El caso ocurrió en julio del 2020
Enjuiciarán a tres policías por la muerte de Jorge Altamirano en Tarija
La acusación en su contra establece que habría indicios de que los tres funcionarios habrían propinado una golpiza a este ciudadano, a quien arrestaron por incumplir las restricciones de la cuarentena



Tras más de un año y medio luego de la muerte de Jorge Altamirano Miranda, serán sometidos a juicio los tres funcionarios policiales a quienes se acusa del homicidio culposo de este joven a quien arrestaron en julio de 2020 en el barrio San Gerónimo y presuntamente le habrían propinado una golpiza en la que recibió un golpe en el cráneo que causó su deceso.
Se trata de dos oficiales varones y una mujer, quienes estarían involucrados en el hecho. Todos ellos fueron imputados por el Ministerio Público el 9 de enero del 2021, para luego ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia Primero de la Capital, donde se determinó en primera instancia su libertad irrestricta.
Restricciones El joven fue detenido después de que se cumpliera el horario de permiso de circulación por la cuarentena
Sin embargo, la Fiscalía, junto a la familia de la víctima, apeló el dictamen en virtud a que habría suficientes indicios que demostraban la probabilidad de autoría. Es así que la Sala Penal Primera de la Capital instaló la audiencia en la que se revirtió la libertad irrestricta para asignar medidas de garantía personales mientras se desarrollaba la investigación por el presunto delito de homicidio culposo.
Si bien en esa fecha se determinó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público lidere la investigación y lleve adelante con la Policía todas las pericias correspondientes, los tiempos se ampliaron por la complejidad del caso.
Desde la Defensoría del Pueblo se llevó adelante el acompañamiento a este caso que avanzó de oficio. Se espera que en esta semana se pueda conocer la fecha exacta y el tribunal de sentencia en el que se instalará el juicio oral.
Antecedentes
El joven Jorge Altamirano Miranda, de 34 años de edad, falleció en julio del 2020 durante el periodo de restricciones más estrictas por la crisis sanitaria en el departamento, cuando se determinó patrullajes permanentes.
Es así que el 7 de ese mes este ciudadano fue arrestado por incumplir las normas de la cuarentena, cuando caminaba en estado de ebriedad a la altura de los batallones militares ubicados en el barrio San Gerónimo, esto ocurrió al final de la tarde, luego del horario autorizado para la circulación.
Los oficiales de las Fuerzas Armadas dieron parte a la Policía Departamental, instantes más tarde llegó una camioneta de patrullaje para recogerlo y trasladarlo a la Estación Policial Integral (EPI) de Moto Méndez.
El reporte oficial emitido por los funcionarios señala que en el trayecto Jorge Altamirano habría intentado agredirlos, llegando incluso a patear a uno de ellos en la entrepierna y a empujar a la uniformada que lo custodiaba en la parte de atrás del vehículo.
El informe señala que luego el joven se habría lanzado al asfalto, lo que causó lesiones en su cráneo. Por esta razón tuvo que ser trasladado a la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJDD), donde el personal médico le dio un diagnóstico de muerte cerebral y falleció el 11 del mismo mes.
Sin embargo, la investigación surge a raíz de las denuncias de familiares de la víctima y vecinos que afirmaron que la causa de la muerte sería en realidad una golpiza por parte de los oficiales.
A esto se sumaron contradicciones en los informes, además de la autopsia que reveló que el cadáver no presentaba lesiones ni raspaduras que coincidan con una caída al asfalto.
Proceso disciplinario fue cerrado
A raíz de las sospechas ocasionadas por la autopsia y el informe del hecho, la familia de Jorge Altamirano determinó iniciar, además del proceso penal, un proceso disciplinario ante la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) de la Policía Departamental.
Sin embargo, a inicios del 2021 se conoció que los tres funcionarios recibieron un fallo a su favor, no recibieron ningún tipo de sanción, por lo que todos ellos continuaron llevando sus tareas de manera regular.