La gestión financiera del MAS a examen: La carne (II)
Arce Catacora, los Paz Bernardini y las finanzas de BFC
Luego de la sanción, la última frigorífica instalada en Bolivia, acusada de amenazar la exportación de carne a Rusia y a China, recibió Bs 120 millones del Banco Unión con garantía quirografaria, además de los USD 100 millones de bonos de la Gestora y otros USD 20 millones vía SAFI
A la preocupación de la exposición de los ahorros jubilatorios a operaciones privadas de alto riesgo se suman ahora denuncias por tratos de favor también en el sector bancario a través del Banco Unión (98,5 % propiedad del Tesoro General de la Nación). En el centro de la tormenta, de nuevo, la familia Arce y el Frigorífico BFC.
Sobre BFC, que de momento no quiere dar información, pesa la denuncia de la Aduana de Rusia por haber alterado certificados de origen, un asunto que ya preocupó a la industria cárnica en 2023 y que el Senasag recién va a investigar. A esto se suma la distorsión de datos entre las toneladas de carne boliviana que se declaran como exportadas a China y las que China declara comprar, que son más de un 150% como reveló Carlos Valverde en su programa Sin Compostura la pasada semana. Las autoridades chinas sospechan que BFC podría haber camuflado carne paraguaya con certificados bolivianos, ya que Paraguay, al tener tratos con Taiwan, tiene vetado el comercio con China.
BFC es una empresa de capitales paraguayos y brasileños que inició operaciones en Bolivia en 2018 con apenas Bs 70.000 de capital (unos 10.000 dólares de entonces) y que en siete años, su patrimonio declarado creció hasta Bs 210.040.000 - más de 3.000 veces su capital original según los reportes oficiales disponibles en la página de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) -. Cabe recordar que el Banco Unión es al 99% propiedad del Estado.
A pesar del escándalo ruso y cómo amenazó al sector, la Gestora Pública siguió comprando bonos en la empresa hasta por 100 millones de dólares en 2024, lo que le ha permitido su gran crecimiento. BFC es también una de las principales proveedoras de carne para el sistema de subsidio estatal y sus dinámicas financieras han puesto en alerta a varios analistas – cuyo nombre se protege – que advierten de un trato privilegiado a través de los mecanismos financieros del Estado y recuerdan casos similares, como el de la entrega de un crédito de 9 millones de dólares a los hijos veinteañeros del presidente Luis Arce para convertirse al rubro agropecuario.
Créditos millonarios a Frigorífico BFC
Documentos a los que accedió El País —entre ellos el Testimonio Notarial N.º 1112/2024, de 27 de diciembre de 2024— revelan un crédito del Banco Unión S.A. por Bs 56.934.182 otorgado a Frigorífico BFC. El crédito fue destinado a la ampliación del confinamiento bovino en Pailón, Santa Cruz. El primer desembolso, de Bs 34,3 millones, se realizó con garantía quirografaria, es decir, respaldado solo por los bienes presentes y futuros del prestatario. Para los desembolsos posteriores, BFC debía demostrar el uso correcto de los fondos y registrar la hipoteca del fundo Merceditas (788 hectáreas) y la prenda de maquinaria adquirida con el financiamiento.
Seis meses antes, en junio de 2024, el mismo banco había otorgado otro crédito a la misma empresa por Bs 68,6 millones, destinado a “comercialización, faenamiento, industrialización y exportación de productos cárnicos”. En total, BFC obtuvo al menos Bs 120 millones en menos de medio año, con respaldo mayoritariamente quirografario a pesar de que la situación financiera de la empresa en ese momento reflejaba problemas.
El País consultó al Banco Unión sobre el cumplimiento de las condiciones de crédito, quien derivó a varios correos específicos institucionales de los que no se recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
Los vínculos con el entorno de Arce
El contrato de préstamo fue firmado, en representación del banco, por Christian Juan Manuel Paz Bernardini, funcionario con el cargo de Subgerente Regional de Servicios al Cliente del Banco Unión.
Christian Paz Bernardini es hermano de Denise Paz Bernardini, actual presidenta del Directorio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), institución estatal. Denise Paz también participa del directorio de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) a través del BDP ST, una sociedad de titularización también estatal, donde figura como directora titular, y que posee un 9,84% de las acciones. En ese mismo espacio accionario participa el Banco Unión, con el 3,89%.
Las relaciones entre Arce y los Paz Bernardini se remontan como mínimo al 2006, cuando el entonces ministro de Hacienda y hoy presidente designó a Denise Paz como una de sus principales colaboradoras. Desde entonces, ambos han estado vinculados a la regulación del sistema financiero, la supervisión de la ASFI y la dirección de entidades públicas clave. Fue el propio Arce quien designó a Paz Bernardini en el BDP SAM y quien nombra al director de la Gestora Pública, encargada de administrar el ahorro de los trabajadores. Tanto Luis Arce como Paz Bernardini trabajaron en el Banco Central de Bolivia en los tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada siendo su ex esposo, Roberto Moscoso, parte del círculo rojo del último presidente emenerrista.
Por otro lado, la esposa de Arce, Lourdes Brígida Durán Romero, también ocupó durante varios años un cargo subgerencial en el Banco Unión, lo que para algunos analistas y ex colaboradores devela que el entorno familiar y político del presidente mantiene influencia directa sobre las principales entidades financieras del Estado.
Participación de la Gestora Pública
Además de los créditos del Banco Unión, Frigorífico BFC y los 100 millones de dólares en bonos adquiridos en 2024 por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, obtuvo otro importante aporte a través del Fondo de Inversión Cerrado (FIC) Sembrar Exportador, administrado por Capital SAFI S.A, que es, al final, la misma Gestora cuyo gerente general nombra el presidente del Estado.
Según el acta de junta extraordinaria de accionistas de 18 de junio de 2024, la empresa aprobó la emisión de pagarés sin oferta pública por Bs 150 millones al 5,8% de interés anual, destinados a capital operativo. Los documentos publicados por la propia SAFI muestran que la Gestora Pública posee el 99,89% de participación en ese fondo, lo que significa que prácticamente todo el dinero proviene de los fondos de pensiones de los trabajadores bolivianos.
Ese mecanismo convierte a la Gestora en el principal financista indirecto del frigorífico, sumando al menos Bs 270 millones entre créditos y valores adquiridos. Pese a los problemas en Rusia, la calificadora que contrata la Gestora, AESA RATINGS mantiene la calificación A1 de BFC durante todo 2024, indicando “fuerte capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados”.
Hasta el momento no hay posicionamiento público sobre el manejo de los fondos de pensiones y las inversiones de la Gestora por parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que sí expresó preocupación, por ejemplo, por una reciente ley que buscaba aliviar las cuotas de créditos de vivienda y pequeñas empresas nacionales.
Tampoco se registran propuestas de parte del empresariado nacional para democratizar el mercado de valores, hoy concentrado en grupos financieros vinculados al Estado y a la banca.
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