Colectivos respaldan la investigación
Confesionario UCB Tarija, buscan cerrar denuncias de acoso por prescripción
El principal imputado, el padre J.M. no acepta autoría, pero opta por la vía de la prescripción puesto que los hechos descritos en las denuncias van de 2014 a 2016, aunque algunos sí fueron denunciados en su momento



El proceso administrativo iniciado en la Universidad Católica Boliviana – Regional Tarija para investigar tres denuncias de acoso sexual puede cerrarse en las próximas horas luego de que el acusado interponga un recurso pidiendo tal cosa alegando la prescripción de los hechos. Esta situación ha puesto en alerta a las supuestas víctimas, ya que aunque el proceso corre en paralelo por la vía penal, a nadie se le escapa que la resolución de la institución es la base de investigación.
Los hechos fueron denunciados a través de la página de Facebook El Confesionario UCB, donde hasta tres jóvenes relataron hechos similares que involucraban a un prominente miembro del claustro en tanto representante de la diócesis tarijeña en la casa de estudios superiores.
El sindicado es el padre J.M., conocido en determinados círculos como padre Coco, quien en ningún momento ha querido dar su contraparte y tampoco declarar ni en el proceso administrativo de la UCB ni ante la Fiscalía, sin embargo, a través de su abogado, Manuel Mostajo Rojas, se conoció el memorial en el que se solicita la prescripción de los casos – sin admitir autoría de los mismos – en base a las garantías procesales de las normas de la UCB y el marco constitucional vigente.
Casos Pese a que se relataron varios casos de abusos y acoso, solo tres han llegado a formar parte del expediente
La prescripción es un resquicio legal que esencialmente hecha tierra sobre los casos sobre los que no se ha actuado con celeridad o no se ha denunciado a tiempo. Es, por ejemplo, la figura estrella que se utiliza en casos de corrupción pública, aunque esté prohibido por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en cualquier caso, no suele servir en casos penales que liberarían al presunto autor solo por la cuestión de tiempo. De los cinco abogados consultados por este medio, tres argumentan que no es procedente, aunque lo cierto es que ninguno de ellos ha estado dispuesto a asumir la representación de una de las víctimas.
Acoso recurrente
En las publicaciones iniciales en El Confesionario UCB hubo un revuelo notorio cuando aparecieron las primeras denuncias en Tarija, ya que al contrario de lo que sucedió al principio, cuando se desvelaron casos de violación por parte de estudiantes a otras estudiantes, en este caso hacía referencia a un docente, aunque se denunciaba estrictamente el acoso o abuso. Sin embargo, solo tres personas – dos estudiantes y una docente - han dado el paso de apersonarse ante la mediadora universitaria – una figura creada para evitar en la medida de lo posible la revictimización - para detallar lo sucedido.
Las tres denunciantes revelan un patrón de conducta similar: tres personas urgidas por la necesidad – becas, problemas económicos – acaban acudiendo al despacho del padre J.M. quien pronto lleva la conversación hacia temas personales y, en un momento de descuido, logra el contacto físico con la mujer a través de abrazos relatados, en los tres casos, como muy incómodos.
Una de las víctimas relata que el padre le preguntó si había pensado lograr dinero practicando sexo, mientras que las otras detallan que dejó entrever su poder para conceder o no las becas mientras buscaba el contacto físico. De acuerdo a los relatos, los hechos tuvieron que ver entre 2014 y 2016, sin embargo, una de las víctimas recuerda que ya puso el caso en conocimiento de las autoridades universitarias sin que esto sirviera de algo.
Proceso administrativo y penal siguen abiertos
Aunque el proceso administrativo puede cerrar la próxima semana, todavía se reciben testimonios en la UCB e igualmente en el Ministerio Público para los casos que pudieran haber sucedido no necesariamente en el ámbito universitario, pues el docente ha hecho vida parroquial tanto en Pastoral Juvenil como en las parroquias de La Tablada y San Martín de Porres. La abogada Patricia Mealla asumió la representación colectiva de los casos.