La transparencia, exploración y certificación pesan a YPFB
A más de 12 años de aprobada la vigente Ley de Hidrocarburos N° 3058 (de 2005), distintas instituciones, investigadores y ciudadanos que monitorean el sector observan que no se han desarrollado políticas de transparencia en el sector, y tampoco se ha asegurado el acceso a la información a...
PROCESION DE SAN ROQUE TARIJA
A más de 12 años de aprobada la vigente Ley de Hidrocarburos N° 3058 (de 2005), distintas instituciones, investigadores y ciudadanos que monitorean el sector observan que no se han desarrollado políticas de transparencia en el sector, y tampoco se ha asegurado el acceso a la información a personas individuales o colectivas interesadas en el tema.
Entre ellos, el Cedla, Jubileo, el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP), el International Budget Partnership (IBP), solo por mencionar algunos.
Particularmente en los últimos años, la transparencia y acceso a información ha estado siendo reducida a rendiciones públicas de cuentas que solamente muestran una parte de la información; además, ésta se encuentra agregada y en formatos cerrados, situación que contrasta con políticas de datos abiertos, que vienen siendo implementadas por varios gobiernos y empresas en el mundo.
La transparencia y acceso a información son aspectos clave para que “el pueblo boliviano”, como dueño de los hidrocarburos, pueda tener el control de la gestión de este recurso.
Retrocesos en información
El retroceso en este tema se observa principalmente desde el año 2006. Un ejemplo de ello fue la publicación de los Contratos de Operación suscritos en octubre del año 2006 por YPFB y las empresas petroleras que operan en Bolivia. Al parecer, debido a la polémica relacionada con los Anexos D y F de estos documentos y su envío al entonces Congreso, las autoridades eliminaron estos archivos de las páginas web del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB.
Asimismo, desde el año 2011, al amparo de la nueva Constitución Política del Estado, la estatal petrolera ha suscrito 12 Contratos de Servicio para Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, documentos que tampoco son públicos y de fácil acceso.
En agosto de 2007, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos, que en su artículo 6 establece que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos publicará semestralmente y con carácter oficial, en su página web institucional y por escrito mediante comunicaciones oficiales, toda la información referida a los Costos Recuperables y al cálculo realizado para la determinación de la participación de YPFB y de las empresas petroleras en los beneficios de la actividad de hidrocarburos”.
La información citada en este artículo 6 ha sido publicada apenas parcialmente por YPFB desde el año 2007 en adelante. Pero esta incumple, en primer lugar, el criterio de desagregación, puesto que los reportes se han realizado por empresa operadora. Esto impide conocer el comportamiento particular de cada campo, como lo establece la propia Ley 3740.
Asimismo, desde 2009 y hasta junio 2015, YPFB publicaba trimestralmente información relativa a la producción, comercialización y pago de regalías e IDH. Si bien dicha información también era presentada de forma agregada, permitía un seguimiento mínimo a las principales variables de las actividades de exploración y explotación.
Sin embargo, coincidentemente con la caída de los precios de exportación de gas natural y su consecuente impacto en menores ingresos fiscales, la información fue también retirada de la página web de YPFB y el boletín estadístico dejó de ser publicado hasta la fecha.
La única información de datos abiertos que aún quedaba disponible era la que publicaba YPFB Transportes sobre los volúmenes diarios transportados de gas natural por mercado de destino.
Pero ésta también fue retirada de la página web de esta subsidiaria el 11 de mayo de 2017, coincidentemente con los impases que tuvo la estatal petrolera con el Embajador de Argentina en Bolivia, debido a los aparentes menores envíos de gas natural al vecino país.
La falta de transparencia y acceso a información también se extiende a la problemática ambiental, puesto que los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental no son accesibles para la población ni para autoridades subnacionales, por lo que existe desconocimiento por parte de los gobiernos locales sobre las políticas de mitigación que se pretenden realizar en las áreas en actual explotación, así como sobre la magnitud de los impactos esperados en el desarrollo de cada proyecto.
El último ejemplo de esto es el caso de los contratos entregados a Petrobras para explorar en las áreas de San Telmo y Astilleros, ambas en el entorno de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía. Precisamente, autoridades departamentales han solicitado información al respecto, ante la importancia de la reserva y los insuficientes datos sobre impactos y otros detalles no revelados.
La Fundación Jubileo, al referirse a este tema, resaltó la urgencia de que “las autoridades nacionales tomen conciencia que la transparencia y acceso a información es una política importante para el buen desarrollo del sector hidrocarburos. La ausencia de información sobre la gestión genera desconfianza por parte de los diferentes actores involucrados: empresas, comunidades locales, pueblos indígenas y población en general, que terminan debilitando un proceso fundamental como es la participación estatal en la explotación de hidrocarburos”.
Exploración, sin resultados
La exploración es el punto de partida para las demás actividades (explotación, procesamiento, transporte, exportación, industrialización, etc.) y permite la propia sostenibilidad del sector.
Idealmente, uno de los principales resultados de la exploración debiera ser el incremento de las reservas hidrocarburíferas, o al menos la reposición de lo extraído. Este dato es fundamental para la planificación energética, la gestión de nuevos mercados, proyección de ingresos fiscales, y otras iniciativas del sector.
Desde el año 2007, se ha estado entregando a YPFB nuevas áreas de explotación. Actualmente, YPFB cuenta con 100 áreas reservadas para exploración y explotación de hidrocarburos distribuidas en todo el territorio boliviano, lo que muestra la apuesta del Gobierno por expandir la actividad hidrocarburífera a todas las regiones.
Sin embargo, la Fundación Jubileo considera que la entrega de áreas a YPFB mediante diferentes decretos supremos “sin que se hayan tenido resultados, ya sean exitoso o no, en alguna de éstas” no justifica “la ampliación de zonas para exploración”.
En síntesis, a más de 10 años desde la promulgación del primer decreto supremo que reservó áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a favor de YPFB y, ninguna de esas áreas ha presentado resultados positivos, por lo que ninguna de éstas se ha traducido aún en un nuevo campo en producción.
Certificaciones esporádicas y poco alentadoras
La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos (agosto de 2007), en su artículo 7, establece que YPFB debe publicar hasta el 31 de marzo de cada año el nivel de reservas certificadas existentes en el país al 1ro de enero de ese año.
Para ello debe realizar una licitación pública internacional, contratar empresas especializadas en la certificación de reservas de hidrocarburos, y así certificar el nivel efectivo de reservas.
Sin embargo, la estatal petrolera ha estado incumpliendo esto durante varios años. La última certificación oficial fue realizada por la empresa canadiense GLJ, cuyos resultados fueron presentados en julio de 2014, con datos al 31 de diciembre de 2013. Dicha certificación daba como reservas probadas a cerca de 10,45 trillones de pies cúbicos de gas (TCF).
Antes de la certificación de 2014 tampoco se cumplía la ley. Hay que remontarse hasta el año 2009 para conocer la última certificación antes de la de 2014. En aquella, se tenían como reservas probadas certificadas a 9,9 TCFs.
Al respecto, la Fundación Jubileo considera esta situación como “preocupante” al comparar los datos de 2014 con los de 2009 “e incluso con años anteriores, ya que los resultados son el reflejo de la falta de actividad exploratoria en la última década y la ausencia de nuevos descubrimientos de reservas”.
A lo largo del año 2017 abundaron anuncios y contra-anuncios protagonizados por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Luis Alberto Sánchez, sobre que se estaba licitando la certificación, sobre que había varias firmas interesadas, sobre que ya se estaba contratando, y finalmente no hubo tal.
Recién en enero de 2018 se anunció la contratación para certificar las reservas, cuyos resultados deberían conocerse hasta mitad de año (mayo para ser más exactos) y que al menos debería garantizar 10,45 como mínimo.
La situación es sensible, ya que Bolivia está a poco más de un año de concluir su principal contrato de exportación de gas natural (Brasil) y frente al desafío de negociar uno nuevo, que parece no será en términos tan favorables.
Áreas protegidas y fractura hidráulica
Con la expansión de la exploración de zonas tradicionales a zonas no tradicionales surge el problema de la sobreposición de algunas de estas nuevas áreas con parques naturales, áreas protegidas, territorios indígenas: de las 100 áreas reservadas a favor de YPFB, alrededor de 14 están sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas, y una a un patrimonio cultural de la humanidad (Tiahuanaco).
Esta situación ha motivado que en mayo de 2015, el Poder Ejecutivo emita el Decreto Supremo 2366 que autoriza actividades de exploración en áreas protegidas. Un mes después los ministros de Hidrocarburos y de Medio Ambiente y Agua anunciaron la elaboración de una guía técnica conjunta que establecería el tipo de tecnología que debería emplearse para minimizar el impacto ambiental dado que se trata de zonas de alta sensibilidad. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la guía.
En recientes días, el gobierno firmó con Petrobras la exploración en las áreas de San Telmo y Astillero, que se encuentran ubicadas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Y aunque sólo se prevé afectar a menos del 1% de ese territorio, la puerta ya está abierta para seguir y aumentar las actividades en el lugar.
No sólo eso. El jueves pasado Evo Morales, en un viraje de 180 grados, firmó un convenio con la empresa canadiense Cancambria Energy Corp para iniciar la exploración no convencional de gas a través de la polémica técnica del “fracking” o fractura hidráulica, que ha despertado susceptibilidades entre los ecologistas de Bolivia y el mundo entero.
Así, ante la falta de diversificación de la economía boliviana y para seguir viviendo del gas, al parecer hará falta quebrar rocas subterráneas e inyectar a la “pachamama” un coctel de químicos con peligrosos y aún poco conocidos efectos sobre los acuíferos.
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Entre ellos, el Cedla, Jubileo, el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP), el International Budget Partnership (IBP), solo por mencionar algunos.
Particularmente en los últimos años, la transparencia y acceso a información ha estado siendo reducida a rendiciones públicas de cuentas que solamente muestran una parte de la información; además, ésta se encuentra agregada y en formatos cerrados, situación que contrasta con políticas de datos abiertos, que vienen siendo implementadas por varios gobiernos y empresas en el mundo.
La transparencia y acceso a información son aspectos clave para que “el pueblo boliviano”, como dueño de los hidrocarburos, pueda tener el control de la gestión de este recurso.
Retrocesos en información
El retroceso en este tema se observa principalmente desde el año 2006. Un ejemplo de ello fue la publicación de los Contratos de Operación suscritos en octubre del año 2006 por YPFB y las empresas petroleras que operan en Bolivia. Al parecer, debido a la polémica relacionada con los Anexos D y F de estos documentos y su envío al entonces Congreso, las autoridades eliminaron estos archivos de las páginas web del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB.
Asimismo, desde el año 2011, al amparo de la nueva Constitución Política del Estado, la estatal petrolera ha suscrito 12 Contratos de Servicio para Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, documentos que tampoco son públicos y de fácil acceso.
En agosto de 2007, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos, que en su artículo 6 establece que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos publicará semestralmente y con carácter oficial, en su página web institucional y por escrito mediante comunicaciones oficiales, toda la información referida a los Costos Recuperables y al cálculo realizado para la determinación de la participación de YPFB y de las empresas petroleras en los beneficios de la actividad de hidrocarburos”.
La información citada en este artículo 6 ha sido publicada apenas parcialmente por YPFB desde el año 2007 en adelante. Pero esta incumple, en primer lugar, el criterio de desagregación, puesto que los reportes se han realizado por empresa operadora. Esto impide conocer el comportamiento particular de cada campo, como lo establece la propia Ley 3740.
Asimismo, desde 2009 y hasta junio 2015, YPFB publicaba trimestralmente información relativa a la producción, comercialización y pago de regalías e IDH. Si bien dicha información también era presentada de forma agregada, permitía un seguimiento mínimo a las principales variables de las actividades de exploración y explotación.
Sin embargo, coincidentemente con la caída de los precios de exportación de gas natural y su consecuente impacto en menores ingresos fiscales, la información fue también retirada de la página web de YPFB y el boletín estadístico dejó de ser publicado hasta la fecha.
La única información de datos abiertos que aún quedaba disponible era la que publicaba YPFB Transportes sobre los volúmenes diarios transportados de gas natural por mercado de destino.
Pero ésta también fue retirada de la página web de esta subsidiaria el 11 de mayo de 2017, coincidentemente con los impases que tuvo la estatal petrolera con el Embajador de Argentina en Bolivia, debido a los aparentes menores envíos de gas natural al vecino país.
La falta de transparencia y acceso a información también se extiende a la problemática ambiental, puesto que los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental no son accesibles para la población ni para autoridades subnacionales, por lo que existe desconocimiento por parte de los gobiernos locales sobre las políticas de mitigación que se pretenden realizar en las áreas en actual explotación, así como sobre la magnitud de los impactos esperados en el desarrollo de cada proyecto.
El último ejemplo de esto es el caso de los contratos entregados a Petrobras para explorar en las áreas de San Telmo y Astilleros, ambas en el entorno de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía. Precisamente, autoridades departamentales han solicitado información al respecto, ante la importancia de la reserva y los insuficientes datos sobre impactos y otros detalles no revelados.
La Fundación Jubileo, al referirse a este tema, resaltó la urgencia de que “las autoridades nacionales tomen conciencia que la transparencia y acceso a información es una política importante para el buen desarrollo del sector hidrocarburos. La ausencia de información sobre la gestión genera desconfianza por parte de los diferentes actores involucrados: empresas, comunidades locales, pueblos indígenas y población en general, que terminan debilitando un proceso fundamental como es la participación estatal en la explotación de hidrocarburos”.
Exploración, sin resultados
La exploración es el punto de partida para las demás actividades (explotación, procesamiento, transporte, exportación, industrialización, etc.) y permite la propia sostenibilidad del sector.
Idealmente, uno de los principales resultados de la exploración debiera ser el incremento de las reservas hidrocarburíferas, o al menos la reposición de lo extraído. Este dato es fundamental para la planificación energética, la gestión de nuevos mercados, proyección de ingresos fiscales, y otras iniciativas del sector.
Desde el año 2007, se ha estado entregando a YPFB nuevas áreas de explotación. Actualmente, YPFB cuenta con 100 áreas reservadas para exploración y explotación de hidrocarburos distribuidas en todo el territorio boliviano, lo que muestra la apuesta del Gobierno por expandir la actividad hidrocarburífera a todas las regiones.
Sin embargo, la Fundación Jubileo considera que la entrega de áreas a YPFB mediante diferentes decretos supremos “sin que se hayan tenido resultados, ya sean exitoso o no, en alguna de éstas” no justifica “la ampliación de zonas para exploración”.
En síntesis, a más de 10 años desde la promulgación del primer decreto supremo que reservó áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a favor de YPFB y, ninguna de esas áreas ha presentado resultados positivos, por lo que ninguna de éstas se ha traducido aún en un nuevo campo en producción.
Certificaciones esporádicas y poco alentadoras
La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos (agosto de 2007), en su artículo 7, establece que YPFB debe publicar hasta el 31 de marzo de cada año el nivel de reservas certificadas existentes en el país al 1ro de enero de ese año.
Para ello debe realizar una licitación pública internacional, contratar empresas especializadas en la certificación de reservas de hidrocarburos, y así certificar el nivel efectivo de reservas.
Sin embargo, la estatal petrolera ha estado incumpliendo esto durante varios años. La última certificación oficial fue realizada por la empresa canadiense GLJ, cuyos resultados fueron presentados en julio de 2014, con datos al 31 de diciembre de 2013. Dicha certificación daba como reservas probadas a cerca de 10,45 trillones de pies cúbicos de gas (TCF).
Antes de la certificación de 2014 tampoco se cumplía la ley. Hay que remontarse hasta el año 2009 para conocer la última certificación antes de la de 2014. En aquella, se tenían como reservas probadas certificadas a 9,9 TCFs.
Al respecto, la Fundación Jubileo considera esta situación como “preocupante” al comparar los datos de 2014 con los de 2009 “e incluso con años anteriores, ya que los resultados son el reflejo de la falta de actividad exploratoria en la última década y la ausencia de nuevos descubrimientos de reservas”.
A lo largo del año 2017 abundaron anuncios y contra-anuncios protagonizados por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Luis Alberto Sánchez, sobre que se estaba licitando la certificación, sobre que había varias firmas interesadas, sobre que ya se estaba contratando, y finalmente no hubo tal.
Recién en enero de 2018 se anunció la contratación para certificar las reservas, cuyos resultados deberían conocerse hasta mitad de año (mayo para ser más exactos) y que al menos debería garantizar 10,45 como mínimo.
La situación es sensible, ya que Bolivia está a poco más de un año de concluir su principal contrato de exportación de gas natural (Brasil) y frente al desafío de negociar uno nuevo, que parece no será en términos tan favorables.
Áreas protegidas y fractura hidráulica
Con la expansión de la exploración de zonas tradicionales a zonas no tradicionales surge el problema de la sobreposición de algunas de estas nuevas áreas con parques naturales, áreas protegidas, territorios indígenas: de las 100 áreas reservadas a favor de YPFB, alrededor de 14 están sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas, y una a un patrimonio cultural de la humanidad (Tiahuanaco).
Esta situación ha motivado que en mayo de 2015, el Poder Ejecutivo emita el Decreto Supremo 2366 que autoriza actividades de exploración en áreas protegidas. Un mes después los ministros de Hidrocarburos y de Medio Ambiente y Agua anunciaron la elaboración de una guía técnica conjunta que establecería el tipo de tecnología que debería emplearse para minimizar el impacto ambiental dado que se trata de zonas de alta sensibilidad. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la guía.
En recientes días, el gobierno firmó con Petrobras la exploración en las áreas de San Telmo y Astillero, que se encuentran ubicadas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Y aunque sólo se prevé afectar a menos del 1% de ese territorio, la puerta ya está abierta para seguir y aumentar las actividades en el lugar.
No sólo eso. El jueves pasado Evo Morales, en un viraje de 180 grados, firmó un convenio con la empresa canadiense Cancambria Energy Corp para iniciar la exploración no convencional de gas a través de la polémica técnica del “fracking” o fractura hidráulica, que ha despertado susceptibilidades entre los ecologistas de Bolivia y el mundo entero.
Así, ante la falta de diversificación de la economía boliviana y para seguir viviendo del gas, al parecer hará falta quebrar rocas subterráneas e inyectar a la “pachamama” un coctel de químicos con peligrosos y aún poco conocidos efectos sobre los acuíferos.
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