Gobernación y alcaldes logran un acuerdo por Ley del 8 por ciento

Después de más de 20 meses de conflictos y provocaciones, la Gobernación y las ocho alcaldías tarijeñas no chaqueñas han logrado alcanzar un acuerdo que garantice un flujo económico adecuado para culminar los proyectos concurrentes iniciados durante la gestión de Lino Condori y ajustar las prioridades a los nuevos lineamientos de gestión en tiempos de austeridad.

El acuerdo básicamente contempla un calendario para desembolsar recursos de acuerdo al presupuesto vigente para cerrar proyectos y también “abrir el paraguas de los nuevos proyectos” como señaló el Gobernador Adrián Oliva. En el acuerdo también se contemplan los desembolsos de los proyectos incluidos en el crédito privado del Banco Bisa y también de un nuevo fideicomiso para el que la presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gladys Alarcón, comprometió gestión.

Tanto Alarcón como Oliva pusieron el acento en la necesidad de “coordinación” para superar los problemas. El compromiso concreto por parte de Alarcón es suspender los débitos automáticos mientras se cumplan los acuerdos. Se prevé que el 30 de junio se firmen nuevos convenios concurrentes.

Una Ley polémica
Desde que inició la caída de los precios de los hidrocarburos, coincidentes con la salida de la Gobernación de Lino Condori, los Gobiernos Municipales han ido acumulando problemas en forma de planillas pendientes de pago y compromisos adquiridos de difícil ejecución por la ausencia de liquidez en la Gobernación, que a su vez acumulaba otra inmensa cartera de proyectos comprometidos para los que no existían recursos. La cartera de los ocho municipios no chaqueños superaba los 500 millones de bolivianos.

En ese escenario, pronto se convirtió en uno de los puntos que el nuevo MAS opositor anotó para articular su rol. En la estrategia participó Álvaro Ruíz, alcalde de Uriondo y presidente de la Asociación de Municipios de Tarija hasta que este año ha asumido la presidencia nacional de la Federación. Ruíz ya tenía aspiraciones políticas, por lo que diseñó una campaña para exigir el 1 por ciento de las regalías para cada municipio, que en realidad sumaba 8 por ciento.

La aspiración tenía ancla en el Estatuto, pues se hace referencia a la transferencia de recursos a los Gobiernos Municipales, por lo que hubiera correspondido trabajar una Ley Orgánica al respecto, sin embargo no se hizo. Después de la tumultuosa gestión de William Guerrero al frente de la Asamblea, periodo en el que se llegó a aprobar en grande para dejarla después en suspenso. La presidenta sucesora de Guerrero, Sara Armella, con voluntad mayor de diálogo, logró aprobarlo y tras dirimir la constitucionalidad en los tribunales, ponerla en vigor.

Las necesidades de algunos alcaldes llevaron a explotar la poco amigable figura de los débitos automáticos para el presupuesto no cobrado de 2017, lo que ha llevado de nuevo a interponer recursos al tratarse de una Ley aprobada con posterioridad y por lo tanto, la Gobernación aprecia irregularidades.

Después de semanas de diálogo y ya con Gladys Alarcón como presidenta de la AMT, a quien Oliva reconoció su capacidad de “liderazgo que ha logrado articular los criterios distintos de los alcaldes y que se puedan expresar en un documento”, se ha logrado un acuerdo que, al menos, anticipa cierta calma.

Débitos de 2017 serán revisados

Durante el mes de enero de 2018 y con la Ley del 8% respaldada por el Tribunal Constitucional, los municipios de Yunchará y San Lorenzo tramitaron sus primeros débitos automáticos ante el Ministerio de Economía, un total de 18 millones de bolivianos que restaron a la planificación de la Gobernación de Tarija para los siguientes meses. Tras la impugnación otros municipios amenazaron con aplicarlos, pero no se concretaron.

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