Denuncia de tortura desata una investigación en la Policía

El caso de Reyna, una mujer que en diciembre de 2024 fue reportada como desaparecida junto a sus hijos y que luego fue hallada en un alojamiento, acarreó una serie de repercusiones. Una de ellas está relacionada con supuestas acciones de tortura cometidas por miembros de la Policía Boliviana contra Juan L.M., la expareja de Reyna, a quien, supuestamente, querían obligar a “confesar” un delito que no cometió. Este hecho ya es investigado y ha movilizado a instituciones, como el Defensor del Pueblo, que advierten una vulneración de derechos en la institución verde olivo.

No es la primera vez que se acusa a efectivos policiales de torturar a quienes caen en sus celdas. En Bermejo aún se investiga la muerte de un joven en la carceleta, quien fue brutalmente golpeado, hasta dejarlo inconsciente. Aunque los efectivos de turno aseguraron que él se autolesionó, la familia denuncia que el hombre fue torturado por varias horas y que otros reos fueron testigos de este hecho.

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Nueva denuncia

El testimonio de Juan L.M. puso en aprietos a las autoridades del área, que ya anunciaron una investigación a los policías que hubieran cometido las agresiones, pero aún no existen nombres.

Juan trabajaba como taxista, aunque perdió el empleo a raíz de las sospechas de que había “desaparecido” a su expareja.

En su relato dijo que cuando entabló una relación con la joven se encariñó de sus hijos e incluso se hizo cargo de los menores en más de una ocasión, debido a que la mujer desaparecía por días.

Reyna fue reportada como desaparecida a fines del 2024, no se supo nada de ella y sus hijos durante semanas. Eventualmente las sospechas apuntaron a Juan y este fue aprehendido el 18 de enero por presunta trata y tráfico.

Fue entonces que inició su calvario. Juan asegura que mientras estuvo en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo ingresaron a una sala donde lo torturaron, golpeándolo con un bate de madera y poniéndole una bolsa plástica en la cabeza. Así lo habrían desmayado dos veces, pero lo despertaron echándole agua.

El objetivo de los efectivos, que serían de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), era que “confiese” lo que hizo con la mujer y los niños. Incluso le habrían dicho que era sospechoso de haberla matado y le preguntaron dónde estaba el cuerpo. Cuando fue cautelado, se lo envió con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.

Días después, la mujer y los menores fueron hallados en un alojamiento. Ella fue aprehendida e imputada por supuesta simulación de delito y abandono de menor. Pero en su audiencia cautelar fue liberada por falta de indicios.

La aparición de estas tres personas significó la liberación de Juan, que al salir del penal denunció las supuestas torturas, adelantó un proceso de resarcimiento y dijo poder reconocer a los uniformados que lo habrían agredido.

Procesos

En su declaración, Juan apuntó que la Fiscalía lo imputó sin pruebas suficientes y que el juez de su caso omitió la falta de elementos e igualmente lo envió a San Pedro. Pero la acusación más grave fue contra la Policía y eso generó la reacción de las autoridades.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo el viernes que ya se instruyó una investigación disciplinaria para determinar posibles “excesos” y sancionarlos.

Aunque el hecho habría ocurrido fuera de la cárcel, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, también dijo que abrirá una investigación sobre posibles agresiones posteriores en San Pedro.

En caso de constatarse la denuncia de Juan, se trataría de un incumplimiento del protocolo, porque las declaraciones deben ser tomadas delante de un fiscal, y de tratos crueles. La Defensoría del Pueblo no descarta llevar el caso a la vía penal ordinaria.

El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registró en 2023 un total de 17 casos. Los hechos se suscitaron mayormente en celdas policiales, centros penitenciarios, cuarteles y centros de formación policial o militar.

Un caso pendiente de aclarar en Bermejo

Este caso fue el más mediático recientemente, pero no es el único hecho en el que policías se ven involucrados en supuestas torturas a los privados de libertad.

Otro hecho relevante fue el de Fernando B.N., de 30 años de edad, quien murió el 7 de enero del 2024 en la carceleta de Bermejo. Su cuadro de estrangulación y anoxia cerebral derivó en la imputación a cuatro uniformados por tortura. Aunque los sospechosos sostienen su inocencia, el caso aún no concluyó.