Líos políticos derivan en vulneración de derechos de mujeres y menores

Cada 11 de octubre se conmemora el Día de la Mujer Boliviana, una fecha en que la política intenta redituar con felicitaciones, agasajos, y, a veces, con discursos sobre las brechas de género. Este año, entre la bochornosa instrumentalización de las mujeres dentro de cierto partido, El País recopila algunas pugnas que fueron más por acreditarse iniciativas que por alcanzarlas.

En los últimos meses las críticas y vulneraciones a las mayores conquistas para las mujeres surgieron precisamente de la línea política que más dice defenderlas.

Delitos sexuales contra menores

El escándalo que involucra al expresidente Evo Morales sobre un posible caso de estupro ha provocado un debate basado en afinidad, rechazo o posibilidad de redituar con el tema, no tanto en las víctimas.

Desde el Ejecutivo surgió una crítica a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por no aprobar su proyecto para promover la imprescriptibilidad.

Evidentemente, el 13 de mayo de 2023 Presidencia envió el anteproyecto de ley de “lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes”. La redacción surgió tras los delitos del jesuita español Alfonso Pedrajas

Lo que el Gobierno no consideró es que dos meses antes la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana (CC) había presentado un proyecto con el mismo espíritu: reemplazar el delito de estupro, que tiene sentencias de tres a seis años, por el de violación incestuosa, que aplique a cualquier persona que tenga una relación de poder sobre la víctima. Con condenas de hasta 25 años, la imprescriptibilidad de agresiones a menores y establecer la falta de consentimiento como requisito suficiente para tipificar violación.

Ley 348 El partido que coadyuvó a que esta norma se haga realidad y entre en vigencia, es el que ahora la cuestiona y pone en duda su efectividad, basado en algunas experiencias y no en datos concretos sobre la violencia contra las mujeres

Cuando en septiembre la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del oficialismo, criticaron a los opositores y estos apuntaron fallas de redacción, como la posibilidad de abrir casos ya cerrados o la creación de una “comisión de la verdad” compuesta solo por los ministerios de Justicia, Gobierno y Presidencia.

Tratar de conciliar los proyectos no parecía una opción.

Hubo avances recién este 4 de abril, el Senado Nacional aprobó la propuesta de CC y la envió a Diputados. Si la aprueban, el presidente, Luis Arce Catacora, debe promulgarla.

El camino no está allanado. Cuando podía incluirse en agenda la anterior semana, el diputado Erwin Bazán de Creemos denunció que los evistas querían aprobar esa norma para beneficiar a Morales sacando del Código Penal el delito de estupro. Esto es falso, pero su declaración se hizo viral.

Plagio y asistencia familiar

De acuerdo a datos oficiales, cada año se abren más de 30.000 causas por incumplimiento de asistencia familiar.

El 21 de agosto de 2023 el Ministerio de Justicia envió a la ALP el anteproyecto de ley para “Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar” para crear el Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf), que contendrá información de las y los deudores.

También incluye 10 restricciones: acceso a cargos públicos; procesos judiciales por cobro de deudas; retención de pago en el sistema integral de pensiones; aplicación de medidas cautelares; obligaciones registrales y notariales; acceso a planes sociales; créditos; emisión de pasaporte y salida del país; pluralidad de deudas; y prohibición de contraer matrimonio. Incluso se restringirá la obtención de licencia de conducir, a menos que sea por trabajo.

Apenas un día después, CC denunció que el Ministerio había plagiado un proyecto presentado por las diputadas Samantha Nogales, Lissa Claros, Gabriela Ferrer y María Eugenia Reque. Esto consta en la nota dirigida al entonces presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, el 26 de mayo de ese año.

Ferrer informó que el 26 de junio solicitaron reunirse con el exministro Iván Lima, para tratar este tema, pero no recibieron respuesta. Cuestionaron la actitud, pero expresaron predisposición para impulsar el proyecto.

La Comisión de Justicia dio el visto bueno hace meses, pero aún no fue votado. A fines de agosto Nogales criticó que el presidente de Diputados, Israel Huaytari, no lo agende.

Cabe mencionar que la propuesta de CC tampoco era la primera, a inicios de mayo la activista María Galindo de Mujeres Creando dejó en Presidencia una propuesta de Decreto Supremo con medidas similares. Exhortó a Luis Arce a promulgarlo el Día de la Madre, no ocurrió.

Ley 348

La Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia fue promulgada el 9 de marzo de 2013, pero entró en vigencia realmente en octubre de 2014 cuando el entonces presidente, Evo Morales, promulgó su reglamento.

"Quisiéramos seguir reduciendo esta violencia contra la mujer, pero algunas compañeras no denuncian”, dijo en su discurso.

Una década después, el partido que coadyuvó a que esta norma se haga realidad y entre en vigencia, es el que ahora la cuestiona y pone en duda su efectividad. Exige que se modifique, basándose en algunas experiencias y no en los datos que arrojan los casos de violencia y feminicidios.

En abril se movilizaron grupos de activistas “en defensa de los hombres” que se consideran “víctimas” de esa Ley, porque aseguran que las mujeres la usan para encarcelarlos con denuncias falsas.

A ese discurso se sumó nada menos que el senador Andrónico Rodríguez, ahijado político de Morales, quien dijo que la 348 “tiene ojos para ver a los hombres como enemigos, es prácticamente una ley anti hombres”. Luego trató de matizar su premisa y propuso “mejorarla”.

La senadora Patricia Arce, también evista, presentó un proyecto para modificarla porque “atenta contra los derechos de los hombres” y “ha destruido familias”.

Esa política vino de la mano de otras, como el bono Juana Azurduy, la promoción de dirigencia femenina, normas contra la violencia política y discursos supuestamente feministas, que hoy parecen desvanecerse en peleas políticas y, entre otras cosas más, por el resurgimiento de un proceso contra Morales por presuntamente embarazar a una adolescente cuatro décadas menor, usando su poder para actuar en complicidad con la familia o para esquivar la justicia.

Violencia política

El 2012 también fue Evo Morales quien promulgó la Ley 243 contra el acoso y/o violencia política hacia las mujeres.

Ponciano Santos, líder sindical, durante la última marcha evista llamó “mujerzuela” a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien criticaba la manifestación. Lejos de disculparse, ahora que ella lo denunció se siente víctima de persecución.

Tras publicarse los datos del Censo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que quienes critican un bajo crecimiento son precisamente los que tienen hijos, “como la diputada Luisa Nayar”. Pero la diputada Deysi Choque fue más allá al decir que “le da pena” su colega Nayar por no tener hijos y no “aportar” a la sociedad.

El proceso contra Evo Morales abrió la puerta a más discursos machistas. La intimidad de la víctima quedó expuesta, afines al expresidente defienden con poco tacto su "vida privada" y contraatacan exponiendo a otra mujer y su presunta relación con Luis Arce.

Al parecer queda más por delante.