Ardaya recuerda que el Pacto Fiscal resolvería líos de regalías

El conflicto por las regalías Incahuasi que enfrenta a Chuquisaca y Santa Cruz y las exigencias por el 45 por ciento de los municipios productores en Tarija ya han estallado. Se advierten más, como el definitivo por Margarita o lo que derive de la exploración en Huacareta, cuyo reservorio inicia en Entre Ríos y se prevé se extienda hasta Chuquisaca. Para el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, es una consecuencia de haber mantenido un sistema rentista para las Gobernaciones.
“La solución pasa por el Pacto Fiscal, si hubiéramos resuelto no habría problemas en este aspecto. Las gobernaciones del país dependen en un 100 por ciento de la Renta Petrolera y ahí se entienden las preocupaciones territoriales”, indicó Ardaya.
El Pacto Fiscal está paralizado desde finales de 2017, momento en el que las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija manifestaron sus dudas al respecto de la resolución al no alcanzar consensos sobre la redistribución de recursos, un asunto que el Gobierno nacional no quiere ni hablar. “No nos convocan desde hace meses desde que La Paz y Santa Cruz hemos anunciado que no vamos a validar ningún acuerdo si no se toca el tema”, lamentó Ardaya.

Relevo inquietante
El nuevo viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, ha tomado posesión en un momento convulso en medio de la polémica entre Chuquisaca y Santa Cruz por las regalías del megacampo Incahuasi. Vargas vino a sustituir a Hugo Siles, quien fue perdiendo peso en la cartera hasta convertirla en un apéndice del Ministerio de la Presidencia. Siles, por su origen cruceño, fue cuestionado desde Chuquisaca en su intento de mediar en el asunto, pero a su espalda queda también el legado de un Pacto Fiscal inacabado que hubiera podido arreglar el asunto. Las Gobernaciones discrepantes piden que se modifique el reparto de recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, que esencialmente son los más voluminosos de los que maneja el país y que actualmente quedan en un 70 por ciento para el Gobierno Central, un 25 por ciento para los Municipios y un 5 por ciento para las Universidades.
Según el argumento de las gobernaciones discrepantes, Bolivia se ha convertido en un país autonómico y se han traspasado competencias, sin embargo estas no han venido acompañadas con la financiación correspondiente. “Las gobernaciones se sustentan con los recursos de regalías y eso no es sostenible”, señaló Ardaya.
Vargas, que asumió el 1 de mayo, ha estado concentrado en el asunto de Incahuasi y no ha explicado sus posiciones ni su hoja de ruta en este asunto. Siles, sin embargo, aseguró en enero que luego de remitir el documento final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal a los miembros del Consejo Nacional de Autonomías para su consideración “corresponde convocar a una sesión del CNA, que seguramente se hará en la segunda tercera semana de enero, para tratar el documento final y aprobarlo”.
“El documento final no rechaza ninguna propuesta, sino más bien establece un diagnóstico del estado de las finanzas públicas y, en ese contexto, identifica la inviabilidad técnica de las propuestas de Santa Cruz, Tarija y La Paz relativas a la redistribución de los recursos de la coparticipación tributaria (...). El modificar el porcentaje traería consigo el inmediato despido de maestros, policías militares, pensionistas y médicos, significaría una crisis social” aseveró Siles.
Hasta la fecha no hay un acuerdo ni consenso.

Ministerios dificultan aplicación de crédito

El secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya, lamentó también que hasta la fecha no se haya facilitado el registro de la operación de crédito público que la Gobernación tramitó ante el Banco Bisa y con el cual se viabilizaría el objeto. “El 24 de abril hicimos la solicitud de registro del crédito del Banco Bisa. Es un trámite que tarda cinco minutos, y el Ministerio de Planificación y el de Finanzas no han podido todavía hacerlo para viabilizar las obras paralizadas”.