Perros callejeros ¿quién debe asumir la responsabilidad?

Para nadie es secreto que el número de perros callejeros ha aumentado en los últimos años. Pese a las políticas públicas, que poco o nada han hecho para hacerle frente a este problema, la cifra sigue en ascenso.

A ello se suma el preocupante incremento de los casos de rabia canina y humana que se han registrado en los últimos años en el país, problema que va de la mano con la proliferación de canes vagabundos que, al ser portadores de la enfermedad, constituyen un foco de infección para las personas y otros perros.

Ante este panorama surge la necesidad de preguntarse ¿Quién debe o debería asumir la responsabilidad de hacerse cargo de los canes en condición de calle?
La principal normativa que se creó para abordar este problema mantiene un carácter delegatorio, es decir, que las responsabilidades que son competencia del Estado central descienden a niveles de poder más específicos como lo son los gobiernos autónomos municipales. Todo esto en base a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Basta decir que el numeral 5 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción, señala que es obligación de las alcaldías “preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”.

Ante la exigencia e impulso de distintas agrupaciones dedicadas a la protección de animales, el 1 de junio de 2015 fue promulgada la Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato.

Según el responsable del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud, Grover Paredes, existen dos instancias que comparten la responsabilidad por la existencia de perros callejeros: la ciudadanía y los municipios.

Paredes explicó que si bien los canes son responsabilidad de sus dueños, son los municipios los llamados a sancionar a aquellos amos que descuidan a sus mascotas y los sacan a las calles para que estos busquen sus alimentos en los basurales y hasta pernocten en las vías expuestos a varios peligros.

“Si buscamos responsabilidades, es la población, pero si buscamos orden en este tema la llamada de atención es para el municipio que debería estar fortaleciendo las actividades para ya no tener perros con dueños en las calles”, aseguró Paredes.

 

La rabia canina
En septiembre de 2017 y debido al alarmante incremento del número de casos de rabia canina y humana a nivel nacional, el Ministerio de Salud declaró “Alerta Nacional Sanitaria” y se solicitó los municipios más afectados emitir una declaratoria de emergencia local para realizar el control de los diferentes casos.

Otra de las medidas que se asumió fue la prohibición para adoptar canes y gatos que hayan sido rescatados de las calles debido al riesgo que implicaba esta acción durante una epizootia (enfermedad que reina transitoriamente en una región o localidad y ataca simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o varias especies de animales).

Paredes contó que en 2017 una asociación dedicada a la protección de animales puso en adopción dos canes que tiempo después de ser entregados sus nuevos dueños comenzaron a presentar sintomatología de rabia, lo cual evidencia el riesgo al que se exponen activistas y la población que adopta a un animal en condición de calle.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la rabia es una enfermedad vírica infecciosa que acaba siendo mortal en casi todos los casos una vez que han aparecido los síntomas clínicos. En hasta el 99% de los casos humanos, el virus es transmitido por perros domésticos.

La situación en nuestro país respecto a esta enfermedad es preocupante, dado que en el 2017 el número de casos de rabia canina y humana se han disparado en comparación a otras gestiones anteriores.

Al primer trimestre de 2018 la situación no deja de ser preocupante, ya que se han registrado cuatro casos de rabia humana y 88 casos de rabia canina.
El funcionario explicó que para este 2018 se destinarán al menos 3 millones de vacunas, 5% más de lo que se utilizó el 2017 (2.700.000 dosis), aunque aclaró que la cifra de vacunas puede variar. Asimismo, indicó que para esta gestión se usarán vacunas con cultivo celular, “una vacuna que estamos adquiriendo para que hasta el 2020 se pueda erradicar el mal de rabia y evitar que la gente muera por esta causa”.

El representante del Ministerio de Salud señaló que es necesario regular la labor de los grupos dedicados a la protección de los animales en condición de calle, control que debe ser desarrollado por el municipio para garantizar que los canes y gatos rescatados de la calle no pongan en riesgo su seguridad sanitaria ni el de la gente.

Tocando este tema es lógico pensar y preguntarse: ¿cuántos perros habrá en Bolivia? Pero no hay una respuesta precisa, ya que no se cuenta con una cifra exacta. Sin embargo, actualmente no existen datos aproximados sobre los cuales, por ejemplo, se calcula la cantidad de dosis de vacuna para las campañas antirrábicas.

El responsable del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud explicó que ante la ausencia de datos exactos la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó un indicador internacional para desarrollar las campañas de vacunación que consiste en relacionar cuatro perros por cada habitante de un municipio o departamento.

Según Paredes, lo preocupante es que esta cifra tiende a incrementarse con el paso de los años debido a muchos factores, entre los cuales resalta la poca efectividad de campañas de esterilización impulsada por los municipios, actividades con las que “la cifra de perros debería bajar, pero la cantidad aumenta en vez de reducirse”.

“Yo creo que de aquí a un tiempo, a un mediano plazo, vamos a tener una cifra de uno a uno, es decir un perro por cada persona, lo que sería 11 millones de perros. Es lo que tenemos que evitar para no tener mayores riesgos por el mal de rabia”, agregó Paredes.

 

Animales SOS apunta a las alcaldías
Tras 10 años de labor y con la promulgación de la Ley 700 para la defensa de los animales contra los actos de crueldad y maltrato, Animales SOS decidió ya no recibir más animales abandonados, aunque había excepción para aquellos perros y gatos que se encontraban malheridos y necesitaban ser urgentemente atendidos.

Ahí surgió la consulta: ¿Quién es responsable de los perros en condición de calle? Basándose en el Artículo 302 de la CPE y la Ley 700, Animales SOS apuntó al municipio.
“En ese artículo dice que una de las competencias exclusivas, o sea de nadie más, del gobierno autónomo municipal es la protección de los animales, no solo de los perros y gatos, sino también de la fauna silvestre”, aseguraron los activistas.

La legalidad de las organizaciones de ayuda
Siendo Animales SOS uno de las más antiguas organizaciones dedicadas a la protección de los animales tiene algunas observaciones respecto a la formación de nuevos grupos dedicados a esta actividad.

Para Susana Carpio, principal representante de esta institución, la legalidad de las organizaciones parte de contar con una personería jurídica y las condiciones necesarias para desarrollar este trabajo, es decir, tener el respaldo de un médico veterinario, los recursos económicos y el espacio adecuado.

“Los grupos de Facebook, no los puedo llamar organizaciones porque no tienen personería jurídica, son absolutamente irresponsables. Los animales no tienen un periodo de observación, toman un perro de la calle y lo entregan inmediatamente, arriesgando la vida de las personas. Toman voluntarios muy jóvenes y les entregan animales en lo que ellos llaman hogar temporal, y eso es otra práctica irresponsable”, agregó.

La activista indicó que cuando las autoridades cumplan con sus responsabilidades y se hagan cargo de los animales en condición de calle, no habrá la necesidad de contar con las organizaciones animalistas.

Además, dijo que como Animales SOS, luego de varios años de trabajo, ven que las cosas poco o nada han cambiado respecto a la realidad de los animales y que las posibilidades de seguir adelante son cada vez más difíciles tomando en cuenta el costo (necesitan al menos $us 20.000 anuales para mantener el albergue) y la carga emocional que ello implica.
“Para nosotros es una enorme responsabilidad y un desgaste emocional de todos los días por todo lo que vemos, por lo tanto, hacer que las organizaciones animalistas asuman funciones que competen a la alcaldía es un delito. Nadie puede eludir la función pública”, aseguró.

Hoy el albergue de Animales SOS ya no recibe más animales abandonados, pero aún sigue trabajando por los perros y gatos que son rescatados de las calles en condiciones muy lamentables.

 

Tarija atraviesa la misma situación

Según resultados de un estudio realizado por la Sociedad Protectora de Animales de Tarija (SPAT) hace menos tres años, en la ciudad había 71 mil perros con hogar y otros 20 mil que estaban en situación de calle, huérfanos o vagabundos.

Además, se conoció que al día nacen alrededor de 800 canes, aspecto que mantiene en alerta a la Sociedad Protectora, porque se estima que esos datos se incrementaron en el último año.

El presidente de esta entidad de voluntariado, Gonzalo Torres, declaró que el problema de los animales es una cuestión social que involucra a toda la población, pero que muchas veces no se ve de esa forma.

“Mientras no nos dediquemos a solucionar este problema de los animales o nos sentemos a pensar cómo hacerlo, vamos a seguir teniendo personas mordidas por perros en la calle, casos de rabia, vamos a seguir teniendo bolsas de basura rotas en la calle, jaurías en las calles, perritas en celo, perros atropellados e incluso ahorcados”, advirtió.

Otro punto es que a pesar de existir leyes que regulan la tenencia, trato y control de los animales, las normas no se cumplen, por “falta de voluntad de las autoridades de turno”.
Los perros que están en las calles son los que alguna vez tuvieron una casa y un cuidado, pues es casi imposible que los canes vagabundos hayan nacido fuera de una casa, porque de ser así, no podrían sobrevivir, por los peligros que corren de pequeños.

La solución para que ya no haya perros callejeros, según varios activistas, es que el gobierno municipal se involucre en el tema, creando un programa intensivo de esterilización para los animales y de educación ciudadana.

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