La desigualdad energética también aflora con la pandemia en América Latina

Los efectos de la pandemia de covid y los altos precios de la energía han repercutido en el consumo de combustibles contaminantes en América Latina y el Caribe, lo que acentúa la pobreza energética en la región.

De hecho, en algunos países hay indicios de aumento de quema de carbón y leña, parte de los cuales ya se recogen en algunas investigaciones y parte aún no, por lo reciente de ese incremento y por la tardía atención a los comportamientos de sectores vulnerables como respuesta ante nuevas realidades que afrontan.

Para Macarena San Martín, investigadora de la no gubernamental Red de Pobreza Energética, el fenómeno rebasa la noción de acceso al servicio eléctrico, para considerar aspectos como la calidad y asequibilidad de la energía.

“En todos los países de América Latina, el problema está considerado unidimensional, pero hay que incorporar múltiples factores. El acceso se ha visto con que uno pueda enchufar algo y ya está resuelto. Si bien hoy tienen acceso, eso no necesariamente garantiza que la pobreza no esté presente. Hay también problemas de eficiencia”, dijo a IPS desde Santiago de Chile.

En el centro de Chile, la población consume parafina, un derivado de los hidrocarburos, y gas para uso doméstico y acondicionamiento térmico.

A causa de la pandemia, desde mayo rige la Ley de Servicios Básicos, mediante la cual usuarios vulnerables de electricidad y gas pueden diferir los pagos por esos fluidos, sin riesgo de corte. Pero ese beneficio expira el 31 de diciembre, por lo cual los beneficiarios tendrían que empezar los pagos en febrero próximo, hasta un máximo de 48 cuotas mensuales.

Pobreza energética

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) establece que un hogar padece pobreza energética cuando carece de acceso equitativo a servicios energéticos adecuados, confiables, no contaminantes y seguros para cubrir sus necesidades básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros, y destina más de 10 por ciento de sus ingresos a costear energía.

Si bien la región registra un acceso a electricidad superior a 90 por ciento, zonas rurales y periferias urbanas presentan otra realidad y en algunos casos, la falta del servicio rebasa 10 por ciento, como en Bolivia, Honduras, Haití y Nicaragua, según datos de septiembre de la Cepa.

En Bolivia particularmente, el sector estratégico está nacionalizado y ENDE goza del monopolio tanto en la generación como en el transporte, mientras que la distribución suele estar a cargo de empresas públicas subnacionales. Aún así, no se cumplen las disposiciones constitucionales.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, según coinciden los organismos internacionales, y eso tiene su reflejo en el ámbito energético. Mientras una minoría puede financiar la instalación de paneles fotovoltaicos en sus casas o conducir un auto eléctrico o híbrido a gasolina y electricidad, la mayoría depende de energía sucia o transportes contaminantes.

Cuando el gasto es altamente desigual, como en la región, la consiguiente inequidad energética tiende a aumentar, concluyó un informe de 2020 de tres investigadores de la Escuela de la Tierra y el Ambiente de la privada Universidad de Leeds, en Reino Unido.

Otro reporte, titulado “Las luces son del pueblo. Energía, acceso y pobreza energética” y publicado en noviembre por el no gubernamental Observatorio Petrolero Sur, con base en Argentina, sitúa en casi 22 millones de personas que carecen de acceso a la electricidad en esta región, lo que equivale a 3,3 % de su población total de 667 millones de personas.

Además, 12 % de la población de la región utiliza fuentes de energía no limpia para los servicios energéticos, como en Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Paraguay.

Pobreza Energética El fenómeno rebasa la noción de acceso al servicio eléctrico, para considerar aspectos como la calidad y asequibilidad de la energía

En el sector residencial, el keroseno, gas natural, leña, electricidad y gas licuado -estos últimos los de mayor consumo regional-, sostienen la matriz energética.

En Argentina, cifras oficiales indican que más de la quinta parte de la población vive en pobreza energética, a pesar de tarifas eléctricas y de gas subsidiadas.

En diciembre de 2019, poco antes de estallar la pandemia de covid, entró en vigor en el país del Cono Sur la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contiene la revisión de las tarifas gasífera y eléctrica, para evitar aumentos excesivos, en beneficio de la población económicamente vulnerable.

Jonatan Núñez, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la pública Universidad de Buenos Aires, vincula la falta de acceso a servicio eléctrico en la región con el ingreso económico.

Existe relación “con el trabajo formal, que no solo garantiza el acceso a determinado ingreso, sino también alquilar una vivienda en determinados sectores, posibilidad de acceder a zonas con mejor infraestructura energética. En barrios populares, no se accede a redes eléctricas o de gas. Son tendidos manualmente y eso genera apagones o condiciones precarias que pueden provocar incendios”, señaló a IPS desde Buenos Aires.

En México, la pobreza aumentó a consecuencia de la pandemia, al afectar en septiembre último a más de 6 % de la población urbana y rural, según datos oficiales, no obstante los millonarios programas sociales gubernamentales destinados a atajar la pobreza crónica en el país.

En el ámbito urbano, el gas licuado de petróleo y la gasolina registraron el mayor incremento de precios, mientras que en zonas rurales el carbón y la leña reportaron el mayor encarecimiento, quizá por sustituir a los combustibles fósiles.

Debido al alza de los precios del gas, propulsados por las cotizaciones internacionales, el gobierno mexicano creó la empresa estatal Gas Bienestar, que vende la molécula subsidiada y con un tope máximo.

Brasil, donde la pobreza ya mostraba un repunte antes de la pandemia, también enfrenta los estragos por el encarecimiento del gas doméstico y el consiguiente incremento del consumo de leña.

Pionero de la transición energética por su fomento a la energía limpia y con baja quema de carburantes contaminantes en el hogar, en la mayor economía regional la quema de leña ya rebasó al gas envasado desde 2018, tendencia agudizada desde entonces, según cifras de la gubernamental Empresa de Investigación Energética (EPE).

La existencia de subsidios y tarifas congeladas dificulta la estimación de la desigualdad energética, pues no reflejan los costos reales, según coinciden los especialistas consultados.

La pobreza energética representa un escollo para alcanzar las metas de la internacional Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, el programa a ser aplicado durante el Decenio de la Energía Sostenible para Todos, desde 2014 y hasta 2024, promovido por las Naciones Unidas.

Esa iniciativa busca garantizar el acceso universal a los servicios modernos de energía, duplicar la tasa mundial de mejoras en eficiencia energética y la cuota de las energías renovables en la matriz energética global.

Además, arriesga el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el que promueve una energía asequible y no contaminante. Entre sus metas está el “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, como parte de la Agenda 2030, adoptada en 2015 por los miembros de Naciones Unidas.

Para la chilena San Martín, los gobiernos se enfrentan a un “problema complejo”, pues existen muchas demandas y dificultades.

“El planeta no es infinito. El desafío debe adaptarse a la situación de cada sociedad, condiciones territoriales, culturales. Tenemos que trabajar en cómo usamos la energía. La transición energética debe considerar acceso, calidad, equidad y que no podemos seguir gastando más allá de la capacidad del planeta”, planteó.

Para el argentino Núñez, la solución pasa por considerar a la energía un derecho y no una mercancía.

“La respuesta es bastante escasa. La mayoría de la energía consumida proviene de centrales térmicas de gas y de hidroeléctricas, que están concesionadas a privados. Los servicios siguen en manos de empresas privadas”, recalcó.

Un 10% de la población en Bolivia, sin electricidad

Bolivia pretende multiplicar por 3 la cantidad de energía generada hasta 2030 con fines de exportación, y sin embargo, más del diez por ciento de la población no tiene todavía acceso al servicio de energía eléctrica. Se trata de comunidades pobladas y no de viviendas particulares alejadas, sin embargo, el dato apenas ha variado en la última década, más por cuestiones demográficas que por otra cosa.

El problema tiene diferentes ámbitos. En principio, desde la recuperación de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), que se encarga directamente de la generación; de la Transportadora de Electricidad, que se encarga del Sistema Interconectado y otros tendidos; y la de algunas distribuidoras como Elfec, el sistema eléctrico boliviano está prácticamente en manos de la función pública, pues la distribución está en manos de otras empresas departamentales, como Setar en Tarija, o de cooperativas, como en el caso de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) que opera en Santa Cruz.

Con la asunción de Ende de toda la cadena, los precios del megavatio se incrementaron y muchas empresas de distribución perdieron margen para encarar proyectos de ampliación del tendido, que en muchas ocasiones se financian desde la administración departamental.

La mayor parte de la electricidad que se genera en Bolivia proviene de las termoeléctricas, como la del Sur en Villa Montes – Yacuiba, o de centrales hidroeléctricas. El incremento proyectado tiene que ver con la ampliación de las centrales a ciclos combinados, considerados más limpios pero lejos de los objetivos de descarbonización planteados en los acuerdos climáticos, y a través de grandes represas como las del Bala y Chepete, que tendrán efectos en inundaciones.