36.400 hectáreas de coca: ¿qué significa para Bolivia?

El dato parece sencillo: Bolivia tenía 36.400 hectáreas cultivadas con coca en 2025, según el monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pero detrás de esa cifra hay una dimensión económica, criminal e internacional que va mucho más allá de la superficie cultivada.

La primera referencia es la propia legislación boliviana. La Ley 906 establece un máximo de 22.000 hectáreas destinadas a la producción de coca. Las 36.400 registradas por Naciones Unidas suponen, por tanto, 14.400 hectáreas adicionales, un excedente del 65%.

El segundo dato es la producción. La UNODC estima que esas plantaciones tienen un potencial de 79.810 toneladas de hoja de coca seca al sol. A partir de esa cantidad calcula un potencial máximo de 427 toneladas de cocaína si toda la hoja disponible se destinara a la elaboración de la droga.

Aquí está la primera precisión importante: 427 toneladas no significan que Bolivia haya fabricado 427 toneladas de cocaína. Es un escenario hipotético construido a partir de rendimientos y factores de conversión. La propia UNODC advierte que las estimaciones de producción potencial no equivalen necesariamente a la droga efectivamente fabricada y colocada en los mercados.

El informe ofrece otros escenarios. Si se descuenta la producción correspondiente a las 22.000 hectáreas permitidas por la legislación, el potencial baja a unas 176 toneladas. La diferencia muestra por qué el tamaño del cultivo es relevante, pero no permite convertir directamente hectáreas en toneladas de droga.

¿Cómo está Bolivia frente a Perú y Colombia?

La comparación ayuda a poner la cifra en contexto. Colombia continúa siendo, con mucha diferencia, el principal productor potencial de cocaína de la región. La UNODC registró 253.000 hectáreas de coca en 2023 y una producción potencial de 2.664 toneladas. Para 2024, una estimación de la organización situó el potencial en unas 3.001 toneladas, según una investigación de EL PAÍS. Sin embargo, ese cálculo no fue publicado oficialmente por Colombia debido a cuestionamientos sobre la metodología y actualmente existe una revisión del sistema de medición.

Perú, por su parte, calculó para 2024 un potencial de 822 toneladas de clorhidrato de cocaína, sobre la base de 2024 y bajo el supuesto de que todas las hectáreas sembradas fueran cosechadas para producir cocaína. El propio informe peruano aclara que se trata de una estimación al 100% de pureza y no de la cantidad que efectivamente llega al mercado.

Así, Bolivia no está cerca de los niveles de Colombia y se encuentra por debajo de Perú en las estimaciones disponibles. Pero el dato boliviano tiene otra particularidad: el crecimiento de la superficie se produce mientras cae la coca que pasa por los mercados autorizados.

En 2025 se comercializaron legalmente 26.424 toneladas de hoja, 11% menos que el año anterior. En el Trópico de Cochabamba, solo el 9% de la producción potencial pasó por el mercado autorizado. En los Yungas y el norte de La Paz, en cambio, esa proporción llegó al 74%.

El problema ya no es solo la coca

Esta combinación es la que explica la preocupación internacional.

La UNODC advierte que el narcotráfico regional ya no funciona solamente como una cadena dedicada a producir y transportar cocaína. Las organizaciones criminales están vinculando esa actividad con lavado de activos, minería ilegal, trata de personas, corrupción y control territorial.

Bo Mathiasen, director de la División de Operaciones de la UNODC, calificó la situación regional como “muy delicada” y sostuvo que las redes criminales están desarrollando grandes articulaciones económicas. La organización insiste en que la respuesta requiere cooperación entre los países sudamericanos.

El contexto internacional tampoco ayuda a relativizar el problema. El Informe Mundial sobre Drogas 2026 señala que la producción potencial mundial de cocaína alcanzó un récord de unas 4.100 toneladas en 2024, mientras el cultivo mundial de coca llegó a 385.100 hectáreas. La producción potencial se multiplicó más de cuatro veces entre 2014 y 2024.

Eso significa que Bolivia está inserta en un mercado internacional en expansión, no frente a un fenómeno exclusivamente nacional.

¿Qué implica económicamente para Bolivia?

La coca excedentaria representa una economía paralela con capacidad para generar ingresos en zonas donde el Estado tiene dificultades para ofrecer alternativas productivas. Pero también introduce dinero procedente de actividades ilícitas, facilita el lavado de activos y puede fortalecer redes criminales.

Para Bolivia, además, existe una dimensión internacional. El crecimiento de los cultivos, en teoría, puede afectar la relación con países consumidores – que gustan de poner el foco en el otro - y de tránsito, esto sería al menos un problema estratégico para el gobierno de Paz Pereira, que se ha alineado con Estados Unidos e intenta recuperar cooperación antidroga con Estados Unidos y profundizar sus vínculos con organismos internacionales.

Paz sostuvo durante la presentación del informe que “el mundo nos quiere ayudar para dejar las drogas de lado” y vinculó esa cooperación con inversiones en minería, hidrocarburos y producción. La afirmación debe ser tomada con cautela: la cooperación internacional no se obtiene únicamente anunciando una nueva política antidroga, sino demostrando capacidad efectiva de control, transparencia institucional y resultados verificables.

El Gobierno presentó una Política Antidroga 2026-2030 que plantea reducir progresivamente los cultivos excedentarios e ilegales y diferenciar esa producción de la coca legal y tradicional. También contempla perseguir las estructuras criminales, sus finanzas y su logística.

El desafío, por tanto, no consiste simplemente en bajar una cifra de 36.400 hectáreas. Consiste en impedir que la superficie excedentaria se convierta en materia prima para una economía criminal, recuperar el control estatal sobre las zonas productoras y demostrar a los socios internacionales que Bolivia puede medir, controlar y reducir efectivamente la producción destinada al narcotráfico.

Las 427 toneladas son un potencial, no una producción comprobada. Pero las 14.400 hectáreas que están por encima del límite legal sí son una realidad medible. Y esa diferencia es, precisamente, el tema que ahora debe enfrentar el Estado