumbo a la recesión si no se inyectaba dinero público. No se inyectó.

El bloqueo económico y el asedio a las cuentas de la Gobernación duró aproximadamente hasta mitad de 2017, momento en el que Arce Catacora deja el Gobierno aquejado de un problema de salud. El Gobierno de entonces empezó a promover vías de financiación para todas las instituciones subnacionales que atravesaban problemas similares a los de Tarija, manifestados más tarde al tratarse de un volumen menor. Los fideicomisos primero y la aprobación del crédito privado después abrieron una vía de esperanza en la gestión de Adrián Oliva, que si bien no ha desarrollado muchos proyectos nuevos, se ha concentrado en destrabar los “importantes”, culminar los más avanzados y empeñarse en aspectos más de gestión, como la apertura de nuevos mercados para productos tarijeños.

El periodo de colaboración más o menos fluida, aún con sus retrasos, pasó un momento de trance durante las efemérides de este 2018, en el que el MAS diseñó una muy intensa agenda para el presidente Evo Morales, que llevaba meses alejado de Tarija, sin darle espacio al gobernador Adrián Oliva, lo que se entendió como un gesto hostil no muy necesario en el momento político.

A la fecha la Gobernación ha alcanzado nuevos acuerdos con los Gobiernos Municipales y los Subgobernadores, mientras el grueso de las decisiones políticas, como la Ley del 45 por ciento, han recaído sobre la Asamblea, motivo por el que se vive un momento relativamente tranquilo.

Prosol, UDA y Municipios, los quebraderos de cabeza

Al margen de la relación con el Gobierno Nacional, tres problemas han marcado las preocupaciones de la gestión del gobernador Adrián Oliva. El primero ha sido la gestión del Programa Solidario Comunal (Prosol), cuya erradicación suponía un anhelo encubierto de muchos de sus votantes pero que en la práctica resulta un imposible. Actualmente, con monto reducido, espera el consenso. El segundo ha sido la disolución de la bancada UDA y las posiciones críticas de algunos de los exaliados con la gestión, que apostaban por vías más confrontacionales con el Gobierno y no se han materializado. La tercera ha sido la batalla con los municipios por sus proyectos concurrentes, cuya financiación parece haber encontrado solución en el mediano plazo.