Abogado de Cerimedo vincula el caso con el narcotráfico

El abogado defensor del argentino y exasesor presidencial Fernando Cerimedo, Ramiro Vega, afirmó que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pruebas que demostrarían que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, conocía denuncias relacionadas con vuelos irregulares presuntamente vinculados al transporte de sustancias controladas en Beni, una de las causas por las que también se investiga preliminarmente a su cliente.

Vega sostuvo que esa información también habría sido conocida por un “operador de Fiscalía de La Paz” y cuestionó que el Ministerio Público haya iniciado una investigación contra Cerimedo, pese a que su defendido ya había denunciado anteriormente el uso de su nombre y del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en operaciones relacionadas con avionetas en Beni.

Investigación

La Fiscalía del Beni abrió una investigación por la presunta protección a vuelos irregulares vinculados al tráfico de sustancias controladas en el municipio de Santa Ana de Yacuma. El fiscal departamental, Alexander Mendoza, informó que la pesquisa podría ampliarse contra particulares o funcionarios públicos si aparecen nuevos indicios.

“Está la denuncia presentada hasta en el sistema judicial que le hizo Fernando Cerimedo en el sentido que usaban su nombre y del ministro de Gobierno, Oviedo, para sacar avionetas en el Beni y no ha dicho nada de eso la Fiscalía”, afirmó Vega en un video difundido en redes sociales.

El abogado cuestionó que el Ministerio Público por haber dejado que se aperture un caso cuando antes ya se había presentado esa denuncia por Fernando Cerimedo.

A partir de este antecedente, Vega afirmó que cuenta con elementos para sostener que el proceso contra su defendido habría sido “armado”. También señaló que el testigo que podría acreditar el origen de una nota encontrada en el celular de Cerimedo se encontraría prófugo.

El abogado amplió sus acusaciones y sostuvo que el caso contra Cerimedo sería parte de una operación política. “Se ha montado un golpe de Estado para que regrese la izquierda con todo el poder del mundo, pero no una izquierda normal, sino una izquierda narco”, afirmó. El presidente Paz también habló el sábado de conspiraciones.

Caso en la CIDH

Vega explicó que decidió remitir las pruebas a la CIDH porque en Bolivia el Ministerio Público podría “ocultar o borrar” elementos de prueba. En ese contexto, cuestionó un peritaje realizado al celular de su defendido y aseguró que este habría sido utilizado para “borrar todas esas pruebas”.

El jurista también informó que ha solicitado a la CIDH medidas de protección para Cerimedo, al considerar que su defendido estaría siendo objeto de presión por parte de autoridades. Entre ellas mencionó al vicepresidente Edmand Lara, a quien acusó de asistir a audiencias para presionar a jueces y fiscales. Según Vega, esa situación se habría producido durante la audiencia que determinó el traslado de Cerimedo de Palmasola al penal de Chonchocoro.

Manifestó además su temor por su seguridad y la de su familia, y expresó preocupación por otros abogados que asumieron la defensa de Cerimedo. Afirmó que habría recibido amenazas y responsabilizó directamente al fiscal general Roger Mariaca y a otros fiscales.

“Sé que me estoy arriesgando al hacer esto. Yo le pido al presidente protección para la vida del hombre que lo ha ayudado a llegar donde está; protección para mi persona y mi familia”, sostuvo Vega.

El abogado insistió en que el proceso contra Cerimedo “es un montaje” y afirmó que la Fiscalía tendría elementos que, según su versión, demostrarían la inocencia de su defendido. “Esas pruebas incriminan a mucha gente y exculpan al señor Fernando Cerimedo. Audios que prueban desde el primer día que el señor Cerimedo era inocente”, afirmó.

La investigación por los vuelos irregulares en Beni permanece en etapa investigativa. La Fiscalía señaló que convocará a personas que puedan aportar información y que la pesquisa podría ampliarse en función de los indicios que surjan.

La fiscalía general del Estado no se ha pronunciado hasta el momento sobre las acusaciones.