Una norma nacional regula a las peluquerías caninas

La pasada semana en Tarija un escándalo relacionado a una peluquería canina, ahora investigada por presunto biocidio, puso en el foco de atención en este tipo de negocios que deberían funcionar respetando normas municipales y nacionales. En esta ciudad sus servicios cuestan en promedio de 50 a 80 bolivianos por mascota.

Debido a las denuncias ciudadanas está en curso un proceso penal y se confirmó el cierre definitivo de “Mimados”.

Norma vigente

Debido a la proliferación de este tipo de negocios a nivel nacional, el 2023 entró en vigencia el Decreto Supremo 5002 de regulación para servicios de veterinaria, venta de alimentos y accesorios, peluquería y estética, adiestramiento, tenencia temporal y funerarios para animales domésticos como perros. La normativa fue aprobada el 16 de agosto, precisamente el día de San Roque.

El espíritu del reglamento consiste en garantizar los derechos de los propietarios de animales domésticos y asigna al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor la competencia de recibir denuncias por el incumplimiento en los servicios.

En general manda que el cliente debe acceder a información detallada previa a la compra, incluyendo los precios y tipos de servicio.

En su artículo 4 indica que el cliente puede exigir que se le muestre la licencia de funcionamiento y en su inciso C establece el derecho a un “servicio de calidad, con adecuada disponibilidad de aparatos, dispositivos veterinarios, equipos, mobiliario e indumentaria, así como con medidas de higiene, seguridad y sanidad”.

Por ejemplo, las peluquerías caninas tienen la obligación de informar a los propietarios detalladamente el procedimiento que realizan, los productos que utilizan y el precio de cada trabajo. Además, obliga a los dueños de estos negocios a brindar atención médica veterinaria para la mascota, en caso de que surja una emergencia a raíz del servicio.

El Reglamento también se aplica para las veterinarias, que deben entregar la historia clínica de las mascotas a sus propietarios. Además, tienen que suministrar medicamentos que cuenten con registro sanitario y los estudios deben ser practicados en laboratorios autorizados.

Ambos negocios, según el artículo 5 inciso B, tienen el deber de informar sobre posibles contraindicaciones o futuras dolencias como resultado de algún tratamiento o medicina en particular.

En el caso de Trufa, la perrita que falleció luego de una atención en una peluquería canina, los reclamos eran particularmente que presuntamente recibió maltrato, que faltó información sobre el procedimiento que se le realizó y la carencia de atención veterinaria oportuna.

La reglamentación también tiene artículos donde detalla las obligaciones que tienen otros negocios, como los de enseñanza que deben mantener informados a los propietarios de las mascotas, también sobre los servicios fúnebres y otros.

Para proteger los derechos de los animales también está vigente el Código Penal que tipifica el biocidio y el maltrato como un delito. Sin embargo, su condena máxima es de cinco años de privación de libertad.

Los dueños de mascotas que consideren que se vulneraron sus derechos pueden acudir a ambas instancias: al Viceministerio de Defensa al Consumidor para un proceso administrativo que puede derivar en un resarcimiento o a la vía penal para sancionar al proveedor o prestador de servicios.

Cierre de la peluquería “Mimados”

El pasado viernes la Dirección Municipal de Ingresos emitió la clausura temporal de “Mimados”, la peluquería canina denunciada por presunto biocidio. La dueña, Carolina Michel, días después confirmó el cierre definitivo de su negocio.

Todo ocurrió a raíz de la denuncia por la muerte de “Trufa”, una perrita que falleció luego de que su dueño la llevara para un servicio de peluquería canina.

Posteriormente circularon en redes sociales varios videos de las cámaras de seguridad donde se evidencia malos tratos a las mascotas por parte del personal. Particularmente de la madre de la dueña y ahora la mujer enfrenta un proceso penal por presunto biocidio. Ya pasó su audiencia cautelar, donde se determinó que puede defenderse en libertad, debido a que el delito se sanciona con un máximo de cinco años de cárcel.