Trata: La falta de estadísticas impide aplicar políticas más efectivas

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una problemática que en Bolivia está atravesada por múltiples complejidades, entre ellas la falta de estadísticas consolidadas con cruce de datos entre las instituciones involucradas, la impunidad, la insuficiencia de recursos para las unidades encargadas de investigar estos delitos y las limitaciones para brindar una atención integral a las víctimas.

Datos

La Red Departamental contra la Trata elaboró el estudio “Situación de la trata de personas, el tráfico y los delitos conexos en Bolivia y Tarija”, que cruza información de la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial.

Daniel Siles, integrante del equipo coordinador de la Red, explicó que, a partir de la pandemia, en 2020, se produjo un incremento sostenido de casos que alcanzó su pico en 2024. En ese lapso, las denuncias por los delitos contemplados en la Ley 263 aumentaron de 452 a 1.263. El último dato disponible, correspondiente a septiembre de 2025, registra 583 denuncias, una cifra que podría sugerir una reducción, aunque advirtió que esa interpretación puede ser engañosa.

“En 2025 parece haber caído a la mitad, pero no es una muestra de que hubo una política efectiva. Seguía existiendo el mismo trabajo de las instituciones. Desde la sociedad civil lo atribuimos a la falta de denuncias. Las víctimas, al ver un sistema tan pesado, ya no denuncian”, expresó.

Por departamentos, La Paz encabeza la lista de denuncias, seguida de Santa Cruz y Cochabamba. Tarija ocupa el cuarto lugar en cifras absolutas. Sin embargo, al calcular la tasa por cada 100.000 habitantes, Tarija pasa al primer lugar con un índice de 17,03 en 2024 y ocupa el segundo puesto en 2025 con 14,6. El promedio nacional es de 11,20, superior al registrado en otros países de la región.

Recursos

Siles señaló que uno de los datos más preocupantes es el nivel de impunidad. Apenas el 1,33% de las denuncias registradas en el departamento durante 2024 concluyó con una sentencia condenatoria.

Como contraste, mencionó la nueva Ley 1636 de Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, promulgada en septiembre pasado, que ya registra 16 sentencias a partir de 195 denuncias.

“Nos sorprende cómo el mismo aparato judicial actúa de forma más efectiva, con una mayor tasa de sentencias. Este hallazgo demuestra que algo está fallando en el sistema, ya sea en la identificación o tipificación de los delitos, o en la falta de profesionales”, aseveró.

La Ley 1636 incorpora el uso de agentes encubiertos y nuevas herramientas para fortalecer el trabajo de las unidades de la Policía y la Fiscalía.

Siles agregó que la División de Trata y Tráfico también requiere un fortalecimiento en recursos materiales y capacitación para investigar los delitos contemplados en la Ley 263, que abarca trata de personas, pornografía, proxenetismo, tráfico y otros delitos conexos, muchos de los cuales también pueden originarse en plataformas digitales.

Falta de información

El activista señaló que el estudio, financiado con recursos propios, recopila información de distintas instituciones. Sin embargo, existen diferencias entre los registros debido a que el Estado incumple su responsabilidad de centralizar y sistematizar la información.

Uno de los principales vacíos es que solo existen datos sobre denuncias, pero no sobre los casos que posteriormente fueron descartados, como aquellos en los que las personas se ausentaron voluntariamente o fueron reportadas como extraviadas. Esta labor corresponde al Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), que no publica nuevos informes desde septiembre.

“En Bolivia tenemos una pobreza de datos. Esa es la verdad (...) No se pueden diseñar políticas públicas para el Estado o para un departamento si no hay estadísticas”, reflexionó.

Actividades por el 30 de julio en Tarija

Hasta el viernes, la Gobernación, en su calidad de ente rector, no había convocado a la sesión del Consejo Departamental contra la Trata, que debería instalarse el 30 de julio. La norma establece que la convocatoria debe realizarse con al menos 10 días de anticipación para garantizar la participación de todos los municipios.

En caso de que la sesión no se lleve a cabo, la Red organizará una presentación pública de los resultados de su estudio. Además, continuará difundiendo información diariamente a través de sus redes sociales.