Familia de Wilma cuestiona incumplimiento de medidas de protección y pide sancionar a funcionarios

Antes del hecho de feminicidio había una orden de alejamiento y medidas de protección que la Fiscalía otorgó a Wilma Z. víctima de feminicidio luego de comprobarse una agresión de su expareja, Marcelino M. el hombre que la apuñaló en plena vía pública hasta provocarle la muerte. 

La denuncia ante la Felcv se habría sentado el 21 de marzo, dos semanas antes de que se produjera el fatal desenlace. En ese momento, se arrestó a esta persona por ocho horas y a pesar de que se ordenó que no podía regresar a la vivienda junto a su víctima, lo hizo, omitiendo las restricciones.

Es por ello que la defensa de la familia de Wilma pidió a la Fiscalía de Santa Cruz tomar los oficios correspondientes para sancionar a "aquellos malos funcionarios que no han hecho cumplir el Código Penal y la Ley 348".

"Si se cumplían al pie de la letra esas medidas de protección, se pudo haber evitado este tipo de hechos de sangre que marcan un gran precedente en la sociedad", dijo Roberto Orellana, abogado defensor.

El jurista detalló que no se cumplió con el desalojo del agresor de la casa de su víctima y que incluso, ella tenía que trabajar al lado de su agresor: la mujer era dueña de una pensión y Martínez administraba una tienda de abarrotes, negocios que estaban lado a lado. "Nunca se cumplió con las medidas de protección", enfatizó.

Por su parte, Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, dijo que Martínez fue llevado, primero, en calidad de arrestado en un hecho de flagrancia, pero que "sin tener los informes sicológicos, que en su momento la Fiscalía ordenó, (y) se dio a la señorita, hoy fallecida, para que haga esa diligencia, se ordenó la salida inmediata del agresor del domicilio".