La impunidad también está presente
¿Cuáles son los países más corruptos de América Latina?
“Que se vayan todos” reza una pancarta en la cabecera de una manifestación contra la corrupción por las calles de Lima, en Perú. Esa demanda contra la corrupción es un repetido llamado en las protestas populares en América Latina
Los países de América Latina obtuvieron una puntuación baja en el más reciente índice de corrupción de Transparencia Internacional, y aquellos que tuvieron los peores puntajes llegaron a los niveles de los países bajo dictadura o devastados por la guerra.
De los 19 países latinoamericanos evaluados, tres cuartas partes obtuvieron puntajes por debajo de 50 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021. El peor de todos fue Venezuela, que obtuvo un puntaje por debajo de Corea del Norte y Afganistán.
Con base en evaluaciones de expertos en los diferentes países, analistas de negocios y organizaciones internacionales, el índice clasifica a los países en una escala de 0 a 100.
Los puntajes por debajo de 50 indican problemas flagrantes de corrupción.
Los datos recopilados por Transparencia Internacional analizan aspectos como los sobornos, la malversación de fondos públicos, la utilización de los puestos por parte de los funcionarios públicos para beneficio privado, los conflictos de intereses y las protecciones legales para quienes denuncian la corrupción.
A los países del Caribe les fue mejor en el índice. De los 10 evaluados, seis obtuvieron puntajes por encima de 50, aunque ninguno estuvo por encima de 65.
Cuando se excluyen Canadá y Estados Unidos, el puntaje promedio de la región es de 41, lo que lo ubica un poco por debajo del promedio mundial, de 43. Y sin el Caribe, la cifra cae a 37.
A continuación, InSight Crime desglosa los puntajes en la región, que sigue plagada de corrupción.
Puntajes entre 0 y 25: muy corruptos
Por séptimo año consecutivo, Venezuela mantuvo el título del país más corrupto del hemisferio occidental, con una puntuación de 14, un mínimo histórico en el país.
Según InSight Crime, Venezuela se ha convertido esencialmente en un Estado mafioso. Funcionarios e integrantes de las fuerzas de seguridad de todos los niveles están involucrados en actividades delictivas. El desfalco de las arcas estatales es rampante, y el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras economías criminales son generalizados.
Se sabe que los funcionarios del gobierno venezolano colaboran con las pandillas. Las fuerzas de seguridad del Estado se han confabulado con el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) para tomar el control de las minas de oro ilegales en la Amazonía.
La descomposición en Venezuela comienza en la cima, con el presidente Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros delitos.
Justo por encima de Venezuela se encuentran Haití y Nicaragua, cada uno de los cuales obtuvo una puntuación de 20.
Haití experimentó un ligero repunte en comparación con los últimos dos años, ya que los efectos del asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, en julio de 2021, apenas comienzan a sentirse.
Por su parte, el puntaje de Nicaragua llegó a un nuevo mínimo. Esto no es sorprendente, considerando que, en el proceso de ganar su cuarta elección presidencial consecutiva, el presidente Daniel Ortega utilizó el sistema de justicia del país para silenciar a los opositores políticos, algunos de los cuales fueron encarcelados o sometidos a diversos abusos.
Honduras también alcanzó un nuevo mínimo, con un puntaje de 23, que iguala al país con Irak. Este bajo puntaje se debe en parte a las acusaciones que vinculan al expresidente del país, Juan Orlando Hernández, con la red de narcotráfico de su hermano.
Por otro lado, el puntaje de Guatemala no varió con respecto al año anterior y se mantuvo en 25. El país empató a Irán. La baja calificación del país se explica por las investigaciones de corrupción en los altos niveles y a la destitución de quienes investigan la corrupción.
Puntajes entre 26 y 50: problemas de corrupción
El puntaje promedio de percepción de la corrupción global fue de 43 sobre 100. De los 16 países de América Latina y el Caribe con menos de 50, catorce estuvieron por debajo del promedio mundial.
Los países que se ubican en este grupo son Paraguay (30), República Dominicana (30), Bolivia (30), México (31), El Salvador (34), Panamá (36), Ecuador (36), Perú (36), Brasil (38), Argentina (38), Colombia (39), Guyana (39), Surinam (39) y Trinidad y Tobago (41).
Solo Jamaica (44) y Cuba (46) obtuvieron puntajes más altos que el promedio mundial.
En el caso de Paraguay, el año pasado InSight Crime publicó una investigación que revela que un congresista paraguayo conspiró con un presunto narcotraficante para proteger los cargamentos de cocaína a cambio de dineros ilícitos.
La disminución del puntaje de El Salvador refleja la creciente corrupción al interior del gobierno del presidente Nayib Bukele, lo que incluye la decisión de clausurar la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (Cicies) después de que dicha entidad comenzó a investigar a varios miembros de la administración de Bukele por mal manejo de los fondos de emergencia para hacer frente al coronavirus.
Además, en 2021, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista negra a dos funcionarios con estrechos vínculos con Bukele por presuntamente hacer tratos con pandillas callejeras.
El desplome del puntaje de Ecuador también era de esperarse. El país se ha convertido en una ruta clave de tráfico de drogas, armas, explosivos y migrantes. Y la corrupción ha carcomido las instituciones estatales.
La disminución del puntaje de Perú se produce en un momento en que el presidente Pedro Castillo enfrenta acusaciones de corrupción que han llevado a impugnaciones políticas; y en Argentina, los casos de corrupción por parte de autoridades judiciales han creado la impresión de impunidad.
El IPC comparativamente alto de Cuba puede ser sorpresivo para algunos, dado que es un Estado unipartidista.
Si bien el bajo puntaje de percepción de corrupción de Cuba refleja las medidas tomadas para controlar la corrupción durante las administraciones del expresidente Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz Canel, la corrupción política sigue siendo un problema, y el bajo puntaje podría ser más un reflejo de las restricciones del país a la libertad de prensa.
Puntajes entre 50 y 100: relativamente sanos
Solo tres países latinoamericanos obtuvieron puntajes por encima de 50: Uruguay, Chile y Costa Rica.
Uruguay obtuvo puntajes más altos que Estados Unidos, pero más bajos que Canadá. Transparencia Internacional lo atribuye a “la independencia de su poder judicial y a la protección de los derechos básicos [como factores] vitales para evitar que la corrupción penetre en el Estado [uruguayo]”. Chile, por su parte, igualó a Estados Unidos.
Los países caribeños de Barbados, las Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica y Granada obtuvieron puntajes superiores a 50, lo que indica niveles mínimos de corrupción. Sin embargo, se sabe que todos estos países son centros de lavado de dinero, un aspecto que contribuye a la corrupción en todo el mundo.
La impunidad también campea en Tarija
El departamento de Tarija ha sido uno de los más beneficiados con el boom de la renta petrolera durante la última década y media, lo que lamentablemente se convirtió en un foco de corrupción inmediato. Casos que, además, nunca parecen concluir.
Al exgobernador Mario Cossío se le abrieron una docena de casos de corrupción, desde los de la contratación de la Piscina Olímpica, hasta el famoso caso Imbolsur, por la compra de cemento asfáltico en el que no se hubiera renovado convenientemente una boleta de garantía. Cossío fue suspendido como gobernador en 2010, pero salió absuelto en primera instancia siete años después. Por el camino se denunció como irregular la adquisición de un inmueble por parte de la hermana del Fiscal Departamental, Gilbert Muñoz, a un precio mucho más bajo que el de mercado de manos de uno de los principales asesores de Cossío.
Su sucesor, Lino Condori, también mantiene pugnas judiciales abiertas, sobre todo por la resolución de contratos y la adjudicación de carreteras a empresas sin experiencia demostrable.
Los casos de corrupción emblemática en Bolivia
Entre esos 25 casos sobresalen los hechos de corrupción ligados a cinco de los siete expresidentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El más emblemático fue el caso Catler Uniservice, descubierto el 27 de enero de 2009 tras la muerte violenta del empresario Jorge O'Connor, cuyo escándalo derivó en la destitución de Santos Ramírez como presidente de YPFB, un personaje de primera línea del MAS que hoy purga 12 años de prisión.
En similar situación, con grandes denuncias de corrupción fueron alejados los presidentes de YPFB, Jorge Alvarado (2006), Manuel Morales Olivera (2007), Guillermo Aruquipa (2008), incluso en la prolongada gestión del extinto Carlos Villegas se descubrió una red de corrupción el 2014 y finalmente, el escándalo del caso "taladros", alejó del cargo a Guillermo Achá este 2017, quien guarda detención domiciliaria en La Paz.
Jorge Alvarado, presidente de YPFB en 2006, fue obligado a renunciar por denuncias de haber realizado supuestos contratos ilegales y lesivos contra el Estado.
El otro caso fue el desvío a cuentas particulares de dirigentes campesinos e indígenas de al menos $us 102,0 millones en el caso del Fondo Indígena denominado Fondioc. A cuyo efecto, están detenidos dos exministras, dirigentes indígenas y los ejecutivos que manejaron dicho fondo, pero sin mayores resultados.
Otro caso está relacionada a los contratos millonarios suscritos con empresas chinas. Más de cinco casos tienen que ver con contratos incumplidos y boletas de garantías ejecutadas como es el caso de la construcción del ferrocarril Montero-Bulo Bulo, donde estuvieron involucradas las empresas China Ralway y CAMC.
Pero el caso más sonado fue el caso en el que involucró a Gabriela Zapata expareja de Evo Morales con la China CAMC, donde se puso en duda los contratos millonarios del Estado adjudicados a la empresa china por un valor superior a 500 millones de dólares.
En agosto de 2006 la Cancillería denunció la falsificación de visas a chinos, ese hecho implicó en el escándalo a los entonces senadores del MAS, Santos Ramírez, José Bailaba y Guido Guardia.
El caso de los 33 camiones con contrabando denunciados el 2008 por el entonces presidente de la Aduana, César López, involucró directamente con Juan Ramón Quintana (ministro de la Presidencia). El hecho jamás se esclareció. El 2010, Marlene Ardaya, presidente de la Aduana, descubrió una red de corrupción ligada a sobresueldos, viajes irregulares, viajes de placer, entre otros.
En junio de 2012, Gerson Rojas, exgerente de Plantas de Separación de Líquidos, fue destituido por supuestos contratos irregulares en la adjudicación de la Planta de Río Grande.
En mayo de 2010, Sonia Polo fue destituida de su cargo de ministra de Salud por haber ampliado de manera irregular el permiso de operaciones por 20 años de la empresa Lotex.
Al menos 10 funcionarios del Ministerio de Gobierno, fueron destituidos y enviados a la cárcel por la venta ilegal de 13 mil toneladas de arroz y 273 cabezas de ganado de alta genética incautados al estadounidense Jacob Ostreicher.