Crisis, deserción escolar y trabajo infantil, un círculo de alto riesgo

La crisis económica, social y política del país hace tiempo que viene dejando datos reveladores a los que se les da relativamente poco importante. Una de ellas es el incremento desaforado de la deserción escolar y el incremento del trabajo infantil, un indicador claro de pobreza en un país y que en Bolivia, para más desazón fue regulado en 2014.

En Tarija se han perdido 4.000 estudiantes en lo que va de año y la Dirección Departamental de Educación considera que la mayoría han marchado a otros departamentos con sus familias buscando nuevas oportunidades, sin embargo, en La Paz se acaba de informar que se han perdido otros 18.000, y ni Santa Cruz, habitual destino, ni Cochabamba, han informado de incrementos en ese sentido.

En 2014 la aprobación de un nuevo Código Niña, Niño y Adolescente llevó a Bolivia a las crónicas de todo el mundo por introducir la posibilidad de que los menores trabajen a partir de los diez años, lo cual es una violación de los convenios internacionales en la materia. Si bien la norma hace una distinción entre trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena –estableciendo para estos últimos el piso etario en 12 años–, prevé una «autorización excepcional» por parte de la Defensoría de la Niñez y pone énfasis en la protección de los derechos de los niños y las niñas trabajadores, el código ha sido duramente condenado por ONG como Human Rights Watch y Anti-Slavery International. Además, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –el organismo mundial responsable en materia de trabajo infantil– ha denunciado oficialmente la violación del Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo por Bolivia y solicitado la modificación de la ley.

A pesar de las críticas, no se ha modificado esencialmente la normativa y el gobierno venía alegando que se trataba de sincerar una situación para a partir de ello, tratar de reinsertar a los jóvenes en la comunidad educativa. Detrás de la aprobación de esta norma, había un largo debate sobre distintas visiones de derechos y medidas de protección y un esfuerzo por considerar las voces de una pluralidad de actores, incluidos los mismos niños y niñas trabajadores. La solución adoptada por Bolivia, entonces, no refleja la falta de voluntad o interés en respetar el marco internacional de derechos humanos en general, y los derechos de la niñez en particular, sino más bien una concepción alternativa y más matizada de los derechos humanos, que trata de tomar en cuenta las especificidades del contexto boliviano.

El trabajo infantil es un fenómeno visible y significativo en Bolivia. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Trabajo de 2008, más de 28% de los niños, las niñas y los jóvenes bolivianos entre los cinco y 17 años –casi 850.000– participa en algún tipo de actividad económica. En 2016 esa cifra había bajado a 302.200 según la Encuesta Continua de Empleo, que tiene otra metodología, y ya en 2019, cuando los ingresos por hidrocarburos habían empezado a caer, ya se había elevado a 307.000. No hay datos más recientes más allá de la observación del fenómeno.

El trabajo infantil se combate con educación

El problema no es solo boliviano, como recuerda la especialista Laurence Cambiaco en una reciente tribuna que se desarrolla a continuación y que se publicó con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y sobre el que Bolivia pasó de puntillas.

“Si no trabajo, mi familia morirá de hambre. Con mis ingresos estoy pagando el alquiler de nuestra casa y asegurando la comida para mí y para mi madre. Por eso sigo trabajando en la tienda”. Esta frase tan dura es de Sumaya, de Bangladés. Tiene 14 años y desde hace dos trabaja en una tienda de ropa. Ahora vive más contenta y relajada, a pesar de las muchas horas que pasa de pie: ha dejado de ejercer como trabajadora doméstica y sus jefes no la maltratan físicamente como hacían en su antiguo empleo.

El caso de Sumaya es el de tantos niños y niñas, como Sétou, Kabir, o Anne, que viven en países como Malí, India o Burkina Faso. Sumaya, dentro de su frágil situación, al menos ahora vive menos amenazada. Otros no tienen la misma suerte. Como ellos, en el mundo hay 160 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años —63 millones de niñas y 97 millones de niños, según la OIT y Unicef— que trabajan. Se trata de uno de cada 10, y entre ellos, casi la mitad realiza trabajos peligrosos.

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un año más, hemos de lamentarnos por un fenómeno que no disminuye. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se marcaron como meta erradicar el trabajo infantil en 2025, o sea de aquí a dos años. Sin embargo, todo apunta a que en esa fecha habrá todavía 140 millones de niños trabajando.

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de la infancia, perjudica su bienestar y es dañino para su desarrollo integral. No hablamos del trabajo que un niño efectúa de forma puntual y ligera, como reponer alimentos o coser algún vestido, o de tareas que, si se ejecutan de forma adecuada, pueden hasta contribuir al aprendizaje y a la socialización de niñas, niños y adolescentes. Hablamos de aquel que priva a la infancia de sus derechos fundamentales, como a la educación, la protección, la participación y la salud, sin olvidarnos del ocio y el juego, tan importantes en esta etapa. Hablamos de erradicar un trabajo que no siempre garantiza su acceso a medicamentos, alimentación y ropa adecuada, y los expone a accidentes y enfermedades por sus duras condiciones (demasiadas horas, manipulación de material pesado o peligroso, exposición a condiciones climáticas adversas). Aquel que los separa de sus padres y madres u otros familiares, haciéndolos vivir en entornos hostiles, y sin relaciones seguras con los pares o personas adultas de confianza. Esta mezcla conlleva una mayor exposición a violencias de todo tipo, incluyendo la sexual. Hablamos también de erradicar formas extremas de vulneraciones de derechos como la explotación sexual comercial y el reclutamiento forzado en grupos armados.

Trabajo infantil Más de un tercio de los niños y niñas en situación de trabajo infantil no están escolarizados. Aquellos que realizan trabajos peligrosos tienen aún menos probabilidades de asistir a la escuela

El trabajo infantil, al provenir de una combinación de causas —la falta de leyes apropiadas, o su implementación, la falta de recursos y el carácter informal de la economía, las carencias en los sistemas de protección social y de educación, normas sociales y prácticas dañinas— se agudiza en situaciones de crisis: el riesgo de trabajo infantil para los que viven en países afectados por conflictos es tres veces superior a la media mundial.

La crisis de la covid-19 ha provocado un receso en los avances hacia la eliminación del trabajo infantil y sus peores formas. Si bien es cierto que regiones del mundo como Asia o América registraron una reducción de la incidencia del trabajo infantil, hay grandes disparidades entre regiones, y a nivel global, la lucha contra este fenómeno está estancada. En África subsahariana, donde la incidencia es la más alta, este ha aumentado en los últimos años y ahora concierne al 23,9% de los niños y niñas. También hay disparidad en las franjas de edad, con un preocupante aumento de los menores de entre 5 y 11 años que ahora trabajan en todo el mundo. A esa edad, lo justo es jugar, beneficiarse de un entorno protector y asistir a la escuela.

Más de un tercio de los niños y niñas en situación de trabajo infantil no están escolarizados y aquellos que realizan trabajos peligrosos tienen aún menos probabilidades de asistir a la escuela. El trabajo infantil afecta al acceso a la escuela, así como a la asistencia y el mantenimiento. Le impide a la infancia aprender de forma adecuada y feliz. Por eso es tan importante garantizar una educación segura, inclusiva y de calidad para todos los niños y niñas. Se debe asegurar la educación obligatoria hasta cierta edad —la misma edad bajo la cual el trabajo esté prohibido —, y fortalecer los sistemas para que la educación respete las necesidades de aquellos niños y niñas que se incorporan después de experiencias de trabajo. Se ha de garantizar la continuidad para los y las adolescentes que quieran seguir estudiando, reforzar los sistemas de formación profesional o técnica, y proporcionar un acceso al empleo seguro.

Hay que educar desde la raíz, fomentando el diálogo y activando la escucha con todos los actores, sobre todo con aquellos que más saben de los riesgos: los propios niños y niñas. Es hora de acelerar los esfuerzos para que tomen conciencia de sus derechos, para que se protejan a sí mismos y a sus pares. Hemos de combatir su invisibilidad, escuchando y entendiendo lo que nos dicen, para así conocer sus realidades, fortalecer sus capacidades y apoyar sus iniciativas. Es crucial que se les deje el espacio para defender su derecho a la educación, pero también a un trabajo digno, lo que significa salario mínimo, condiciones de seguridad y garantía de un horario adecuado a su edad y desarrollo.

Deserción escolar: consecuencia poco ruidosa de la crisis

Hace dos semanas se publicaron datos de deserción escolar en Tarija en 2025. La Dirección Departamental de Educación en Tarija informó con preocupación que 4.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo este año, aumentando el índice de deserción al 3% aproximadamente. Las principales causas detectadas por la institución apuntaban a la migración familiar en busca de mejores oportunidades.

En La Paz las autoridades educativas recientemente informaron que este año se perdieron alrededor de 18.000 estudiantes, aumentando el índice de deserción a 2,5%. Afirman que la situación se debe a que la actual crisis económica del país obliga a los estudiantes a abandonar sus estudios y ayudar a generar ingresos en sus hogares con ventas en las calles.

La realidad actual muestra los retrocesos que estamos haciendo en materia de deserción, donde antes se informaba con satisfacción que en 2021 como país tuvimos una tasa de abandono escolar de 1,45%; en 2022 redujimos a 1,16% y en la gestión 2023 llegamos a 0,64%. Esto quiere decir que de cada 100 alumnos menos de uno abandonaba el sistema educativo, pero estas cifras están aumentando nuevamente.

La educación no solo es un derecho sino es un espacio fundamental de resguardo y protección para nuestros niños y adolescentes. Allí pueden estar más protegidos de la delincuencia, las adicciones, el embarazo adolescente, las violencias, el trabajo infantil, el abandono familiar y la vulnerabilidad en general. A través de la educación pueden tener mayores oportunidades de crecer social y económicamente, de valerse por sí mismos y de esperar un futuro mejor.

La crisis social, económica y política que atraviesa nuestro país no solo se ve nota a nivel macro sino que está afectando a los hogares más desfavorecidos, como ocurre casi siempre, y en este caso toca los derechos de los más pequeños al negarles poco a poco un derecho fundamental como es el de la educación. Esperamos que nuestras autoridades y representantes democráticos tomen en cuenta esta crisis silenciosa, y que cuidar este derecho y espacio fundamental para nuestros niños se hace imprescindible y prioritario proteger; para seguir avanzando en materia educativa en las grandes y desafiantes tareas que aún tenemos como país.

Los retrocesos en materia de abandono escolar son más rápidos que los progresos, cuidar lo logrado se vuelve fundamental para volver a avanzar y ampliar los derechos de niños y adolescentes en nuestro país. No el camino inverso.