La detención domiciliaria sigue mermando policías, no hay las tobilleras eléctricas
Casi un año atrás el Gobierno anunció la entrega de equipamiento para mejorar la seguridad en recintos penitenciarios, se incluía tobilleras eléctricas que aún no pueden usarse en Tarija.



En julio de 2022 el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que 500 tobilleras electrónicas iban a ser distribuidas en seis departamentos, entre los que figuraba Tarija. Sin embargo, hasta la fecha no están en uso y la Policía Boliviana todavía debe designar custodios para que garanticen el cumplimiento de la detención domiciliaria a quienes los jueces ordenan esa medida.
Las autoridades policiales en las últimas dos gestiones constantemente cuestionan que se dicte la detención domiciliaria con escolta en casos de gravedad porque eso significa que se reduce el personal con el que cuentan para estaciones o unidades operativas.
El 19 de julio del año pasado los medios nacionales publicaron notas sobre la entrega de equipamiento por parte del ministro Del Castillo supuestamente para la segunda fase del Proyecto Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional BOL-110.
Se informaba que el Gobierno Nacional invirtió 34 millones de bolivianos para la compra de un stock compuesto por 10 detectores de metales, siete rayos X para objetos, tres rayos X de cuerpo entero, 26 detectores de metal tipo paleta, ocho bloqueadores de señal de celulares, tres buses con capacidad para 26 personas, ocho centros de circuito cerrado de vigilancia y 500 tobilleras.
“La inversión realizada asciende a más de Bs 34 millones por parte del Gobierno Central y tentativamente se tiene una propuesta de distribución de estos equipos en las cárceles de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, La Paz, Tarija y Pando, aunque, esto está sujeto a la planificación”, dijo Del Castillo en el acto de la entrega.
Reducción de personal
El comandante departamental de la Policía, coronel Edson Claure, desde que asumió el cargo a fines de marzo reprochó en más de una oportunidad que sujetos con antecedentes o considerados peligrosos accedan a detención domiciliaria. Sus argumentos son básicamente dos: que hay un riesgo de reincidencia del delito y que los funcionarios que hacen de custodio podrían estar en otras tareas.
El número de personas con detención domiciliaria fluctúa constantemente, por procesos que se abren, otros que concluyen o porque cambia la situación legal de los investigados. Sin embargo, desde el año pasado se mantiene por encima de 30, por lo que se debe disponer cerca del doble de funcionarios para que cumplan un rol de turnos.
“Nos llama la atención que esta persona procesada por la Ley 1008 también tenga antecedentes por violencia intrafamiliar. Las condiciones en las que se le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria serán objeto de cuestionamientos porque ya había recibido, por determinación judicial, permiso laboral”, dijo Claure al presentar la fuga de un sujeto que en mayo evadió a su guardia.
Entre hechos más recientes a fines de mayo se refirió a la reincidencia por parte de motochorros y apuntó a los jueces por liberar a uno de ellos, a pesar de tener antecedentes de violencia.
La autoridad anunció que se pretende coordinar acciones con el Ministerio Público para evitar que en ese tipo de casos la justicia beneficie a antisociales.
Durante las dos últimas gestiones se habló sobre la implementación de las tobilleras con las que se pueda mejorar el monitoreo a los sindicados mientras los uniformados a cargo de los custodios puedan ser asignados a otros trabajos de prevención y persecución de delitos.
Delincuentes capturados con frecuencia en Tarija
En reiteradas ocasiones el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Raúl Castro, cuestionó la reincidencia de delitos, particularmente en casos de motochorros y robos que se dan con frecuencia, los policías concretan la captura de sujetos que ya habían sido aprehendidos meses atrás por hechos similares, pero que fueron liberados.
Las autoridades a cargo de la seguridad en el Penal de Morros Blancos, también cuestionaron que una sola persona tenga uno o dos custodios en su vivienda, mientras el personal para vigilar a los internos es insuficiente.