Ministro de Gobierno reconoce que se desconfía de la justicia

En medio de la crisis institucional que vive la Policía Boliviana y las recientes versiones sobre cambios de autoridades, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, participó en el Rencuentro de Seguridad Ciudadana en Tarija y clausuró el evento la tarde del jueves 30 de junio, reconociendo que existe desconfianza de la población en el sistema judicial, pero aseveró que existe la predisposición de trabajar con el gobierno departamental y municipal.

Previamente, el Ministro participó de actos similares en otros departamentos. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana llevó adelante un estudio para conocer la percepción que tienen las personas sobre el área para realizar los futuros planes de acción.

“El 90 por ciento de los encuestados saben quiénes cometen algún delito, en qué domicilios hay un agresor o potencial feminicida, en qué lugares se organizan antisociales para delinquir. Muchas veces optamos por el silencio porque no creemos en la justicia, tememos una represalia”, afirmó Del Castillo.

En el encuentro también presentó un informe el comandante general de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, que detalló que más del 50 por ciento de los hechos delictivos se cometen al interior de los domicilios o en un entorno cercano, se trata de casos de violencia de género, agresiones sexuales, domésticas u otras.

Violencia

Del Castillo reconoció lo alarmante de la situación en cuanto a casos de violencia de género, presentó cifras sobre la efectividad en persecución de estos delitos, pero solo parcialmente.

“Gracias al trabajo que efectuamos, (…) hemos logrado reducir en un 21 por ciento los delitos de feminicidio”, afirmó a tiempo de mencionar que en cuanto a los casos registrados en la presente gestión la mayoría de los autores ya fueron capturados, obteniendo una mayor efectividad que años anteriores.

Si bien el informe oficial da cuenta que entre enero al 9 de mayo de 2022 se registraron 34 feminicidios, evidentemente menor a los 41 que hubo en el mismo periodo el 2021, Del Castillo no mencionó que en 2022 en comparación al 2021 subieron las denuncias por tentativa de feminicidio de 59 a 77 en los mismos meses, son 18 casos más.

Tampoco señaló que los infanticidios aumentaron de 10 a 15 entre enero y el 8 de mayo de la gestión pasada a la actual. Ni que de manera general las denuncias por delitos contra la vida se incrementaron de 13.416 a 16.646.

Planificación

En el evento iniciado el miércoles, la dirigencia de los diferentes barrios, distritos y otras organizaciones expusieron sus principales reclamos y demandas, como las zonas más conflictivas o la aparición de nuevos tipos de delitos.

El alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo, también hizo uso de la palabra para mencionar que el problema de la inseguridad no puede ser resueltos solamente con la adquisición de equipos o contratación de personal, sino con la ejecución de un plan estratégico.

A pesar de las diferencias políticas, del Castillo dijo que tiene la intención de trabajar con los gobiernos locales, pues indicó que de otra forma no será posible luchar contra la inseguridad.

“No tenemos una cámara para cada casa, no tenemos un policía para cada hogar. Lo que tenemos es la voluntad de trabajar de manera coordinada para sacar a esa gente de nuestras casas, para sacarla de nuestras calles y llevarlas a donde realmente merecen, que es la cárcel”, concluyó, evitando referirse a los cuestionamientos a su gestión por los últimos escándalos que involucran a la Policía.

Inseguridad, el punto débil en Tarija

Entre los puntos expuestos por los participantes se establecen falencias en la lucha contra la inseguridad, como la necesidad de intensificar patrullajes policiales en algunos espacios, que haya una atención más pronta a los llamados de emergencia o la implementación de programas de prevención.

Uno de los principales reclamos está relacionado a las cámaras de seguridad que se instalaron en diferentes puntos y que en muchas ocasiones no son de ayuda para la identificación de los antisociales por los problemas técnicos que presentan.