Las instituciones desconocen los desmontes en San Telmo

Frente a las denuncias que presentaron los campesinos de San Telmo por el impacto ambiental provocado por la empresa china Sinopec en el trabajo de sísmica para descubrir nuevos reservorios de hidrocarburos, las instituciones municipales, departamentales y nacionales dicen desconocer la problemática.

El presidente del Comité Cívico de Bermejo, Julio Mejía, señaló que la institución desconoce las denuncias de los comunarios y a pesar de haberse presentado junto con la empresa a realizar una inspección, el sector campesino no advirtió ninguna irregularidad.

Por otro lado, el gobernador Adrián Oliva pidió que el Gobierno nacional hable de frente a la población y señaló que exigirá toda la información sobre el tema. “¿Qué está haciendo el Gobierno en el departamento?”, cuestionó.

La autoridad explicó que el Gobierno no dio a conocer el alcance del proyecto de sísmica que se realizó en San Telmo y que “dicen una cosa pero hacen otra”.

Entre tanto, el Ministerio de Hidrocarburos, a través de la Unidad de Comunicación, delegó la responsabilidad de responder a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a Sinopec.

Las denuncias fueron emitidas por campesinos de la comunidad de San Telmo contra la empresa Sinopec por realizar desmontes y provocar deslizamientos en el trabajo de sísmica que concluyó a mediados de febrero de esta gestión.

Además, señalaron que los funcionarios de YPFB, encargados de fiscalizar a la empresa adjudicada, amenazaron a los comunarios cuando se opusieron a la exploración con iniciar medidas legales contra ellos.

Un campesino de la comunidad de San Telmo, ubicada en la provincia Arce, quien pidió confidencialidad de sus datos personales, explicó que la empresa china Sinopec comenzó el trabajo de sísmica en febrero de la gestión 2017 y terminó sus trabajos a principios del 2018.

El desmonte señalado fue producto de la construcción de un helipuerto en la zona y según denunció el comunario, cuando el sector reclamó a las autoridades del lugar fueron amenazados y no dieron cumplimiento a sus pedidos.

“Cuando la comunidad manifestó que no querían que entre Sinopec, YPFB sirvió como amenaza. Yo recuerdo en la reunión nos dijo que si queríamos oponernos que hagamos una nota y que el Estado iba a ver las vías legales como diciendo que nos iban a obligar o que a la fuerza iban a entrar”, dijo el entrevistado.

Pero a pesar de las quejas de los campesinos los trabajos continuaron. “Hemos visto una relación muy confidencial entre la empresa estatal YPFB y la empresa adjudicada Sinopec. No había ninguna fiscalización, ellos andaban juntos. YPFB jamás se ha manifestado en querer decirnos que iba a haber un impacto”, explicó.

Otra irregularidad que percibieron los comunarios, fue cuando Sinopec culminó su trabajo. Ellos pudieron observar que en su campamento guardaban plantines para la reforestación precisa, pero se los regalaron a las autoridades y a algunos campesinos.

“En cuanto a la socialización no hubo, solo hubo una información en donde decían que el impacto iba a ser un porcentaje mínimo, que no existiría ningún impacto”, dijo la fuente.

Informe del plan ambiental de Sinopec

La Asamblea Legislativa Departamental, a través de la Comisión de Hidrocarburos y Energía, convocó a fines del pasado año a una reunión a la empresa china Sinopec con la finalidad de conocer un informe sobre el plan medioambiental que se aplica en la exploración de hidrocarburos en el área de San Telmo, ante las observaciones del asambleísta de Unidad Nacional (UN) y miembro de la Comisión de Hidrocarburos en la ALDT, Cesar Mentasti. El informe no llegó hasta la fecha.

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