Policía crea “grupo táctico” contra el crimen organizado

La creciente ola de violencia en Santa Cruz obligó este sábado a una reunión de emergencia entre autoridades nacionales, departamentales, municipales y representantes cívicos, que concluyó con la decisión de conformar un grupo policial táctico especializado en la lucha contra el crimen organizado, además de reforzar controles urbanos, provinciales y fronterizos.

El encuentro, convocado por el Comité pro Santa Cruz y que se prolongó por más de tres horas, contó con la participación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano; el alto mando policial; el gobernador y el alcalde cruceños, además de representantes del Órgano Judicial.

Tras la cita, Oviedo informó que también se determinó reactivar el Consejo Nacional Sectorial de Seguridad Ciudadana, instancia que coordinará acciones entre instituciones del Estado para responder a la crisis. Asimismo, se anunció la solicitud de despliegue de las Fuerzas Armadas en ciudades y poblaciones fronterizas, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en zonas consideradas vulnerables al accionar de redes criminales.

La alarma institucional se produce luego de una seguidilla de hechos violentos registrados en los últimos días. En menos de 72 horas fueron asesinadas dos personas en el departamento: un magistrado del Tribunal Agroambiental y un ciudadano extranjero, este último abatido en plena vía pública. Paralelamente, la Policía reportó la captura de varios ciudadanos extranjeros en posesión de armas, bajo sospecha de vínculos con actividades de narcotráfico.

Desde la fuerza del orden se maneja la hipótesis de que parte de estos hechos responde a disputas internas surgidas tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ocurrida el pasado 23 de marzo, considerada un punto de inflexión dentro de las estructuras criminales asentadas en la región.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al Gobierno asumir acciones inmediatas y cuestionó la falta de respuestas frente a los casos de sicariato e inseguridad. Sostuvo que las autoridades no pueden mantenerse como “espectadores” mientras la ciudadanía enfrenta una violencia creciente.

El dirigente también apuntó contra el Ministerio Público y el sistema judicial por la ausencia de resultados en la persecución del delito, y planteó analizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de resguardo urbano si la situación así lo requiere.

La crisis de seguridad vuelve a colocar a Santa Cruz en el centro del debate nacional sobre narcotráfico, control territorial y capacidad estatal de respuesta, en un contexto donde la demanda ciudadana por orden y protección gana cada vez más fuerza.