Policía se pone a órdenes de la Fiscalía para continuar investigación del caso Mariscal

Desde el comando departamental de la Policía Nacional en Tarija manifestaron la predisposición de ponerse a la orden de la Fiscalía, si es que así lo decide, para continuar la investigación y búsqueda del periodista Cristian Mariscal, desaparecido en enero del 2014.

En los últimos días Melania Torrico, representante de la Plataforma de denuncia y lucha contra la trata y tráfico de personas en Bolivia, y Elizabeth Torres, hermana de la expareja de Cristian en ese entonces, pusieron el tema sobre la mesa y el nombre de una persona quedó en el ojo de la tormenta: Rafael Gómez.

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Sadid Ávila, comandante departamental de la Policía Nacional, ante la consulta de los periodistas sobre ese tema, dijo “Es un trabajo que realiza la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con la Fiscalía, en lo que ellos requieran nuestra cooperación, nuestra ayuda, nuestra intervención, como Comando Departamental vamos a instruir lo que el Fiscal requiera y vamos a estar siempre predispuestos a colaborar en cualquier trabajo de investigación que lleve adelante la Fiscalía”.

Evert Cárdena, dirigente de la Asociación de Trabajadores en Radio, TV, Prensa Escrita y Digital (Astratep), también apuntó a la Fiscalía para que reivindique su trabajo, en el entendido de volver a abrir la investigación y dar certidumbre a la familia de Mariscal y a toda la población. La directiva de su sector sostendrá una reunión para analizar qué medidas tomar para que el Ministerio Público retome la investigación.  

Tamer Medina, abogado de la familia Mariscal, explicó que hace unos meses sotuvieron una reunión con Wilson Tito, fiscal departamental de Tarija, quien manifestó su voluntad de dar continuidad a la investigación de ese caso. Por lo cual, esperarán hasta agosto para que la autoridad pueda manifestarse al respecto, de lo contrario verán qué otras acciones tomar.

“Se planteó que el caso se abra a partir de la aplicación de la doctrina de la cosa juzgada írrita, que fue desarrollada en Estados Unidos, de alguna manera en el entendimiento que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso significa que el Estado al estar obligado a dar una respuesta, a hacer todo lo necesario para esclarecer el caso; pero al no haberlo hecho, al haber entrabado, corrompido, no se puede hablar de una investigación o de un caso cerrado, porque no hubo investigación. Si tienes una investigación corrompida, torcida, manipulada por fiscales corruptos y policías, entonces no se cumple con el deber del Estado de esclarecer el caso – comentó Medina –. Todo está en que el Ministerio Público pueda entender eso, asumirlo y realizar las acciones necesarias para reabrir el caso”.