El pulso brasilero, al detalle
Brasil y la polarización electoral permanente
La recta final de la campaña está siendo especialmente convulsa entre Bolsonaro y Lula da Silva, una pelea que ha dejado sin opciones a cualquier tercera vía. La democracia en sí parece amenazada
El presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acaparan el protagonismo en las elecciones que culminarán el 2 o el 30 de octubre, en una bipolarización dictada por la historia reciente que pone en juego la democracia en Brasil.
No hay lugar para la llamada tercera vía en una disputa electoral así puesta, pese el alto índice de rechazo que la población apunta a los dos candidatos, en las encuestas. Bolsonaro no tendrá “de ninguna manera” el voto de 52 % de los entrevistados por el Instituto Datafolha del 20 al 22 de septiembre. A Lula lo descarta 39 %.
Esa repulsa al presidente ultraderechista y a su adversario izquierdista alentó a media docena de políticos denominados de centro a postular una “tercera vía” como alternativa a la radicalización que envenena la política brasileña desde las elecciones presidenciales de 2018 en que triunfó Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército.
La supuesta lógica no resultó. El rechazo a los dos favoritos no se tradujo en la preferencia a alguno de los demás. Tres desistieron antes de formalizar sus postulaciones y los demás amarran escasas intenciones de voto en las encuestas.
Rechazo Bolsonaro no tendrá “de ninguna manera” el voto de 52 % de los entrevistados por el Instituto Datafolha, a Lula lo descarta 39 %.
Todos los datos apuntan a Lula como probable vencedor, con posibilidades de triunfar ya en la primera vuelta el 2 de octubre, para lo que necesita alcanzar más de mitad de los votos válidos. En una eventual segunda vuelta, el 30 de octubre, Bolsonaro sería su seguro adversario.
Esa disputa repite lo sucedido en 2018, cuando Lula, quien gobernó el país entre 2003 y el último día de 2010, era también el favorito en las encuestas, pero no pudo ser candidato porque estaba preso desde abril de 2018, condenado en dos instancias judiciales a 12 años de cárcel por corrupción.
Su sustituto indicado por el Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, obtuvo 44,87 % de los votos en la segunda vuelta, contra 55,13 % de Bolsonaro.
Liberado el 8 de noviembre de 2019, después que el Supremo Tribunal Federal restableció una vieja regla de encarcelamiento solo después de agotadas todas las cuatro instancias judiciales, Lula obtuvo luego la anulación de los juicios en que sufrió condenas y pudo volver a la actividad política con plenos derechos.
Desde entonces aparece como favorito a volver a la presidencia de la República, mientras Bolsonaro perdía popularidad por la desastrosa gestión de la pandemia de covid-19 por su gobierno, por sus propias brutalidades contra mujeres, periodistas y minorías, el desmontaje de políticas sociales y ambientales y los ataques a las instituciones democráticas.
Democracia versus extrema derecha
La actual campaña electoral desnuda el conflicto entre dos cauces históricos que disputan la conducción del país desde mediados del siglo pasado: la extrema derecha de matriz militar, que gobernó el país en la dictadura de 1964-1985, y fuerzas democráticas con ambiciones sociales, ahora encabezadas por Lula y su PT.
Es el mismo antagonismo ocurrió en 1964 y 2018, con triunfos de las fuerzas ultraderechistas, que juntan el anticomunismo militar, el moralismo religioso y los intereses empresariales de corto plazo.
En 1964 fue necesario un golpe militar, inaugurando un gobierno castrense, pero en 2018 esas fuerzas autoritarias y retrógradas ascendieron al poder por vía electoral, favorecidas por la desmoralización de los políticos civiles, ante escándalos de corrupción sistémica, y una crisis económica.
Las fuerzas democráticas triunfaron en 1985, con el fin a la dictadura, e inauguraron lo que se llamó Nueva República, en un proceso de redemocratización que tuvo gobiernos de distintos matices, pero con avances civilizatorios, sociales, educacionales y seguidas crisis económicas.
Ahora se trata de reanudar ese cauce, bajo liderazgo del laborismo, que tuvo origen en los años 30 del siglo pasado y se organizó en el Partido Trabalhista Brasileño (PTB), fundado en 1945 y extinto por los militares en 1965, que representó la corriente más progresista en el campo democrático.
Lula promueve el frente democrático
Lula es el renovador de esa vertiente con el Partido de los Trabajadores que él mismo fundó en 1980, tras una década de luchas sindicales como líder de los obreros metalúrgicos de São Bernardo do Campo, entonces capital de la industria automovilística, en la región metropolitana de São Paulo.
Ahora, nuevamente como candidato presidencial trata de componer una amplia coalición que reúne gran parte de las fuerzas que se opusieron a la dictadura militar y promovieron la redemocratización del país, la llamada Nueva República nacida con el fin del período dictatorial.
Lula eligió para su compañero de fórmula, como candidato a la vicepresidencia, a Geraldo Alckmin, su oponente en las elecciones de 2006, postulado por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el principal adversario del PT desde 1994.
Varias adhesiones de antiguos antagonistas configuran el nuevo frente democrático que se formó al lado de Lula para enfrentar a la extrema derecha, tal como se hizo antes de 1985 contra la dictadura militar.
En ese cuadro, con las bases electorales de Lula y Bolsonaro consolidadas en décadas de historia, queda prácticamente imposible el ascenso de los candidatos que intentan conquistar votos por oposición a los dos “polos”, aprovechando sus elevados índices de rechazo popular.
La arrinconada tercera vía
Ciro Gomes, postulado por el Partido Democrático Trabalhista (PDT, de izquierda), ataca duramente la corrupción de los dos favoritos y se presenta como el portador de las soluciones que necesita el país, especialmente en el campo económico. Pero las encuestas apuntan su estancamiento en 7 % a 9 %.
Sus acusaciones cada día más brutales contra Lula conspiran contra su futuro político. Como segundo mayor líder de la izquierda laborista, podría heredar el legado de esa corriente con la probable jubilación de Lula al final de su probable mandato en 2026, pero destruyó esa posibilidad.
Está sufriendo la pérdida de apoyos para el frente democrático, que atrae personalidades, como el cantautor Caetano Veloso, antes un adepto de Gomes, ahora dispuesto a votar por Lula en busca del triunfo en la primera vuelta.
Simone Tebet, candidata del Movimiento Democrático Brasileño, coaligado con otros partidos de centro, es menos vulnerable a ese arrastre, incluso porque probablemente la mayoría de sus electores tienden a votar por Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.
Es beneficiaria del voto femenino, blanco principal de su prédica, como la más popular entre las candidatas. Pero no logra superar 5 % de las intenciones de voto en las encuestas.
Otra, Soraya Thronicke, del partido Unión Brasil, más derechista, enfrenta más dificultades, ya que disputa votos en los sectores dominados por Bolsonaro. Las encuestas le atribuyen entre 1 % y 2 %.
Amenazas de Bolsonaro al Supremo Tribunal Federal y sus ataques al sistema electoral, buscando desacreditar las urnas electrónicas que funcionan en Brasil hace 22 años sin problema alguno, amplió el movimiento de defensa de la democracia entre juristas, intelectuales, universidades e incluso empresarios antes cercanos al gobierno.
Ese movimiento converge en el apoyo a Lula, al haberse afirmado como el candidato más viable para derrocar al gobierno de extrema derecha.
La continuidad del gobierno aviva la alarma en crecientes sectores de la opinión pública, por su acción destructiva en áreas como la educación, la ciencia y la tecnología, el ambiente, la seguridad pública al promover el armamentismo, la salud y la diplomacia.
Bolsonaro intenta reelegirse con un general retirado como el vicepresidente en su fórmula, Walter Braga Netto, exministro de Defensa. Repite 2018, cuando el general retirado Hamilton Mourão cumplió la función de afianzar la representación militar en su gobierno ultraderechista.
Bolivia - Brasil y la relación basada en el gas
Bolivia y Brasil mantienen una larga relación basada, fundamentalmente, en el intercambio de gas. De hecho, la balanza comercial en los últimos años se mantiene estable en un intercambio de unos 1.500 millones de dólares. En 2017 (-111) y en 2019 (-47) incluso hubo saldos en favor de Brasil. Sin embargo, en los años de precios del gas altos y buena relación, como en 2013, el saldo fue favorable a Bolivia en 2.425 millones de dólares superando el techo de 4.000 millones de ventas.
El contrato se negoció en 1995 y se empezó a operar en 1999 mientras que a la par, Petrobras afianzaba posiciones en Bolivia. Esto no cambió con el ingreso al poder de Lula da Silva (2003) y Evo Morales (2006), quienes ya tenían firmes sinergias como parte del Foro de Sao Paolo. La buena relación entre ambos gobiernos era evidente, aunque como todo en aquella primera época de “socialismo del siglo XXI”, se materializó poco.
Uno de los puntos álgidos de esa buena relación llegó en 2014 cuando Brasil pagó 450 millones de dólares extras en reconocimiento a los licuables contenidos en una sexta parte del gas exportado y no aprovechado desde la adenda de 2007 hasta que se puso en marcha la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Para entonces los problemas con la justicia brasilera de Lula da Silva y de Dilma Roussef ya habían empezado. En un largo proceso de impeachment parlamentario llevado a cabo en medio de las citas del Mundial y los Juegos Olímpicos que pusieron al país vecino en los ojos del mundo, Dilma fue destituida por uno de los parlamentos más convulso y corrupto del continente.
El Gobierno de Evo Morales, tras unas pocas declaraciones de condena, no tardó apenas un mes en restablecer relaciones con el gobierno del beneficiario del golpe parlamentario, Michel Temer, todo en el marco del gas y la buena vecindad.
Cuando después llegó el proceso contra Lula da Silva y su condena, el propio Morales guardó unas equidistancias impropias. Tampoco nunca lo visitó ni hubo mayor relación que la formal aunque Petrobras se encaminaba firmemente a la privatización con su consiguiente impacto en Bolivia.
Morales también asistió a la posesión de Bolsonaro el 1 de enero de 2019 con una cordialidad inusitada. El contrato de exportación estaba a punto de espirar y el gobierno de Bolsonaro no tenía mayor intención de actualizarlo precisamente en el marco de la privatización de Petrobras y la apuesta por la liberalización del sector. En Bolivia sin embargo se alegaba que quedaban volúmenes por entregar y que por tanto, se debía extender automáticamente.
En noviembre de 2019, el de Jair Bolsonaro fue el primer gobierno en reconocer la presidencia de Jeanine Áñez. No en vano, su embajador estuvo presente en las negociaciones de la UCB donde un grupo de “notables” decidió posesionar a Áñez como salida a la crisis.
Solo cuatro meses después, en marzo de 2020, Bolivia y Brasil firmaban una adenda al contrato que beneficiaba enormemente al país vecino al liberarle de los costos de transporte y bajar los volúmenes obligatorios de compra de gas diario.
El silencio de Lula ante lo sucedido con Morales fue atronador.
Frontera convulsa y narco creciente
El otro gran asunto común es el del crecimiento de los cárteles brasileros de la droga en Bolivia, donde se han registrado ya varios episodios de guerra abierta entre clanes por el control del territorio. De momento no hay cooperación binacional contra ello.