Pobreza y justicia, desafíos para la transición energética

¿Es posible una transición energética “justa” en América Latina cuando millones de personas siguen careciendo de acceso a los servicios energéticos básicos?

Esta fue una de las preguntas centrales que nos impulsó a mí y a las colegas editoras Lira Luz Benites Lázaro y Sigrid de Aquino Neiva a editar el libro recientemente publicado Pobreza energética, justicia y género en América Latina.

El libro está organizado en tres secciones: Pobreza energética: marcos conceptuales y discusión de evidencia sobre un problema multidimensional; Justicia energética: contradicciones en la distribución de cargas y beneficios; y Una realidad invisibilizada: el vínculo entre pobreza energética, justicia y desigualdades de género. El libro reúne 14 capítulos escritos por 35 autores y busca ofrecer un análisis crítico de las desigualdades energéticas en la región, evidenciar los límites de las políticas actuales y subrayar la urgencia de repensar el rol que América Latina debe desempeñar en los debates globales sobre energía y justicia.

Aunque la Agencia Internacional de la Energía indica que el 97% de la población de América Latina  y el Caribe tiene acceso a la electricidad, esta cifra oculta realidades más profundas.

Casi 17 millones de personas de la región, la mayoría en zonas rurales y comunidades indígenas, siguen sin tener acceso a la electricidad. Para los que están conectados, el acceso suele ser precario: cortes frecuentes, tarifas inaccesibles y una fuerte dependencia de fuentes contaminantes. En Bolivia y Perú, por ejemplo, el costo de la electricidad para los hogares más pobres puede representar hasta el 20% de sus ingresos mensuales .

Además, unos 75 millones de personas todavía cocinan con biomasa, lo que conlleva graves consecuencias para la salud. Estudios recientes estiman que la exposición prolongada a humos tóxicos provoca alrededor de 38.000 muertes prematuras al año en la región, afectando de forma desproporcionada a mujeres y niños. Si bien algunos países se están acercando al acceso universal a la cocina limpia, otros aún tienen una porción significativa de su población sin acceso, como Haití (95%), Honduras (50%), Guatemala (50%), México (15%), Perú (15%) y Bolivia (12%).

Desde nuestra perspectiva, la pobreza energética no es un problema que pueda resolverse solo con más infraestructuras: es un reflejo de las desigualdades estructurales que padecen nuestras sociedades.

A lo largo de diversas investigaciones editadas en el libro, hemos constatado que en América Latina son las mujeres en ámbitos rurales quienes más sufren las consecuencias de la precariedad energética. Ellas dedican horas a recolectar leña, enfrentan los efectos de la contaminación dentro del hogar y padecen mayores riesgos de violencia en espacios sin iluminación adecuada. La relación entre energía y género es innegable: cuando hay escasez energética, las desigualdades se profundizan.

El discurso dominante sobre la transición energética en la región ha estado fuertemente influenciado por la agenda del Norte Global y los intereses de las grandes corporaciones. Se promueve la expansión de las energías renovables, pero sin cuestionar quién se beneficia de estas inversiones. En Brasil y México, por ejemplo, los proyectos eólicos han generado tensiones con las comunidades locales. En el caso del litio en Argentina, Chile y Bolivia, la explotación responde más a la demanda de los mercados internacionales y de las multinacionales que buscan asegurar la resiliencia de sus cadenas de valor que a una estrategia regional orientada al desarrollo con inclusión y empleo de calidad.

Biomasa En América Latina y el Caribe, alrededor del 11% de la población todavía cocina con biomasa. Esto provoca graves problemas de salud, especialmente entre las mujeres y los niños

Para revertir esta tendencia es imprescindible articular la transición energética en los países latinoamericanos con una política industrial activa que promueva la producción local de tecnologías, el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la generación de empleo calificado. Se trata, ni más ni menos, de lo que está en juego en la actual guerra arancelaria que Estados Unidos ha lanzado desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, con China como principal objetivo. En efecto, sin una visión de desarrollo productivo autónomo, la transición verde corre el riesgo de perpetuar la dependencia tecnológica y económica de los países del Sur.

América Latina necesita construir una agenda energética que desafíe estas lógicas y abra un profundo debate sobre la justicia energética. Esto implica no solo garantizar el acceso universal a la energía, sino también repensar la gobernanza del sector. La investigación académica tiene un papel clave en este proceso: identificar los mecanismos de exclusión, visibilizar sus efectos y proponer alternativas viables.

Algunas preguntas urgentes son: ¿cómo garantizar que las comunidades puedan participar en la planificación de los grandes proyectos energéticos? ¿Qué impactos tendrá la transición energética sobre el empleo y la estructura productiva regional? ¿Qué papel pueden jugar las cooperativas energéticas y otras formas de gestión descentralizada para garantizar una mayor justicia?

Pobreza energética, justicia y género en América Latina es un llamado a reconocer que la transición energética no es simplemente un proceso técnico: ante todo es un proceso político. Por ello, el libro pone de relieve varias dimensiones estructurales que atraviesan la experiencia energética latinoamericana y merecen especial atención:

● Dicotomía urbano-rural: A pesar de los avances, muchas zonas rurales y comunidades indígenas siguen excluidas del acceso a servicios energéticos modernos, lo que afecta a la calidad del suministro y perpetúa la pobreza energética.

● Impactos en la salud por la quema de biomasa La dependencia de fuentes tradicionales como la leña o el carbón tiene efectos graves sobre la salud, especialmente por la contaminación del aire en espacios interiores. Aunque este vínculo es conocido, aún falta evidencia empírica que dé cuenta de sus especificidades regionales.

● Costos energéticos elevados: En contextos con acceso limitado a la energía convencional, los altos costos constituyen una barrera estructural que limita el acceso de las comunidades vulnerables a las fuentes modernas de energía. Esto exige una revisión del marco regulador bajo el principio de que la energía es un derecho humano.

● Brechas de género: Persisten las desigualdades de género en el acceso a la energía, en la participación económica y política de las mujeres y en los impactos diferenciales de la pobreza energética. En muchos sectores, los roles tradicionales siguen limitando el avance de una verdadera justicia social.

Pobreza energética, justicia y género en América Latina busca contribuir a la construcción de una transición energética que sea equitativa, democrática y profundamente enraizada en las necesidades y aspiraciones de nuestra región. Porque sin justicia social y soberanía energética, no habrá transición justa posible para América Latina.

El Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único que protege explícitamente a los defensores ambientales. Garantiza tres derechos fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales y acceso a la justicia en caso de conflictos ambientales.

Hasta la fecha 24 países lo han firmado, y 17 lo han ratificado (Estados Parte): Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana lo han firmado pero aún no lo han ratificado.

Este tratado fortalece la democracia ambiental y el acceso a los ODS de la Agenda 2030, y permite prevenir conflictos socioambientales desde su inicio, con participación ciudadana real y entornos seguros para quienes defienden el medio ambiente.

Morgera: La transición energética debe ser humana

Desde su designación en 2024 como relatora especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático, la jurista italiana Elisa Morgera ha puesto el foco en una idea clara: no hay justicia climática sin justicia social. Profesora de derecho ambiental global en la Universidad de Strathclyde (Escocia), Morgera ha elaborado informes clave para articular una visión de transición ecológica centrada en la protección de los derechos humanos.

En entrevista con Dialogue Earth, Morgera advirtió que ninguna solución climática puede ser considerada válida si no protege a las personas más vulnerables. “Hoy ningún gobierno da prioridad a soluciones climáticas desde el enfoque de los derechos humanos”, lamentó, subrayando que su mandato busca corregir ese rumbo.

Uno de sus informes recientes plantea la eliminación progresiva de los combustibles fósiles como una obligación bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Basada en evidencia científica y testimonios de comunidades afectadas, la relatora destaca que esta desfosilización debe ser parte de una transición energética justa. Su próximo informe abordará precisamente este punto: cómo garantizar que las energías renovables —y en particular la extracción de minerales críticos que requieren— respeten la naturaleza y a las comunidades locales.

Morgera se muestra especialmente preocupada por el auge del llamado “extractivismo verde” en América Latina, una tendencia que responde a la creciente demanda de litio, cobre y otros minerales necesarios para las tecnologías limpias. “No podemos repetir los errores de la economía fósil. Si la transición energética se basa en un modelo que ignora los derechos humanos y los límites del planeta, fracasaremos”, advirtió.

En ese sentido, hizo un llamado a repensar los modelos energéticos y cuestionar nuestras proyecciones de consumo: “Mitigar el cambio climático mientras se destruye la biodiversidad o se vulneran derechos no tiene ningún sentido”.

Morgera también celebró el reciente dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció la emergencia climática como una amenaza a los sistemas que sustentan la vida. “Es un paso clave hacia una gobernanza climática más sólida y alineada con los derechos humanos”, señaló.

Respecto a las responsabilidades del sector privado, especialmente las industrias fósiles y mineras, fue clara: “Los Estados deben promulgar leyes que dejen atrás la era de los combustibles fósiles y obliguen a las empresas a evaluar y prevenir los impactos en los derechos humanos”. Para ello, subrayó la necesidad de mayor transparencia, espacios de diálogo y acceso a la justicia para las comunidades afectadas.

También destacó la importancia de la participación pública efectiva. En su visión, tratados como el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Convenio de Aarhus en Europa deben ser centrales en la toma de decisiones climáticas. “Los pueblos indígenas, los jóvenes, los defensores del medioambiente deben tener voz real y capacidad de incidencia”.

En cuanto a la próxima COP30, que se celebrará en Brasil, Morgera cree que su legitimidad dependerá de dos factores: una participación amplia e inclusiva, y compromisos concretos para supervisar el fin de los combustibles fósiles. “Si seguimos permitiendo que los lobbies fósiles influyan en las negociaciones, la COP perderá credibilidad como espacio de acción climática real”, concluyó.