Juana Quispe, el asesinato que mostró lo más oscuro del acoso político
El Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz emitió el 4 de enero la sentencia de 30 años de cárcel para el exalcalde del municipio paceño de Ancoraimes, Félix Huanca, y para el expresidente del Concejo Municipal, Pastor Cutile, por ser los autores del asesinato de la concejala Quispe
El jueves 4 de enero de 2024 la familia de Juana Quispe encontró paz, encontró justicia. No fue fácil, pues esperaron 12 años, de tribunal en tribunal, de audiencia en audiencia, declaración en declaración, para esclarecer el asesinato de la mujer que lo único que exigía era ejercer su derecho como autoridad electa. Algo que sus verdugos no estuvieron dispuestos a aceptar, y la asesinaron.
Tuvieron que pasar casi 12 años para que finalmente se haga justicia. El Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz emitió el 4 de enero la sentencia de 30 años de cárcel para el exalcalde del municipio paceño de Ancoraimes, Félix Huanca, y para el expresidente del Concejo Municipal, Pastor Cutile, por ser los autores del asesinato de la concejala Quispe.
En la determinación, la autoridad jurisdiccional impuso una pena de 15 años de reclusión para Basilia Ramos, exsecretaria del Concejo; y 2 años de cárcel para Exalta Arismedi, quien estuvo con la víctima el 12 de marzo de 2012 y encubrió el crimen cometido entonces.
En la última audiencia del juicio, que comenzó desde la mañana hasta horas de la tarde, las partes del proceso emitieron sus alegatos finales antes de conocer la sentencia por el crimen, considerado como político por la parte denunciante.
Tanto Huanca como Cutile deberán ser recluidos en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, mientras que Ramos en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. En el caso de Arismendi se prevé que se le imponga el “perdón judicial”, es decir, no estará en la cárcel.
“Las hermanas (de la víctima) están muy emocionadas con la sentencia y con los resultados porque son 12 años de esfuerzo, 12 años de haber combatido con el poder que tenían los acusados y sus contactos políticos”, afirmó a ERBOL la abogada de la familia, Valquiria Lira.
El juicio comenzó en febrero de 2023 y en total se realizaron al menos 35 audiencias hasta llegar a la última etapa del proceso. Se tiene previsto que el 9 de enero se dará a conocer la fundamentación y la lectura integra de la sentencia.
Casio Villanueva, tío de Juana Quispe, consideró que la sentencia dictada contra los dos principales autores era “lo justo” a pesar del tiempo transcurrido y más aún cuando ninguno de los involucrados estaba detenido preventivamente.
“Son 12 años que pasaron que no hubo justicia, pero por fin fueron sentenciados”, añadió, mientras que su hermana, Francisca Quispe Apaza, dijo que con la sentencia “por fin” descansará el alma de su familiar.
Denuncias Los casos de acoso y violencia política registrados por el Órgano Electoral ascendieron a 47 en todo el territorio nacional durante la gestión 2023
¿Quién fue Juana Quispe?
Juana Quispe fue conocida por el liderazgo que tuvo en su tierra natal Llojllata Laymini, cantón ubicado en el mismo municipio de Ancoraimes, lo que la llevó a continuar en la carrera política y llegar a ser concejala electa.
Sin embargo, en el camino tuvo que atravesar una serie de trabas y hostigamiento de Huanca y sus excolegas –todos del Movimiento Al Socialismo (MAS) – que la impidieron ejercer su cargo.
La concejala de 42 años había denunciado que era presionada para renunciar, práctica que en Bolivia se conoce como “compromiso forzoso de la gestión compartida”. Seis meses antes de ser asesinada, Quispe advirtió que recibió amenazas de muerte. "No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo, si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir", manifestó la concejala.
Quispe ganó una acción judicial que obligaba a las autoridades a mantenerla en el puesto y ante el incumplimiento de la medida ella los demandó penalmente por "desobediencia a órdenes de amparo".
Dos días antes de la audiencia de resolución del proceso penal, Quispe fue invitada por Huanca a almorzar en La Paz. No se supo nada más de ella hasta el 13 de marzo de 2012, día que la encontraron sin vida. Su cuerpo fue hallado cerca de un río con señales de estrangulamiento.
El caso de Juana Quispe es considerado como “emblemático e histórico” ya que posteriormente se impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
Denuncias que persisten
Los casos de acoso y violencia política registrados por el Órgano Electoral ascendieron a 47 en todo el territorio nacional durante la gestión 2023, informó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas. Las denuncias se hicieron en base a la Ley 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
"En el campo político, persiste el acoso y violencia política hacia las mujeres, eso no podemos negarlo. Este año las denuncias en el ámbito llegaron a 47", dijo la autoridad durante el informe de Rendición de Cuentas 2023.
En el caso de renuncias, se registró a 23 mujeres que dejaron su cargo -dijo Vargas-, dicha cifra podría ser consecuencia de los "acuerdos de gestión compartida" aplicada por algunos representantes de organizaciones políticas.
"El acuerdo de gestión compartida está al margen de la ley, (es una) estrategia informal para vulnerar los derechos políticos de las mujeres electas, porque los ciudadanos han elegido a sus autoridades ya sean estas titulares o suplentes por un periodo de cinco años", añadió.
Según el informe del TSE, el Observatorio de Paridad Democrática, desde enero hasta el 17 de noviembre de 2023, registró un total de 37 denuncias de acoso y violencia política, siendo los departamentos del eje central los que tienen la mayor cantidad de casos.
Es decir, La Paz con 11 denuncias, Cochabamba con 11, Santa Cruz con 7, Potosí con 5, Chuquisaca con 2 denuncias y Beni con 1 denuncia.
Por ello, la Unidad de Género, mediante Observatorio, realizó seguimiento a los casos de renuncias y denuncias por acoso y violencia política registrados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Electoral Departamental (TED) e implementó medidas de acción y prevención.
Una Ley que fracasó
En mayo de 2023 se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley N° 243. Un informe de la Defensoría del Pueblo concluyó que la implementación de esta norma fracasó en virtud a su aspecto sancionatorio, pues no existe un mensaje preventivo y/o disuasivo por parte del Estado boliviano, generándose un mensaje equívoco de tolerancia y permisividad ante este tipo de violencia.
Recuerda que desde la vigencia de la Ley se registraron 515 casos de Acoso Violencia y Política (AVP) por parte del Ministerio Público, que refleja la cultura de denuncia adoptada por las mujeres autoridades. Sin embargo, todas las acciones positivas que se lograron en la temática pasan a un segundo plano al constatarse que únicamente se tiene dos sentencias condenatorias por este tipo de violencia a nivel nacional.
La norma en cuestión tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de AVP hacia las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
Sin embargo, la evaluación firmada por el defensor Pedro Callisaya encuentra problemas e identifica signos de violencia en los Compromisos de Gestión Compartida (CGC) y en los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC).
Estos problemas se habrían presentado en el área rural o periurbana, donde por la necesidad de cumplir la paridad de género se logró la aceptación de las mujeres bajo compromiso del hombre titular de renunciar a mitad de gestión y cuando se cumple esa época, los diputados, asambleístas departamentales, senadores y diputados no renuncian al cargo para dar paso a la suplente.
Una parte del informe afirma de manera taxativa: “el Estado boliviano incumplió con el deber de garantizar el debido proceso, el ejercicio de los derechos políticos, laborales y salariales, por ende, no garantizó a las mujeres — en particular a concejalas y asambleístas departamentales— el derecho a una vida libre de violencia, conforme lo establecido en los artículos 5,1, 23.1, 24, 25.1 y 26 con relación a las obligaciones generales de garantías establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH, artículos 3, 4. f) g) y j), 5, 6, a) y 7, a) b)”.
Recomienda al Ministerio de Justicia consolidar la institucionalización del Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en Situación de Acoso y Violencia Política, brindándole un reglamento de funcionamiento, organización, registro y atención de casos atendidos.
Al Tribunal Supremo Electoral, recomendó, entre otros, desarrollar, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, procesos de socialización, información y capacitación en prevención, atención y protección a mujeres autoridades — en particular, concejalas y asambleístas departamentales— sobre Acoso y Violencia Política, las instancias para su denuncia y la protección estatal ante hechos de violencia vinculadas con los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida.
También sugirió al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” del Ministerio de Justicia, monitorear, realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la Ley N° 243, en particular, en el ámbito de persecución y sanción penal por hechos de Acoso y Violencia Política.
Defensoría: La sentencia no es una garantía
La Defensoría del Pueblo advirtió que la sentencia condenatoria en el caso de la exconcejala Juana Quispe no es garantía de triunfo hasta que esta sea ejecutoriada como juzgada, puesto que podría generarse nuevamente una retardación de justicia en la instancia de apelación.
“Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia recurra a ellos, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental, Maritza Suntura, citada en un boletín.
Por ello, Suntura reiteró que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con este caso en particular, y en ese marco hará el seguimiento correspondiente, “hasta que se pueda tener una sentencia ejecutoriada firme, que pueda cumplirse conforme a procedimiento”.
Recordó que la institución defensorial se constituyó en calidad de veedora, desde febrero de 2023, dentro del caso por el asesinato de Juana Quispe y asistió a cada una de las audiencias para garantizar el debido proceso y que el juicio se desarrolle en el marco de lo establecido por la normativa vigente, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, toda vez que este caso se valoró como emblemático e histórico, ya que dio pie a la aprobación y promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política.
Otros casos
Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que hace el seguimiento a otras denuncias de acoso y violencia política que se ventilan en instancias judiciales.
Dichos procesos judiciales son: el caso de la exasambleista Felipa Huanca contra Rafael Quispe, en La Paz; el caso de la ex asambleísta María Patzi contra el exasambleista Arturo Vegamonte, en Quillacollo; el caso de la exconcejala Norma Hidalgo contra el exconcejal Marco Antonio Espíndola; y el caso de la exconcejal Soraya Destre contra el dirigente cívico Katriel Muller, en Riberalta.