El drama y “normalidad” del matrimonio infantil en Bolivia

El matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas, que perjudican particularmente a las niñas y las adolescentes, son una práctica nociva insuficientemente visibilizada en América Latina y el Caribe, sostiene un estudio divulgado por la Cepal.

La violencia y el matrimonio infantil son la triste realidad que atraviesan los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional.

La realidad para las niñas es alarmante y la desigualdad que atraviesan es mayor debido a su género y edad. Plan International Bolivia elaboró un análisis sobre la brecha actual de las niñas en el país, a través del cual reconoce la violencia como una problemática instaurada, e incluso normalizada, en la sociedad boliviana.

Las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado

La organización humanitaria explica que la violencia tiene diversas manifestaciones y presenta una serie de datos que revelan la realidad de las niñas en Bolivia. Esta situación es una contravención a sus derechos humanos y un ataque a su integridad física y emocional.

Matrimonio Infantil

De acuerdo al estudio de Plan Internacional, en Bolivia, la prevalencia del matrimonio infantil o unión forzada temprana es alta. Se estima que 32.344 adolescentes se casaron o unieron antes de los 15 años (3% de la población en este grupo etario), y que el 22% lo hicieron antes de los 18 años.

El reporte señala que el matrimonio infantil de Plan International Bolivia (2019) que las adolescentes casadas y unidas tienden a abandonar sus estudios y están frecuentemente expuestas a la violencia de género, así como a un segundo o hasta tercer embarazo durante su adolescencia, incrementándose el riesgo de enfermar o morir por complicaciones del parto.

Embarazo adolescente

El embarazo adolescente en Bolivia es más frecuente en el área rural, donde 2 de cada 10 niñas, adolescentes y jóvenes mujeres menores de 20 años han estado alguna vez embarazadas, siendo más frecuente entre poblaciones de habla indígena que en las de habla castellana: quechua 26,5%; aimara 23,7%, otros 28.1%, castellano 12,0% (INE, 2016).

Este delito está normalizado en Bolivia

Violencia

Los índices de violencia hacia la niñez y de género son alarmantes. Por ejemplo, en Bolivia el 2020 se reportaron 51 infanticidios y 108 casos de violación infantil en medio año. Hasta marzo de 2021, la Fiscalía General del Estado reportó 5 infanticidios y 282 casos de violación a infantes, niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, a través de una encuesta realizada por un proyecto de Plan International (2020), se identificó que 44,6 % de las niñas, adolescentes y jóvenes conocieron o vivieron un delito de violencia durante la pandemia; sin embargo, un 91,9% no hizo una denuncia. En línea con lo anterior, 80% de las chicas encuestadas reveló no conocer un número de institución de protección a la niñez, adolescencia y mujeres para denunciar.

Violencia en línea

Plan International a través del estudio Conectadas y Seguras (2020) identificó que el 46% de las niñas fueron víctimas de acoso en línea alguna vez en sus vidas; que el 88% de ellas cree que está expuesta a vivir hechos de violencia y acoso digital. Asimismo, el 55% de las niñas aseguran que hay más casos de acoso en línea que en las calles y, en su mayoría, creen que la plataforma digital en la cual se dan más casos de este tipo es Facebook.

Una violación a los derechos humanos

El matrimonio infantil “es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas”, asentó el estudio en el que participaron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años y “eliminar esa práctica nociva es una meta por cumplir en la región, central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible”, subrayó la Cepal en su último estudio.

Sin acciones e inversiones para atacar las raíces del problema, América Latina y el Caribe tendrá, para el año 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana, alertó el documento.

Los porcentajes de niñas y adolescentes afectadas varían, desde menos de 10 % en Jamaica hasta más de 30 % en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Guyana y Belice, aunque estos números podrían ser mayores por insuficiencia de datos sobre matrimonios y uniones tempranas, especialmente en el Caribe.

El matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana (último país en legislar la prohibición, en 2021) y Trinidad y Tobago.

En otros todavía se permite el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, los representantes legales o de un juez. Es el caso de Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Dominica, Islas Caimán, Islas Tuscas y Caicos, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Y como “más preocupante” califica el estudio la situación de países donde está permitido casarse antes de los 16 años por “motivos justificados”: Anguila, Argentina, Colombia, Cuba, Guyana y San Cristóbal y Nieves.

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, son “fenómenos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, y marcos legales inadecuados y políticas públicas limitadas, que ponen en riesgo el presente y futuro de las niñas y las adolescentes”.

El análisis sostiene que esas uniones afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales y hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación. Y en algunos países, la pertenencia a pueblos indígenas también se relaciona con una mayor prevalencia.

Son prácticas nocivas, al profundizar desigualdades de género y en particular reproducir la injusta división sexual del trabajo desde muy temprano en la infancia.

Las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –como el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados-, en relación con sus pares niños o adolescentes casados o en unión.

En algunos casos llegan hasta quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) la carga horaria. En tres países con información disponible (Colombia, Guatemala y México), las niñas y adolescentes casadas o unidas dedican más de 40 horas semanales a este tipo de trabajo.

Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia. Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dieron a luz antes de cumplir 18 años.

Ocho de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y en la mayoría de casos se trató de embarazos no deseados.

El estudio sostiene que la existencia de algunas iniciativas y programas públicos es insuficiente frente a la gravedad y consecuencias de este problema, y se registran muy pocos avances en la generación de políticas públicas adecuadas e integrales y con asignación presupuestaria para erradicar esa práctica nociva.

Por ello, plantea una serie de recomendaciones, como impulsar el compromiso político al más alto nivel, visibilizar la situación de los matrimonios y uniones infantiles, y rendir cuentas sobre los compromisos asumidos en esta materia.

Se propone continuar avanzando en los cambios de los marcos legales; garantizar el acceso de niñas y adolescentes a la educación gratuita, universal, sensible al género y culturalmente apropiada, sin ningún tipo de discriminación; y romper el “silencio estadístico” en la materia.