Ministro: Por orden judicial se indujo aborto a niña de 11 años

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó el domingo que por orden judicial se detuvo el embarazo de la niña de 11 años, resultado de la violación de su abuelastro.

“Esta menor el día de ayer ha interrumpido su embarazo conforme a la normativa legal vigente y lo que han dispuesto las autoridades judiciales de nuestro país”, dijo el funcionario en un contacto con los medios de comunicación.

Según denuncia de la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia, el bebé murió a las tres horas de nacido y responsabilizó a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a instituciones gubernamentales y a ONGs por la “condena a muerte” del neonato. Dijo en un comunicado que la niña de 11 años fue inducida a un aborto en contra de su voluntad y la de su madre, a quien mantuvieron alejada.

Del Castillo informó que la menor de edad fue dada de alta el mismo sábado, aunque no precisó el estado de su salud ni se refirió al bebé. Dijo que la niña quedará a disposición de la Defensoría del Municipio de Yapacaní.

“La persona ha sacado el producto de su cuerpo como ha establecido la justicia de nuestro país”, remarcó el funcionario público.

Denuncian hostigamiento

Los abogados Néstor Higa y Yovani Cabello, que defienden a la mamá de la niña embarazada, denunciaron que la progenitora fue prácticamente secuestrada y perseguida por las autoridades para alejarla de su propia hija y someter a la menor de edad a un parto prematuro.

“Qué necesidad tenían las autoridades del Estado de apurar el parto”, dijo el abogado Néstor Higa a El Deber.

La niña de 11 años resultó embarazada tras haber sido violada por su abuelastro en Yapacaní. El investigado guarda detención preventiva en una cárcel del país.

Los abogados calificaron el proceder de las autoridades de Gobierno, de forzar el parto, como una persecución y vulneración de derechos donde “la voluntad de la madre y de la familia está siendo vulnerada por el mismo Estado”.

El martes pasado, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió conceder en parte la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo y dispuso la valoración integral mediante un comité de especialistas y el traslado de la niña gestante a un lugar donde no esté expuesta a influencias.

Bajo esta resolución, la niña fue sacada del hogar de acogida y sometida supuestamente a una valoración que no se hizo público, sobre su estado de salud. El sábado se supo que fue llevada a un hospital local de Santa Cruz, donde fue sometida a una cirugía.

La defensa de la madre denunció que en este proceso la mamá fue obligada y separada de la niña, hecho que es considerado como una “persecución feroz” por los abogados.

Los abogados interpondrán un recurso de acción de libertad por considerar que se trata de una persecución contra la mamá y la niña.