Perú, 100 días de “acoso político” a Castillo

La semana pasada Pedro Castillo volvió a salvar uno de esos momentos complejos políticos que se multiplican en Perú, que ya es el país de la región más convulso en términos políticos. El jueves de la semana pasada finalmente se votó la moción de confianza al nuevo gobierno de Pedro Castillo en Perú. Se trata de un mecanismo propio de la Constitución peruana e inédito en las repúblicas presidencialistas: el presidente está obligado a validar su Gabinete en el Congreso.

En este caso, la votación se dilató una semana luego de que el diputado Fernando Herrera Mamani falleciera tras sufrir un paro cardíaco mientras se celebraba la sesión inicial. Finalmente, este jueves el Congreso peruano votó por segunda vez un Gabinete de Pedro Castillo en apenas 100 días de gestión.

Hace apenas dos meses, con una diferencia más holgada (73 votos a favor y 50 en contra), el profesor Pedro Castillo había obtenido su primera victoria parlamentaria, en la que logró la ratificación de su propuesta ministerial encarnada en la figura de su (ahora ex) presidente de Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, un hombre de confianza del presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Bellido renunció el pasado 6 de octubre a su mandato, inmerso en diversas polémicas y tras hacerse notorio su distanciamiento con Castillo.

En esta ocasión, enfrentando incluso a la oposición de parte de su propia bancada, Mirtha Vásquez, abogada ambientalista ligada al Frente Amplio, defensora de derechos humanos y expresidenta del Congreso durante la gestión de Francisco Sagasti, logró la aprobación de su nuevo Gabinete con un ajustado resultado (68 votos a favor, 56 en contra, 1 abstención y 5 ausencias).

El sector que responde al exgobernador de Junín y presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, había denunciado que la caída de Bellido implicaba concesiones al establishment, y declaró que no acompañarían el nombramiento de la nueva ministra. Finalmente 16 de los 37 diputados que forman parte de la bancada de Perú Libre y que responden directamente a Cerrón votaron contra el nuevo Gabinete. “El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda”, declaró el expremier Bellido una vez finalizada la sesión.

Así fue como a la oposición fujimorista se les sumaron 16 votos de Perú Libre: 10 provenientes del ala cerronista, que responde directamente al líder partidario y se referencian en su hermano y vocero, Waldemar Cerrón, y seis votos de último momento, los “díscolos”, referenciados en el congresista por Lima Guillermo Bermejo, que había declarado que acompañaría la propuesta del profesor, pero que cambió de parecer tras la salida del ministro del Interior, su aliado Luis Barranzuela.

Se concreta así una división en la bancada oficial que evidencia, entre otras, las líneas internas que conviven en el Gobierno, pero que responde sobre todo a la batalla por la conducción del proceso entre los dos hombres fuertes del oficialismo, Castillo y Cerrón. La bancada derechista de Avanza País también se fragmentó en el eje centro/periferia y vio como tres de sus diputados votaban con Castillo. El pragmático César Acuña aportó 13 de sus 16 escaños y el centro-izquierdista Acción Popular (AP) 14.

Lo sucedido pone de manifiesto la debilidad y la fragmentación de los partidos políticos en Perú. Perú Libre es un partido con apenas 13 años, de bases ideológicas muy firmes pero sustentado principalmente en la figura de su líder, Vladimir Cerrón. Perseguido judicialmente y estigmatizado desde el poder mediático, Cerrón perdió su pulso con «el profe» y buena parte de su orgánica partidaria se alineó detrás de Castillo.

Castillo, condicionado por el vuelo propio de Bellido y el fuego amigo de Cerrón, consiguió tomar el toro por las astas. Un reordenamiento orgánico para un mandato que empieza a desplegar algunos aciertos de fondo: el ministro de Economía, Pedro Francke, anunció la semana pasada una reforma tributaria que apunta a gravar las rentas altas con ingresos de más de 300.000 soles y a presionar fiscalmente a las grandes mineras que obtienen réditos suntuarios en Perú.

En su exposición del jueves pasado, Mirtha Vazquez reclamó un “renovado pacto constitucional que se sustente en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia”. En 100 días de gestión, con avances concretos como la segunda reforma agraria (orientada a la industrialización de cooperativas de productores), el bono Yanapay (350 soles para gente en situación de pobreza y extrema pobreza), el congelamiento de los precios del gas y el intento en curso de aumentar las tasas impositivas a empresas mineras, la discusión constituyente parece aplazada a la espera de cosechar réditos de una gestión que aún lucha por hacer pie, entre internas, errores no forzados y una derecha mediática radicalizada. Este sí es, quizás, uno de los principales debates tácticos entre Castillo y Cerrón: no tanto los objetivos de fondo sino la velocidad de los cambios.

Y si de errores no forzados hablamos, es necesario hacer mención al episodio que esta semana le costó el puesto al ministro del Interior, Luis Barranzuela. Este policía retirado y abogado del partido Perú Libre fue sorprendido por la prensa mientras sostenía una reunión en su casa, pese al decreto gubernamental que prohíbe los encuentros sociales. Barranzuela aseguró que se trató de una reunión de trabajo, pero la premier ‒en ese entonces no ratificada‒ Mirtha Vázquez pidió su renuncia. Barrenzuela se vio obligado a renunciar y Vázquez se anotó un primer triunfo exhibiendo ejemplaridad.

Tras la salida de Barranzuela llega Avelino Guillén, abogado y destacado exfiscal supremo adjunto que logró las condenas al dictador Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. Si bien Guillén ya había formado parte de los equipos técnicos de Castillo en la segunda vuelta ‒e inclusive participó en el debate‒ su llegada se suma a un clima de época de este nuevo capítulo de la gestión Castillo: el arribo de personalidades con gran prestigio personal pero poco caudal político-partidario.

Popularidad

A cien días de iniciado su mandato, Castillo conserva un 42 % de aprobación en Oriente y 46 % en el sur, según consigna el último sondeo de IEP. Un 25 % de quienes lo apoyan dicen que su mejor virtud es que se preocupa por quienes menos tienen, mientras que un nada despreciable 21 % señala como su principal activo el anhelo de una nueva Constitución. En el estudio se añade que un 36 % declara que la peor cualidad de Castillo es su falta de liderazgo.

Por último, un detalle no menor que refleja la complejidad de fuerzas que se viven en el Perú, fueron los movimientos al interior de las fuerzas armadas de esta semana: tanto el presidente como el ministro de Defensa oficializaron el relevo de comandantes del Ejército y Fuerza Aérea: el comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Chaparro Pinto, fueron removidos en el marco de la discusión por los ascensos en la institución castrense.

A la postre, tras la moción de confianza de Vázquez, Castillo se anota un triunfo pírrico y contradictorio: se le parte su bancada pese a que conserva a una mayoría de leales (21 a 16 dentro de Perú Libre). Releva al ala cerronista del Ejecutivo pero con concesiones importantes a las bancadas conservadoras. Ordena su Gabinete para fortalecer una orgánica más eficaz y ordenada, pero se aleja del objetivo constituyente. Se rodea de personalidades relevantes y con experiencia de gestión, pero con un magro caudal político propio.

En la impredecible política peruana se abre un nuevo capítulo, el segundo de la gestión de Castillo que, con rupturas y continuidades, intenta despegar con énfasis en las medidas sanitarias, sociales y económicas.

Bolivia y Perú, países hermanos con gobiernos no tan iguales

La sintonía entre el Gobierno de Luis Arce en Bolivia y Pedro Castillo en Perú es más evidente que real. Ambos gobiernos se reconocen de base popular y tendidos a la izquierda, aunque no tanto, sobre todo en lo que se refiere a aspectos sociales o de inclusión. Perú y Bolivia tienen tanto en común que sus gobiernos se han tenido que relacionar con familiaridad – como sus pueblos – aunque estuvieran en las antípodas ideológicas, como Jaime Paz y Fujimori o Toledo y Sánchez de Lozada, o Evo Morales que compartió con Alan García – y cruzaron críticas -, Ollanta Humala o el propio Kuczynski.

Lo cierto es que la familiaridad tampoco ha hecho que algún proyecto haya trascendido de forma importante. Jaime Paz negoció Ilo, que nunca se desarrolló, y en los últimos años se habló de una conexión de ductos que tampoco se materializó por falta de voluntad, de proyecto y seguramente, de recursos.

La coincidencia por primera vez de dos gobiernos tan similares parece obligar a uno y a otro a hacer algo en común, pero faltan ideas y el riesgo es que la sintonía vuelva a quedar nomás en eso. En la última cumbre binacional se volvió a acordar prácticamente lo mismo que en las anteriores: “buena onda” y abastecimiento de gas en el sur de Perú, que obliga a Bolivia a hacer unas inversiones que lleva postergando demasiado tiempo.

Las coincidencias entre Perú y Bolivia tienen también que ver con los poderes que la atraviesan, que esencialmente son los mismos: Minería, hidrocarburos y en menor medida para Perú, agroindustria.

El Gobierno de Evo Morales echó a andar con la nacionalización de todos los yacimientos de gas el 1 de mayo de 2006, apenas cinco meses después de la victoria, aunque después se concretaron en una suerte de renegociación de contratos que además han aprovechado la coyuntura internacional de precios. Con el poder minero apenas ha habido intervención, salvo algunas nacionalizaciones estratégicas para calmar a los aliados – Huanuni, etc., - mientras que en la agroindustria, además de intervenir en el sector a través de Gravetal y articular movimientos para la ocupación de tierras, solo se han tomado medidas para abrir espacios a la agroindustria.

Por otro lado, el Gobierno de Pedro Castillo también ha prometido “nacionalización” durante la campaña, pero de momento ha solicitado al parlamento una Ley para nacionalizar el yacimiento de Camisea, en el Cuzco, que tiene aproximadamente las mismas reservas que toda Bolivia (9 TCF) pero que produce mucho menos, y estudia medidas para gravar la fiscalidad de las actividades mineras sin hablar todavía de nacionalización. La situación política de Castillo, que ganó en segunda vuelta por un muy estrecho margen es muy diferente a las del MAS en Bolivia, que desde 2006 ha controlado la Asamblea con más del 50 por ciento de los votos.