La “inclusión social” del gobierno: más consumo a costa del ambiente

“La visión de inclusión social como disminución de la pobreza sin reducción significativa de la desigualdad” y limitada simplemente a “la ampliación de la capacidad de consumo a un costo ambiental insostenible”, ha alejado al gobierno del paradigma del Vivir Bien.

Es el balance de Fernanda Wanderley, subdirectora de Investigación del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, tras más de una década de acciones y resultados del proceso de cambio.

La pregunta que guio su investigación fue “¿Bolivia ha encauzado su trayectoria hacia el paradigma del Vivir Bien o ha profundizado el patrón de crecimiento extractivista bajo un nuevo capitalismo de Estado?”.

Con base en los análisis acerca de las políticas efectivamente implementadas y los resultados alcanzados en diez años, Wanderley constata que pese a los “innovadores principios constitucionales y el conjunto de leyes aprobadas en concordancia con el paradigma de un desarrollo alternativo, dichas políticas propugnaron por la profundización del patrón extractivista”.

Es que en realidad, la mayoría de las normativas referidas a los valores del Vivir Bien, al fortalecimiento de la economía social y comunitaria, a la promoción de la diversificación productiva y al respeto por el medio ambiente, no fueron reglamentadas ni se tradujeron en “políticas públicas coherentes e integrales”, por lo que, hasta el momento, el debate sobre otro desarrollo permanece marginal en la gestión de la política económica.

La inversión pública prioriza extractivismo
“En un contexto excepcional de bonanza, el gobierno del MAS destinó la mayor parte de los recursos públicos a los rubros de hidrocarburos, minería y agronegocios, en desmedro de otros sectores económicos”, como la agricultura familiar campesina, el turismo y la industria, advierte la investigadora.

Si bien el gasto y la inversión pública absoluta en cualquier sector se ha elevado junto con el incremento de los ingresos públicos en general, en términos relativos, la inversión pública se orientó a “grandes proyectos” en los sectores principalmente hidrocarburífero y mineral.
Wanderley observa que, de ese modo, se reeditó el círculo vicioso: “los ingresos estatales dependen en gran medida de los excedentes generados por las actividades extractivas y éstas se mantienen como destinatarias priorizadas del gasto e inversión públicos”.

Asimismo, esta orientación de las políticas económicas “desencadenó o agudizó” dinámicas económicas, laborales y sociales consideradas de difícil reversión.

“Tomando en cuenta que los principales yacimientos se encuentran en territorios comunitarios e indígenas, esta base de sustento del financiamiento público posee graves implicaciones sociales, políticas y económicas en las posibilidades de fortalecimiento de las otras economías (comunitarias indígenas) y en el respeto por la naturaleza, por lo tanto, son incompatibles con el paradigma del Vivir Bien”.

De igual manera, considerando que el sector hidrocarburífero y minero no se encadenan significativamente con el resto de la economía, orientar la inversión a estos sectores no sólo no refuerza procesos de diversificación productiva, sino que además “posee efectos negativos sobre los otros sectores económicos, en particular, en los generadores de empleo”.

Wanderley cita como ejemplo de esto a la producción nacional de alimentos, en la agricultura familiar de base campesina e indígena: Al no sobresalir en las políticas económicas, “la producción nacional campesina no creció para responder al incremento de la demanda interna de productos de la canasta básica”.

Tampoco hubo incremento significativo de la productividad de la producción agrícola para el consumo interno, con excepción de algunos rubros (quinua, cacao y café) para exportación, observa la experta.

Y si anteriormente se tenía la capacidad de autoabastecimiento, como frutas y legumbres, en la actualidad su importación se ha elevado de manera considerable. “Para tener una idea más clara, hoy se importa el triple de los alimentos respecto de hace diez años”.

En síntesis, Bolivia siguió confiando en el patrón de acumulación fundado en actividades extractivas de recursos naturales no renovables, escasamente articuladas con aquellas que crean empleo, y dependientes de variables externas, vulnerable a tendencias cíclicas como el precio internacional de materias primas.

En palabras de Wanderley, se observó “la consolidación de alianzas políticas y económicas entre el gobierno del mas y parte del empresariado tradicional (especialmente de los ámbitos financiero y agroindustrial) y de actores de la economía privada popular, en los sectores de servicios, transporte, comercio y minería, altamente dependientes de la bonanza económica”.

Uno de los resultados de todo esto es la continuidad de la precariedad y marginalidad del empleo, donde la mayoría de la población ocupada continúa generando sus propias fuentes de trabajo “al margen de la seguridad social”.

¿La culpa es de la “derecha”?
La experta considera que la “pérdida creciente” de legitimidad de los gobiernos progresistas en la región no puede interpretarse como el resultado del “asalto de la derecha”. “Hoy vivimos una crisis de representación desde la izquierda”, afirma.

Para Wanderley, una de las lecciones fundamentales se refiere a “la incapacidad de la izquierda de comprender la gran novedad a inicios del siglo XXI: la insostenibilidad ambiental de un modelo de crecimiento ilimitado. Esta nueva realidad invalida el supuesto de la infinitud de los recursos naturales, el cual defiende modelos de pensamiento y de políticas de desarrollo que comparten derecha e izquierda”.

Asimismo, agrega que los gobiernos progresistas de América Latina en general no abandonaron el “modus operandi” de gestión pública vertical, de arriba hacia abajo, y no se preocuparon por el fortalecimiento de espacios locales de deliberación democrática. Tampoco transformaron el “modus pensanti”, de negación de la importancia de la diversificación productiva ambientalmente sostenible.

En este sentido, “la apropiación política de visiones creativas, como el Vivir Bien, cumplió un papel de legitimación política para líderes y tomadores de decisiones que no creían en ellas y por ende siguieron haciendo más de lo mismo: profundizar un patrón extractivista, comandado ahora por el Estado y, correlativamente, con la justificación del uso de las rentas para el combate a la pobreza”.

Estrechamente relacionado a lo anterior es que la visión de inclusión social de los gobiernos progresistas, particularmente del de Bolivia, se limita a la disminución de la pobreza sin reducción significativa de la desigualdad.

“Ello condujo a políticas sociales dependientes del patrón extractivista, pautadas por la lógica de la acumulación irrestricta del capital en el mundo y la explotación ilimitada de los recursos naturales.

Tal visión pretende justificar la profundización del extractivismo con el propósito de generar recursos suficientes para una relativa y coyuntural aminoración de la pobreza, sin alterar la vorágine de un capitalismo no regulado”.

Primero extractivismo, y después…
La investigadora observa necesario replantear qué se entiende por justicia social desde el paradigma del cuidado de los seres humanos y de la naturaleza con viabilidad económica.
“El desafío es pensar las transformaciones viables de construcción de justicia social (extinción de la pobreza, disminución de las desigualdades y nuevos patrones de consumo y estilos de vida) con equilibrio ambiental (reposición de los ciclos naturales y su preservación)”, afirma.

Para la experta, ambas dimensiones deben darse en igualdad de relevancia y, por tanto, no pueden seguir la “lógica secuencial” argumentada por el gobierno, según la cual primero se explotan al máximo los recursos naturales para reducir la pobreza y después se intenta superar el extractivismo mediante la diversificación productiva.

“La lógica debe ser revertida a través de la articulación de políticas económicas de promoción de la diversificación productiva y de políticas sociales sostenibles. Tal proceso conduce a la discusión sostenida y abierta de la reforma fiscal progresiva y la asignación presupuestaria en un marco de deliberación con amplia participación ciudadana”, agrega.

Relacionado con este último punto está el tema de la llamada gobernanza política, o sea la relación entre el Estado y la sociedad en la gestión del poder.

De acuerdo con el análisis de la investigadora, los gobiernos progresistas de la región “mantuvieron lógicas rentistas, extendieron prácticas clientelares y prebendales entre dirigencias sociales y políticas con manejos poco transparentes de los recursos públicos e institucionalizaron el uso discrecional de los fondos y la corrupción. Todo en nombre de la disminución de la pobreza en un contexto de bonanza económica excepcional”.

Refiriéndose al caso boliviano en particular, Wanderley encuentra que estas acciones han “menoscabado la independencia organizativa de la sociedad civil” a través de varios mecanismos de cooptación: reparto de cuotas de poder, oferta de empleos en el sector público, distribución de recursos y oportunidades de negocios a la sombra del Estado, al margen de la institucionalidad democrática y de procedimientos de rendición de cuentas.

“Este modelo de gestión pública consolidó grupos de poder orientados a la defensa de intereses corporativos, en contra del bien común, a la vez que fomentó un modus operandi autoritario y violento en el seno de la sociedad civil. Es evidente además que en ese periodo se redujeron los espacios de discusión y deliberación de las políticas económicas que cimentaron el modelo económico implementado a escalas local y nacional; situación que ocurrió gracias a la reversión de la descentralización política y administrativa”, sentencia.

Otro desarrollo
La experta tiene una propuesta de desarrollo económico alternativo que se centra en “el fortalecimiento de tejidos socioeconómicos con base en las potencialidades de los territorios y en el énfasis en las conectividades entre actores económicos, organizaciones e instituciones, ubicadas en las localidades y más allá de éstas”.

Por ello, afirma, el desafío reside “en la promoción o expansión de la asociatividad y la cooperación horizontal y vertical entre unidades o emprendimientos económicos, en toda su pluralidad organizativa y jurídica, existentes o latentes en una localidad, así como en la innovación tecnológica y organizacional en armonía con la naturaleza”.

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