Imputan a Evo por trata, la pena mínima es de 10 años

Este lunes el Ministerio Público formalizó una imputación contra Evo Morales Ayma por trata de personas, por presuntamente haber embarazado a una menor de edad el 2016. La pena mínima para ese delito es de 10 años, la máxima de 20. Se activó la alerta migratoria y se confirmó una orden de aprehensión, que en dos meses no pudo ser ejecutada por ser un “riesgo para la vida de policías y civiles”.

La defensa del exmandatario asegura que buscan “estigmatizarlo”, pero evita que dé su versión de este caso.

Las mismas medidas aplican para Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, C.S.V.P., que en febrero 2016, y teniendo 16 años, habría dado a luz a la hija del exjefe del Movimiento al Socialismo (MAS). Actualmente la joven está en la clandestinidad, desde un intento de rapto del 2 de octubre.

Proceso

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, confirmó la imputación contra Morales y Pozo por el presunto delito de trata de personas agravada.

El Código Penal indica que la trata se sanciona con 10 a 15 años. Aumentaría la pena si hubiera agravantes como el parentesco y la tutela, en caso de los padres, y el ejercicio de función pública, en caso de quien entonces era presidente.

Ayer debía emitirse la resolución conclusiva para respetar los plazos procesales de esta investigación iniciada el 26 de septiembre. Aún no fue fijada la audiencia cautelar.

“Existen riesgos de fuga y obstaculización. Lo vamos a fundamentar y obviamente vamos a pedir la detención de estas dos personas”, señaló, al indicar que también hay indicios de probabilidad de autoría. Por todo esto se activó la alerta migratoria para ambos.

Emeterio Vargas, padre de la víctima, ya guarda reclusión preventiva en Morros Blancos.

Gutiérrez confirmó que hay una orden de aprehensión vigente, sin embargo, la Policía se vio impedida de ejecutarla por la reciente conflictividad en el Trópico de Cochabamba, donde Morales permanece resguardado por su militancia. En especial desde la balacera aún no esclarecida del 27 de octubre y durante el bloqueo nacional que duró 24 días, que obligó a la Policía a abandonar la zona.

Esa orden se emitió el 16 de octubre, luego de que Pozo y Morales desobedecieran la citación a declarar el 10 de octubre ante la comisión investigadora. El Código de Procedimiento Penal que indica que aquello amerita la orden de aprehensión.

La fiscal indicó que el tema se mantuvo en reserva en virtud a la complejidad del caso y por la vulnerabilidad de la víctima y la de su hija de 9 años. Negó un interés político.

“Desmentir que sea un show de la fiscal (en referencia a ella misma). Si esto me va a costar el cargo me voy con la frente en alto, porque no podemos tolerar que un presidente del país haya cometido estos supuestos delitos. Se tendrá que ir a juicio y él tiene todo el derecho de presentar todos los descargos que correspondan”, dijo.

Defensa de Morales

Nelson Cox, abogado del exmandatario, en contacto con El País criticó la imputación que se formalizó sin que la declaración informativa. Apuntó que su defensa se apersonó a lo largo del proceso.

Aunque el mismo Morales estuvo conectado en audiencias virtuales, donde su defensa pretendió apelar, anular o cambiar la jurisdicción del proceso, no declaró ante los investigadores. Cox evitó adelantar si el exjefe de Estado irá a la audiencia cautelar, ya que aún no fue notificado.

Sobre las críticas de rivales que desafían al líder cocalero a probar su inocencia, Cox respondió:

“No tenemos que demostrar la inocencia nosotros, ellos tienen que demostrar la posibilidad de comisión de un ilícito”, además aseguró que “no va a haber” un juicio.

Informes

La Fiscal Departamental detalló parte de los informes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) emitidos en distintas fechas argumentando la imposibilidad de ejecutar la captura.

Aunque el Segip tiene registrado como domicilio un inmueble ubicado en Villa 14 de Septiembre del municipio cochabambino de Villa Tunari, los funcionarios constataron que no habita el lugar. También lo buscaron en otras posibles viviendas, sin que se haya apersonado por ninguna. Incluso hicieron una visita certificada por la Notaría 4 a su casa de la avenida Integración, sin éxito.

Los reportes también alertaron que una intervención más radical podría derivar en enfrentamientos con su militancia, ya que durante el bloqueo los uniformados fueron objeto de intentos de homicidio y agresiones. Un ciberpatrullaje recopiló declaraciones de Morales en Radio Kawsachun Coca, como en la que dijo que “sería tonto” si fuera a declarar y que está resguardado por cientos de seguidores y que podría estar armado, también confirmó que lleva más de mes y medio en instalaciones de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico en Lauca Ñ.

Reacciones a favor y en contra de Morales

Los primeros en pronunciarse sobre el tema fueron los allegados a Evo Morales. Por ejemplo, el senador Leonardo Loza dijo que este proceso responde al “miedo” que siente el Gobierno al peso político del exjefe del MAS. La opinión la compartió el abogado y exministro Wilfredo Chávez.

Su dirigencia convocó a protestas en puertas de la Defensoría del Pueblo en La Paz.

Del ala “renovadora” del partido, niegan que haya una persecución y aseguran que se trata de un tema “estrictamente judicial”, como lo dijo el legislador Zacarías Laura.

Para los opositores y críticos del expresidente también existen indicios de culpabilidad. Incluso señalan que existirían más víctimas, criterio compartido por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.