Evidencian falencias en la investigación de feminicidios en Tarija

La Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios arribó a Tarija ayer y convocaron a las familias de las víctimas a denunciar cualquier irregularidad en el proceso de investigación. Además confirmaron falencias en el sistema judicial y anunciaron sanciones contra los operadores de justicia que incumplan su misión de procesar y sancionar a los agresores con celeridad e idoneidad.

La presidenta de la Comisión, Estefanía Morales (MAS), señaló que las personas que tengan conocimiento sobre un caso en particular en el que se evidencie una violación a los derechos de la víctima, que pueden presentar su solicitud hasta hoy en oficinas de la Brigada Parlamentaria.

Esta es la segunda oportunidad en la que llegan a esta ciudad miembros de esta comisión y Morales indicó que hasta el momento ya recibieron la denuncia de diez casos específicos, cuya fiscalización ya inició. Es así que ya se logró evidenciar falencias en el sistema judicial y una retardación injustificada, lo que impide obtener una sentencia condenatoria con celeridad en contra del agresor.

“Hemos visto que hay suspensión de audiencias, que no hay justificativo por parte de los fiscales. Así que hemos pedido informe al fiscal general (Juan Lanchipa) para que se pueda llamar a declarar al fiscal de materia para que explique por qué no ha asistido. Por otra parte, la mala atención de los jueces y de otros auxiliares, secretarios de juzgado que a veces no notifican con anticipación a la víctima”, dijo.

En ese sentido, la Comisión tiene la tuición de auditar los procesos de investigación en cada caso, pero también tiene la responsabilidad de procesar a los servidores de justicia, cuando se evidencie que los mismos estarían incumpliendo con su misión de defender los derechos de la víctima.

“La Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley del Órgano Judicial establecen que puede haber una suspensión administrativa, penal o constitucional. Primero por la vía administrativa solicitamos un informe y si existen pruebas se va a un proceso. Ahora si existe una mayor vulneración se puede ir a un proceso penal”, agregó aclarando que incluso los familiares de la víctima podrían denunciar formalmente al servidor público.

Sin embargo, hasta el momento recién se cumplió con la petición de informes en casos determinados, aún no se inició un proceso en contra de algún funcionario.

Además de la recepción de denuncias, la Comisión tiene la responsabilidad de trabajar con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y realizar inspecciones a los centros de acogida para las mujeres o verificar que cuando haya una denuncia se den las medidas de protección oportunas.