Cachi, el pueblo salteño que le dijo no a la minería

Cachi, el pueblo argentino que está al pie de una de las montañas más altas del continente, el de los mantos de pimientos rojos que se secan al sol, por donde pasa el Camino del Inca o Qhapac Ñan, fue declarado “Municipio No Tóxico y Ambientalmente Sustentable” en noviembre del año pasado. Un grito, una señal contracorriente que retoma la histórica resistencia de ese pueblo diaguita en contra de la opresión de la conquista española. Ubicado a 2.531 metros de altura, para sus habitantes el agua es un recurso clave, vital, que están dispuestos a cuidar para garantizar siembras, cosechas y para que caminar por sus calles continúe siendo una experiencia de paz, en contraste con el vértigo de los grandes centros urbanos.

“Soy nacida, criada aquí y provengo de una familia de agricultores, sé de la importancia de las tareas en el campo y del valor que esto tiene para mi pueblo”, afirma a elDiario.AR la concejala cacheña Nieves Barrios, de 37 años, autora junto a su par Jorge Moya, de la ordenanza que fue aprobada por unanimidad y que bloquea todo tipo de emprendimiento minero en ese municipio. La norma se sancionó el último día hábil de noviembre de 2022 y taxativamente prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, minería de litio y cualquier otro método extractivo. Además, también establece la prohibición del uso de aguas para estas actividades. El Concejo Deliberante del pueblo tiene cinco miembros y ese día se dejaron de lado las diferencias partidarias para votar a favor de la normativa. Nieves milita en el Frente de Todos y Moya es radical, pero en el abordaje de este tema no hubo diferencias y contaron con el apoyo de sus pares.

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La histórica sesión fue también el resultado de una movilización del pueblo que se encendió a fines de octubre de 2022 cuando un medio local hizo público un edicto judicial que determinaba que en ese municipio se habían hallado yacimientos de oro y cobre, y había trascendido que una empresa comenzaría a realizar tareas para su posible explotación. De inmediato reaccionaron en contra las comunidades indígenas de Cachi, Fuerte Alto, El Agarrobal, La Aguada, Las Trancas, Las Pailas, Cóndor Huasi y Pucará Angastaco, entre otras. Entre todas, acordaron un documento que hicieron público en el que se expresaron en contra de cualquier emprendimiento minero que avance sin la previa consulta a los pueblos originarios, como lo establece la Constitución Nacional de 1994.

Así, junto a otros vecinos del pueblo, la plaza cacheña por donde circulan turistas todo el año se convirtió en la sede de asambleas autoconvocadas, en las que todos -con diferencias de matices- coincidieron en que la puesta en marcha de un emprendimiento minero pondría en jaque las actividades sobre las que se sostiene la vida en el valle: la agricultura, la ganadería y el turismo. Se realizaron cinco encuentros, todos durante el atardecer, en los que a veces participaron de manera activa ocasionales turistas, que manifestaron el interés porque el lugar no pierda su esencia y que lo convirtió en uno de los destinos más visitados del norte argentino, integrado al maravilloso y extenso recorrido de la mítica ruta nacional 40, que atraviesa el pueblo.   

Un sospechoso error

Tras la noticia de supuestos yacimientos mineros, los concejales cacheños pidieron informes al Poder Judicial y a las autoridades mineras salteñas, desde donde les comunicaron que la información publicada en el Boletín Oficial de esa provincia se había consignado con un error y que el lote minero no se encontraba en Cachi sino en el municipio lindero de Molinos, a los pies, hacia el oeste, del Nevado de Cachi -o cumbre del Cerro Libertador General San Martín- de 6.380 metros de altura, que es destino habitual de expediciones de montañistas argentinos y del extranjero, en especial de Europa. Por eso, es habitual oír voces con acento inglés, francés e italiano, en los bares y comedores que están alrededor de la plaza del pueblo.

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Aun así la Asamblea de Autoconvocados avanzó en los debates porque en el lote minero en cuestión se encuentra el nacimiento del río Luracatao, la esencial fuente de vida de la región. Debido a que el yacimiento no tendría la cantidad de mineral suficiente que justificaría una millonaria inversión para su explotación y por la frontal oposición vecinal, la firma Los Yacones SRL, a nombre de quien está la propiedad en Molinos, comunicó de manera oficial a la Jueza del Juzgado de Minas de Salta que abandonaba los estudios de factibilidad para un emprendimiento minero. “Igual no nos quedamos tranquilos y decidimos perfeccionar ordenanzas que ya existían, desde 2007, en contra de la minería de uranio y el uso del agua. Y así nació nuestro proyecto más integral”, señaló Nieves a este medio.

Unos días después de la sanción el intendente radical Américo Liendro, que no participó de las asambleas, pero sí envió en su representación al secretario de gobierno Manrique Burgos, promulgó la norma.

Concejos contra el impacto minero

Antes que finalice el 2022, Cafayate fue la sede de un encuentro de concejales de distintos pueblos vallistos y de diversos partidos políticos que están en contra del impacto de la minería. Deliberaron, entre otros, representantes de los municipios La Poma, Payogasta, Molinos y Seclantás. El objetivo es que en todos ellos, al igual que en Cachi y en Cafayate, sus concejos deliberantes sancionen ordenanzas como la aprobada en noviembre por el cuerpo deliberativo cacheño. La tarea no será fácil, aseguran, en una provincia como Salta que hizo de la explotación del litio y del oro, una fuente de ingresos de dólares de mucha relevancia para el erario público.