Tarija no vence a la violencia de género ni a la delincuencia

Injerencia de poderes, falta de credibilidad, recarga procesal junto a retardación en las causas, además de un presupuesto insuficiente, son los principales cuestionamientos que presentó en su informe el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, en febrero, previamente a inicios de la gestión el Ministerio de Justicia estableció como “prioritaria” la reforma del sistema, lo reafirmó tras el informe y antes lo anunció al comenzar su gestión en esta cartera del Estado, finalizó el 2022 sin que se efectivice.

Además de los escándalos de corrupción que involucran los procesos de selección y designación de los administradores de justicia y críticas al funcionamiento de las instituciones por la burocracia, los temas que generan malestar en el común de la sociedad por tratarse de delitos calificados como públicos están relacionados con la violencia, el tratamiento a los autores de hechos de inseguridad y los delitos relacionados al narcotráfico.

Feminicidios y violencia

La Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia fue promulgada en marzo de 2013 y, tras su reglamentación, entró en vigencia. En su texto se reconoce una previa ausencia del Estado y su compromiso de incrementar recursos para combatir este flagelo.

Desde entonces hasta ahora en Tarija se registraron un total de 57 feminicidios, sin embargo, la captura de los autores, el avance de los procesos y las sentencias obtenidas acompañan con menos dilación a los hechos más recientes, aquellos que datan de más de tres años se repiten cada cierre de gestión como causas que permanecen inconclusas. De ese total, hasta la fecha son 20 los que ya cuentan con una condena contra los agresores, de acuerdo a los datos con los que cuenta El País y el Observatorio de Justicia y Género.

En el 2022 se presentó una contrariedad, es el año en el que de los siete asesinatos a mujeres tiene a los autores de seis de ellos recluidos, uno con sentencia, uno con acusación a la espera de juicio y el resto con detención preventiva.

El primer caso es el de una adolescente de 13 años en Sachapera, el autor está detenido preventivamente y ya se presentó la acusación en su contra para ir a juicio. El segundo es el de una joven de 22 años ocurrido en un motel en la carretera a San Jacinto, el sospechoso también está recluido preventivamente. El 12 de agosto Luz V.R. fue victimada en Zapatera y poco después se logró capturar al presunto autor, quien está detenido a la espera de una acusación.

El 25 de agosto en Lapachal Angélica Ibarra fue la cuarta víctima de la violencia feminicida, hay dos presuntos autores detenidos e imputados. Dos días después, Norma Tárraga fue asesinada por su pareja, que se dio a la fuga, pero luego se presentó ante las autoridades, reconoció el crimen y fue sentenciado a 30 años.

En Cercado el 17 de septiembre fue victimada una joven en la casa de su pareja, quien ya está recluido preventivamente.

El último caso de inicios de diciembre tiene a un autor que goza de impunidad, el grado de descomposición del cadáver dificultó desde un inicio identificar el cadáver. Si bien se apersonó una mujer diciendo que por la ropa podría ser su hija, aún no llegan los estudios que lo confirmen para que se pueda investigar su entorno y al posible autor del crimen.

Casos sin avance

La Comisión que surgió a raíz del caso del feminicida y violador serial Richard Choque a inicios de 2022 se conformó con el objetivo específico de detectar irregularidades en este tipo de procesos, agilizar sentencias contra los autores y sancionar a operadores de justicia que hayan actuado, por negligencia o corrupción, en favor de los agresores. Una versión local de las fallas del sistema judicial fue el caso de Jairo Delgado, que teniendo una sentencia condenatoria por feminicidio y parricidio, aún gozaba de libertad para ejercer la función pública, tras salir a la luz su situación, se dio a la fuga sin que hasta la fecha se pueda dar con su paradero.

Familias de víctimas tarijeñas que datan de hace más de tres años también impulsaron la iniciativa con la esperanza de que su peregrinación concluya y se cumpla lo que establece el principio de celeridad.

Uno de ellos es el de Omaira Vidaurre, desde el 2013 el caso fue pasando por juzgados, salas penales y constitucionales, hasta llegar como último recurso al Tribunal Plurinacional de Justicia, sin que hasta la fecha se ejecute una sentencia.

Por cambios de fiscales e investigadores, recursos interpuestos por la defensa del presunto autor, extravío de documentos y constantes suspensiones de audiencias, algunas incluso sin ser notificadas, desde el 2017 el feminicidio de la tarijeña victimada en La Paz Daniela Tapia permanece impune.

Ocurre lo mismo con el caso de Zulma Vargas cuyos padres tienen que viajar constantemente al Chapare cochabambino, donde presuntamente fue asesinada el 2018 y donde radica la causa, que se encuentra aún en apelación a una sentencia absolutoria al acusado, quien al momento goza de libertad y permiso de trabajar en las Fuerzas Armadas, recibiendo un sueldo mensual.

Narcotráfico

Desde inicios a fines de 2022 en Tarija se ejecutaron 796 operativos con el secuestro de 589 kilogramos de cocaína, 611 de marihuana y se destruyó una fábrica. Aunque se capturó a un total de 172 personas, ninguna de ellas fue procesada y sentenciada por los delitos de mayor gravedad como la producción de sustancias controladas que tiene las penalidades más altas.

Los resultados de las intervenciones del personal antinarcóticos también evidenciaron que cada vez estas estructuras se las ingenian para diseñar nuevos mecanismos de transporte, reduciendo capturas, pero también aminorando las pérdidas de sustancias ilícitas.

Entre las muestras de esto se halla el uso de medios lícitos mediante el transporte público interdepartamental. En los depósitos de las empresas de flotas se encontraron cientos de kilogramos de cocaína y marihuana que viajó sin inconveniente desde Santa Cruz, La Paz o Cochabamba en calidad de “encomienda” en paquetes enviados a nombres de personas o empresas inexistentes.

Esconder droga en la vestimenta sigue siendo una opción que constantemente se “reinventa”, como en el caso de las denominadas “narco cholitas” que eran mujeres que escondían cocaína en bolsillos especialmente elaborados para las enaguas que vestían debajo de sus polleras.

Los prontuariados libres

“Se ríen en nuestra cara” es una de las expresiones con las que las mismas autoridades de la Policía, como en este caso del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Raúl Castro Ortiz, describió la situación del sistema de justicia y su actuación con respecto a delincuentes prontuariados que constantemente entran a celdas de esta unidad y son liberados a las pocas horas para poder delinquir nuevamente.

Alias como “El Zapallo”, “El Chucky”, “El Negro Ramiro”, “Cuchi Apestoso”, “El Bamba” o “El Negro Luis” son algunos de los que los sujetos que cada cierto tiempo son presentados por la fuerza anticrimen por operar solos o liderar bandas delincuenciales de motochorros, descuidistas o atracadores que son presentados como autores de hechos criminales, incluso atentando contra la vida de sus víctimas. Sin embargo, por tratarse de delitos patrimoniales, que gozan de penas cortas, en sus audiencias cautelares se benefician de medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Gozando de arraigo, obligación de firmar en la Fiscalía periódicamente o de detención domiciliaria sin custodio, pasan pocos meses antes de que nuevamente se presenten denuncias en su contra.

La declaración de J.G.Z. alias “El Terror” es una de las que define la percepción de los mismos antisociales con respecto al sistema judicial y su permisividad en este tipo de hechos. Tras ser capturado en reiteradas ocasiones a sus 68 años incluso se jactó de decir que “se dedica a robar con diferentes modus operandi desde los 20 años”, continúa acumulando antecedentes, no sentencias.

Impunidad feminicida

Comisión

El 4 de febrero se conformó la Comisión para revisar irregularidades en casos de feminicidios y violaciones mediante auditorías a casos registrados desde el 2013 al 2021.

Resultados

Según la información del gobierno nacional, se auditó 327 casos y se detectaron 141 con observaciones, sin que se publique una sistematización del tipo de irregularidades. Fueron 21 los agresores recapturados. No se detalló los casos que corresponden a Tarija ni las irregularidades detectadas.

Cuestionamientos

El inicio del trabajo de la misma excluyó a familias de las víctimas, incluso viajaron hasta la Sede de Gobierno para ser tomadas en cuenta para la lista de casos por auditarse, pero no les permitieron ingresar.

Violencia

Según los reportes de denuncias del Ministerio Público, Tarija continúa ocupando el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a casos atendidos y a feminicidios.

Para destacar

A excepción del último caso registrado en diciembre, esta gestión se logró la captura de todos los autores de los feminicidios que ocurrieron en Tarija en el año. Esto también responde a la presión permanente por parte de la ciudadanía que instaló vigilias y demandó a las autoridades cumplir con su rol de persecución de estos delitos.

Nueva alerta

A poco de cerrar la gestión, desde la gobernación se presentó a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) un proyecto de ley de declaratoria de alerta por los altos índices de violencia y la necesidad de ejercer políticas públicas efectivas para la prevención y sanción.

A tomar en cuenta

Justicia

Desde el Colegio de Abogados y profesionales independientes se plantea una reestructuración de la justicia con cambios concretos. Específicamente en lo referente a delitos patrimoniales se propone establecer mecanismos de resarcimiento a las víctimas y reinserción, más que la cárcel.

Violencia

Para las familias de las víctimas de feminicidio el Estado ejerce una revictimización desde la retardación de justicia hasta el hecho de que, a pesar de múltiples promesas, a la fecha no se ejecuta una normativa de protección que llegue en forma de un bono o apoyo económico para quienes asumen la tutela de los huérfanos que dejan esos asesinatos

Narcotráfico

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)  en el país se incrementó en más de mil hectáreas la cantidad de cultivos ilegales de coca, poniendo en riesgo especialmente a reservas naturales y áreas protegidas por el daño medioambiental que significan las plantaciones y fábricas.