Colombia, en la vieja encrucijada del “nuevo” populismo latinoamericano

Una banderola con la consigna “El cambio es en primera” apareció ese domingo 29 de mayo –día de la primera vuelta electoral – sobre un puente peatonal ahora emblemático en Cali. Los muros aledaños a ese puente, –pintados y grafiteados de todos los colores–, se han convertido en un homenaje gráfico a las víctimas de la represión del estallido social del 2021, que empezó como una protesta puntual contra una reforma tributaria, pero se prolongó por tres meses y dejó claro que el descontento de los colombianos era más complejo y profundo.

“El cambio es en primera” fue el lema –y el hashtag– utilizado durante esos días por los seguidores del candidato de izquierda, Gustavo Petro, el gran favorito en todas las encuestas. Lo creían posible porque ningún otro aspirante a la presidencia encarnaba tanto el anhelo de cambio ni había logrado movilizar la rabia y la frustración expresada en las calles en una intención de voto concreta.

Pero a pocos días de la primera vuelta, y ante la evaporación del candidato de los partidos tradicionales y de la derecha, Federico Gutiérrez, apareció la verdadera competencia de Petro: Rodolfo Hernández Suárez, otro candidato populista, anti-política, anti-establecimiento, anti-Petro, anti-Uribe, respaldado por el escritor colombiano William Ospina (quien lo pinta como la cabeza de una tercera vía en Colombia llamada “la franja amarilla”) e impulsado por el estratega político argentino, Ángel Becassino, quien ha sido el verdadero cerebro detrás de su campaña.

Por su físico y su estilo desfachatado, Hernández Suárez ha sido comparado con Donald Trump, Silvio Berlusconi o Jair Bolsonaro. Y, aunque en el pasado golpeó en la cara a sus contradictores o los amenazó con pegarles un tiro, no despierta tantos miedos entre amplios sectores de la población colombiana que un exguerrillero desmovilizado hace más de tres décadas.

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (como se llama el movimiento que ha empezado a construir) es un empresario y constructor de 77 años de origen humilde. Se define como “ingeniero, no político”, aunque entre 2015-2019 fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad intermedia al nororiente de Colombia. Su discurso es un ataque constante a los corruptos, pese a que él mismo está siendo investigado por un proceso de contratación durante su gestión en la alcaldía.

Y, no obstante, sus comentarios a menudo vulgares, xenófobos o machistas, ha subido en intención de voto en las últimas semanas. Los sondeos más recientes hablan de un empate técnico entre él y Petro para la segunda vuelta del domingo 19 de junio.

Gane quien gane, esta elección es ya un parteaguas en la historia política colombiana y muestra una tendencia que hace que en los recientes procesos electorales de América Latina hacia el populismo que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández sean los finalistas de la contienda electoral. Ello habla mucho de las condiciones actuales del país y también de otros en la región: la crisis social, y económica –acentuada por la pandemia– que amplió aún más la brecha de desigualdad; la crisis institucional y política y la poca relevancia de los partidos tradicionales y sus maquinarias; el creciente poder del Big Data, los algoritmos y las redes sociales para comunicarse y captar votantes; y una transformación en las preferencias electorales de los colombianos que ya no eligen presidente por su postura  a favor o en contra de la guerra.

“Las actitudes políticas de los colombianos se están reorganizando. Y cuánto han cambiado, porque se están pareciendo más a sus vecinos,” dice a OjoPúblico Julio Carrión, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Delaware y autor del libro Populismo: una teoría dinámica del poder en los Andes. “Hay un patrón que es indicativo de las condiciones objetivas de Colombia ahora y que fueron similares a las que vivió Perú en los 90 antes de la elección de Fujimori: la gente percibe que su situación es intolerable. Y es en este tipo de crisis que los populistas llegan al poder”.

El fin de la excepcionalidad política colombiana: la guerra

Durante décadas, los analistas colombianos repitieron que las FARC ponían al presidente. Con eso querían decir que la guerra, especialmente con ese grupo guerrillero, era la que marcaba la agenda y terminaba definiendo el voto por candidatos que ofrecían o una salida negociada al conflicto o una derrota militar de los insurgentes. Pero este eje político, que diferenciaba a Colombia del resto de países del continente, empezó a mutar luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016.

“El proceso de paz no acaba con la violencia, pero sí acaba con el discurso del conflicto armado como factor determinante de las elecciones'', dice a Ojo Público Laura Gamboa, politóloga colombiana y profesora de la Universidad de Utah.

Esto no se ve tan claramente en las elecciones del 2018, porque el acuerdo de paz era aún muy reciente, pero sí hay un cambio definitivo cuatro años después. Los votantes de la primera vuelta electoral provienen de sectores mayoritariamente urbanos, ciudades grandes e intermedias, a quienes el tema de la guerra o el conflicto armado no les toca ya.

En los municipios rurales más apartados de algunos departamentos hay miles de colombianos que aún sufren las tomas o paros de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo. Pero son una minoría electoral en un país más preocupado por la falta de empleo, la corrupción o el incremento en el valor de los servicios públicos y que se debate entre la disyuntiva de cambio o continuidad.

La pandemia y la desesperanza

“Hubo crisis económicas en los 80 y 90 en varios países de la región, y en Brasil o Argentina los partidos políticos lograron sobrevivir a esas crisis. Ahora no; este es un momento distinto. La gente se empobreció y la paciencia con los políticos y partidos tradicionales se agotó. Es un fenómeno histórico el que estamos viendo”, dice a OjoPúblico Christopher Sabatini, analista senior de Chatam House para América Latina. 

Esta crisis económica global es consecuencia de la pandemia, pero Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas. En la última medición del Barómetro de las Américas (LAPOP), el 67% de los colombianos dijo que su situación económica empeoró a raíz de la covid y eso tiene una correlación directa con las cifras de inseguridad alimentaria, que pasaron de 14% en el 2014 a 40% en el 2021.

Además de pasar hambre durante las cuarentenas, perder el trabajo (o la fuente de ingresos) y sufrir alzas en los precios de los alimentos y otros productos y servicios a causa de la inflación, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en la región. “La pandemia solo agudizó el problema de las inequidades previas”, dice a OjoPúblico Gamboa.

Esta crisis incide en las preferencias políticas de la gente, como lo refleja bien otra encuesta, el Democracy Perception Index, realizada entre marzo y mayo de 2022 en 53 países. Los encuestados señalaron que la mayor amenaza para sus democracias era la desigualdad económica (68%) y que, en lo relativo a América Latina, los gobiernos solo beneficiaban a una minoría.

Sondeos Petro pasó del 40 por ciento y Hernández llegó al 28%, pero las encuestas dan un empate técnico en segunda vuelta

“La discusión para muchos votantes no es si la economía está bien o mal; es que la promesa de ascenso social se vació por completo”, dice a OjoPúblico Michael Penfold, profesor del IESA en Caracas y fellow del Wilson Center en Washington. Los populistas quieren atraer a ese tipo de votantes que, según Penfold, se pueden dividir en dos categorías: los que creen que las ayudas económicas no les llegan porque hay un problema de reparto ineficiente, o no hay tantos recursos, y los que creen que no les llegan porque los políticos o funcionarios públicos se los roban.

En el Democracy Perception Index, la corrupción es la segunda causa que amenaza las democracias (66%). En América Latina ese porcentaje aumenta todavía más y ronda el 80%. Esto tiene relación con otra percepción igual de preocupante, en la cual se destacan Brasil, Colombia y Perú como los países con mayor número de personas convencidas de que los políticos son corruptos (Colombia 78%, Brasil 79%, Perú 80%), según la última medición del Barómetro de las Américas. En los tres países, investigaciones por el caso Lava Jato y Odebrecht han salpicado a presidentes, expresidentes, ministros y otras figuras políticas importantes.

Ante ese panorama, no es extraño que los votantes colombianos se inclinen por dos candidatos populistas, aunque señala Penfold, no representen el mismo tipo de populismo: “Hernández quiere una disrupción del funcionamiento del Estado, a lo Trump, y Petro apuesta más por una reforma de la política social, más clientelar y distributiva”. Y en esa apuesta, mientras que Petro aumentaría el gasto social y ampliaría el aparato del Estado, Hernández lo reduciría a su mínima expresión para cumplir con sus promesas de campaña.

El boom de los datos y las redes

Hay otro factor que explica el auge de candidatos como Petro y Hernández: el declive de los partidos y el auge de una política más personalista y cada vez más dependiente del Big Data, las redes sociales y los algoritmos para hacer campaña y conformar un ejército de seguidores.

Mientras Petro es líder en twitter, donde tiene una legión de seguidores ideológicamente formados, Hernández ha arrasado en TikTok con videos humorísticos con lemas simples que se han posicionado entre los más jóvenes.

El populismo en el Congreso y en el poder judicial

“El éxito de los populistas, sea quien sea, Cristina Fernández o Donald Trump, es que generan incertidumbre”, dice Manfredi. Pero mientras mantienen a sus seguidores en un sube y baja emocional que ayuda a su popularidad, la falta de certezas y garantías puede acarrear graves consecuencias políticas y económicas para el país.

Los analistas de riesgo y los académicos ya especulan cuál de los dos candidatos será menos pernicioso para la ya maltrecha o “defectuosa” democracia colombiana, como la calificó The Economist, en su más reciente medición del Índice de Democracias en el mundo, en el que ocupó el lugar 59 y el décimo en Latinoamérica.  En los últimos días, las adhesiones de otros candidatos, líderes políticos y de opinión que públicamente se han acercado a una u otra campaña, lo han hecho también con este criterio. Quizás, en algunos casos, han hecho cálculos de que es mejor estar más cerca que lejos de ellos, porque así podrán influir o moderar algunas de sus propuestas o impulsos autoritarios. En otras palabras: dónde pueden hacer un mayor control de daños.

Uno de los grandes interrogantes con ambos candidatos es cómo serán sus relaciones con los otros poderes: si tratarán de buscar coaliciones o si van a plantear un enfrentamiento de entrada, dado que ninguno de los dos tendrá el apoyo mayoritario del Congreso. Petro cuenta con más posibilidades porque su movimiento, el Pacto Histórico, tiene una bancada numerosa y quizás podría armar una coalición más amplia con algunos sectores del Partido Verde y hasta del Partido Liberal. Además, al haber sido congresista durante tantos años, sabe cómo se negocian los proyectos de ley y apoyos necesarios para una u otra iniciativa. Hernández, por el contrario, no tiene un solo congresista ni experiencia alguna en el arte de negociar con parlamentarios, a quienes considera unos “vagabundos” y amenaza con recortarles prebendas, viajes y el uso de carros oficiales.

También está el interrogante con el Poder Judicial. Rodolfo Hernández ha anunciado ya un posible enfrentamiento con las cortes, especialmente la Constitucional, pues dijo en una entrevista que tiene listos algunos decretos para implementar al día siguiente de tomar posesión, entre ellos uno que declara el estado de conmoción interior. “Queda en firme mientras que lo tumba, si es capaz de tumbarlo, la Corte. Vamos a ver. Ese decreto lo que persigue es que todo lo que hagamos quede en firme y poder agilizar”, dijo el candidato sobre sus planes de tomar decisiones con facultades y poderes especiales, rompiendo el equilibrio de poderes y recordando lo que hizo el expresidente Alvaro Uribe Velez apenas fue elegido en 2002.

“No se puede entender el ascenso de los populistas sin entender los fracasos de los gobiernos y presidentes anteriores. Uno habla de instituciones, pero estas son manejadas por hombres de carne y hueso”, dice Carrión. A menudo se piensa que los populistas son los que destruyen las instituciones cuando llegan al poder, pero ya está claro que lo ganan porque existe una debilidad institucional previa, y esto es justo lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años.

Para Laura Gamboa, uno de los legados del presidente Iván Duque es que la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría, entre otras, se han deslegitimado y muchos colombianos tienen hoy la percepción de que se han vuelto más partidarias o parcializadas, además de ineficientes. Incluso, las Fuerzas Armadas, con una larga tradición de no intervenir en política, han roto su neutralidad con unas declaraciones del comandante de las FFMM, el general Eduardo Zapateiro, en contra de Gustavo Petro, cuando éste insinuó vínculos entre los militares y el Clan del Golfo.

Tanto Petro como Hernández buscan confrontar y ambos han descalificado a sus adversarios o detractores, en algunas ocasiones tratándolos como enemigos, que es otra de las características de los populistas, según Nemer: “Con ellos se trata siempre de tener una narrativa para que sus bases crean que están intentando hacer un montón de cosas, pero que no los dejan. Siempre hay un culpable, un enemigo, interno o externo”.