El Salvador, Ecuador y Haití, lecciones violentas de las que se debe aprender

El Salvador, Ecuador y Haití conforman hoy en día la trilogía del resumen de la violencia en América Latina, una violencia que tiene que ver con el narcotráfico y el tráfico descontrolado de armas, pero también con la ausencia de oportunidades, con el desvanecimiento de referentes y por último, con la percepción de pérdida del valor de la vida.

Se trata de tres situaciones graves con causas comunes, pero también con particularidades definitorias, donde los gobiernos han jugado roles clave a lo largo de todo el proceso, tanto antes como después del estallido, y la evolución de los conflictos se mira con lupa en el resto de países del continente, por el temor evidente a que se contagie.

También Bolivia mira con detalle estos estallidos violentos, y aunque la Policía Nacional insiste en que no se tienen pandillas identificadas en el país ni nada similar a las maras, la identificación de algunos capos de la droga en el país, como Sebastián Marcet y xxxx, y una serie de casos violentos en las fronteras con policías involucrados en volteos de droga (linkar ejemplos) y similar advierten de que se puede estar creando el caldo de cultivo para el futuro, pues el asunto carcelario siempre ha sido deficitario (linkar notas). Por partes.

Bukele y las maras

Las maras son organizaciones criminales que operan en países de Centroamérica, principalmente El Salvador. En sus inicios, el término “mara” procedía de “marabunta”, que se refería de forma coloquial a un conjunto de personas o amigos. Las maras están formadas por menores y adultos que controlan territorios a través de células descentralizadas denominadas “clicas”, y se financian con la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Sus integrantes tienen tatuajes, un código de conducta y un lenguaje de señas propios. Las más conocidas son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, dividida en Revolucionarios y Sureños.

Las maras surgieron en los barrios marginales de las grandes ciudades de California en los años ochenta. Durante esa década, decenas de miles de salvadoreños emigraron a Estados Unidos como consecuencia de la guerra civil que había estallado en 1979 entre el Gobierno conservador y la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una parte de esos jóvenes inmigrantes se integraron en las pandillas californianas. Con el final del conflicto en 1992, Estados Unidos endureció sus políticas migratorias para deportar a los exconvictos nacidos en el extranjero. Como resultado, miles de pandilleros centroamericanos retornaron a sus países de origen y establecieron sus células en Centroamérica.

Las pandillas aprovecharon el contexto político de estos países para expandirse por sus territorios. Se beneficiaron de la corrupción, la debilidad de los Estados, del tráfico de armas y de la pobreza para penetrar especialmente en las áreas urbanas. A finales de los años noventa, el crecimiento de las pandillas provocó que los Gobiernos adoptaran las primeras estrategias para contenerlas. Los planes de Mano Dura en El Salvador, el plan Escoba en Guatemala y el plan Cero Tolerancia en Honduras se basaban en reforzar la presencia policial en las calles y en las encarcelaciones masivas de los pandilleros.

Lejos de frenar a las maras, estas iniciativas facilitaron que sus miembros se concentraran y reorganizaran en cárceles que terminaron sobrepobladas. De igual modo, las maras pasaron del mero control de sus barrios a buscar nuevos negocios, como la extorsión. Las disputas entre pandillas también se recrudecieron, e incluso Barrio 18 se dividió en 2005 entre Revolucionarios y Sureños. El fracaso de estas políticas impulsó un cambio de estrategia en la región. En El Salvador, el nuevo Ejecutivo del FMLN negoció con los líderes mareros, prometiendo beneficios económicos y penitenciarios a cambio de un alto al fuego.

La tregua inicial contribuyó a que la tasa de asesinatos descendiera más de la mitad, pero el fracaso de las negociaciones disparó de nuevo las disputas territoriales entre pandillas. De esta manera, El Salvador se convirtió en el país más violento del planeta. En pleno repunte de la violencia, el nuevo Gobierno del FMLN abandonó la vía conciliadora y lanzó una nueva ofensiva contra las maras. La estrategia de remilitarización logró detener el incremento de los homicidios, pero no acabó con la crisis de inseguridad.

Medidas extremas y poder absoluto: el éxito de Bukele contra las maras

El descontento con los partidos tradicionales y el poder de las maras en El Salvador propiciaron la victoria de Nayib Bukele en las elecciones de 2019. En sus inicios, el presidente salvadoreño mantuvo el descenso de los homicidios. Sin embargo, el diario El Faro reveló que funcionarios clave habían negociado con los líderes mareros para reducir la criminalidad a cambio de beneficios penitenciarios. Ante la ruptura del pacto en marzo de 2022, la Mara Salvatrucha lo confirmó asesinando en un fin de semana a 87 personas.

La respuesta del Gobierno fue declarar el estado de excepción e iniciar la guerra contra las maras. Su estrategia se centró en el uso de medidas legales extremas, una interpretación más laxa de las leyes de mano dura y la concentración del poder político. El mandatario salvadoreño ha aprovechado los poderes extraordinarios del régimen de excepción y su control del poder legislativo y judicial para realizar detenciones sin orden previa o basándose en denuncias anónimas. Estas facultades le permitieron a la policía desarrollar una guerra relámpago en la que ha detenido a más de 75.000 personas. Con estas medidas, Bukele ha logrado desarticular las estructuras de las pandillas y debilitar su control

El estallido en Ecuador

Ecuador inició el año con uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Después de que el Gobierno declarara el 9 de enero la guerra al narcotráfico mediante el reconocimiento de un «conflicto armado interno» y el estado de emergencia, varios grupos armados se echaron a la calle y las fuerzas de seguridad ecuatorianas, incluido el Ejército, se emplearon a fondo para sofocar las revueltas.

Aunque no solía situarse entre los países más peligrosos de América Latina, la violencia ha sido una constante en el Estado sudamericano durante la última década. En apenas tres años, la nueva espiral de inseguridad ha superado todos los récords: desde 2020, los homicidios intencionales se han multiplicado por cinco de la mano del narcotráfico y las bandas criminales y en 2023 se rozaron los 7.600 asesinatos, según datos adelantados por la policía de Ecuador a The Associated Press. A falta de datos consolidados, esa cifra va a colocar a Ecuador entre los tres países más violentos del mundo.

El país alcanzó sus índices más bajos de homicidios durante la presidencia de Rafael Correa. La reducción de la criminalidad vino acompañada de un contexto económico favorable: entre 2007 y 2017, millones de ecuatorianos salieron de la pobreza gracias a los programas sociales impulsados por el Estado y a los beneficios obtenidos de la venta de petróleo, la principal fuente de ingresos del país.

Sin embargo, el Gobierno de Correa también adoptó medidas contraproducentes con respecto al crimen organizado. En 2009, el presidente cerró la base militar estadounidense de Manta y cortó la colaboración con la DEA, la conocida agencia antidroga de Estados Unidos. Además, desarticuló la unidad de élite que se encargaba de la lucha policial contra el narcotráfico, debido a la presunta injerencia de Washington en ella.

Pese a esto, el verdadero punto de inflexión se produjo con la llegada de Lenín Moreno al poder en 2017. A nivel interno, las medidas de austeridad aplicadas por el mandatario agravaron la crisis económica provocada por la caída de los precios del petróleo y, posteriormente, por la pandemia del coronavirus. Los recortes acrecentaron las protestas sociales y disminuyeron la capacidad de las fuerzas de seguridad para luchar contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, creció el número de reclusos vinculados al narcotráfico, lo que contribuyó a que el Estado perdiera el control de su sistema penitenciario.

Evolución violencia en Ecuador

Los motines en las cárceles ecuatorianas se dispararon a raíz del asesinato en 2020 de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien había sido líder de la organización criminal Los Choneros. Su muerte avivó las disputas entre grupos rivales en las prisiones, y ha sido la fuga de la cárcel este mismo enero de su sucesor, José Adolfo Macías Villamar —conocido como Fito—, la que ha terminado descarrilando la situación también en las calles.

En el plano internacional, Ecuador se ha visto afectado por las pugnas por el control de las rutas del narcotráfico. El acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 desmanteló el monopolio que tenía la organización guerrillera sobre el tráfico de cocaína desde el sur de Colombia hasta los puertos de Ecuador. Desde entonces, grupos locales vinculados a los dos principales cárteles de México –Sinaloa y Jalisco Nueva Generación– han intensificado sus disputas para llenar el vacío de las FARC. Del mismo modo, la mafia albanesa, que colaboraba con las FARC para enviar cocaína a Europa, también se ha establecido en Ecuador.

Todo ello ha contribuido a que el país haya escalado hasta su posición más alta en el ranking global de Estados con más homicidios per cápita desde que hay datos, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, concretamente hasta el octavo lugar en 2022. Ese puesto lo sitúa por delante incluso de países históricamente más turbulentos como Colombia, México o El Salvador. Con la espiral de violencia aún en pleno ascenso y el Ejército movilizado en Ecuador, está por ver dónde está el techo de ese vertiginoso crecimiento.

El caso de Haití

Haití vive una nueva ola de violencia después de que las pandillas se aliaran para tomar el control del territorio. El estallido comenzó el pasado 29 de febrero, cuando estas organizaciones atacaron la principal cárcel de la capital, Puerto Príncipe, y liberaron a casi 3.700 presos. Desde entonces, los pandilleros han cerrado el aeropuerto, han bloqueado los principales puertos y carreteras, y han atacado las comisarías y los edificios gubernamentales.

Las pandillas reclamaban la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, que anunció su dimisión desde Puerto Rico añadiendo la gravedad de la crisis política a la de inseguridad. La ofensiva de las pandillas tuvo dos desencadenantes:

 El primero fue que Henry convocara elecciones para agosto de 2025. El primer ministro, ampliamente impopular, gobierna de forma interina desde 2021 y debía finalizar su mandato el pasado 7 de febrero. Pese a su promesa de celebrar elecciones cuanto antes, postergó los comicios, que se organizaron por última vez en 2016. El segundo acontecimiento fue su visita a Kenia para negociar el despliegue de una misión internacional contra las pandillas en Haití.

Haití es el país más pobre de América y la violencia paramilitar ha sido una constante entre sus líderes. Entre 1957 y 1986, los dictadores François y Jean-Claude Duvalier impulsaron la milicia Tonton Macoute para reprimir a la población. En 1995, el presidente Jean-Bertrand Aristide prohibió las organizaciones paramilitares y disolvió el Ejército, pero no se desarmaron. Además, Aristide alentó la creación de grupos armados para contener la insurgencia de exmilitares contra su Gobierno. Como consecuencia, las nuevas pandillas siguieron operando a favor de los partidos, amedrentando a los opositores o influyendo en las elecciones. Sin embargo, han ganado autonomía y han centrado su negocio en la extorsión y los secuestros.

El origen reciente de la crisis política y de seguridad se remonta a julio de 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad con sede en Miami. Según una investigación del New York Times, Moïse estaba preparando una lista de políticos y empresarios vinculados al narcotráfico para entregársela a Estados Unidos.

Las pandillas aprovecharon la inestabilidad política para expandir su control territorial. Se estima que operan unas trescientas. Estas pandillas están formadas principalmente por jóvenes de los barrios urbanos más pobres. La mayoría se agrupan en torno a dos federaciones: el G9 y el G-Pep. Ambos grupos mantienen relaciones con el poder político. El G9 estuvo vinculado al Partido Haitiano Tèt Kale durante el mandato de Moïse, mientras que G-Pep ha recibido apoyo de la oposición.

La guerra entre pandillas disparó los homicidios en Haití. En 2023 hubo casi 4.800, un aumento del 119% con respecto al año anterior. La mayoría se concentraron en la comuna de Cité Soleil, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Como respuesta, grupos de civiles se han unido en torno al movimiento Bwa Kale para conformar una milicia frente a las pandillas. Sin embargo, los pandilleros ahora controlan el 80% de la capital y puntos clave del valle de Artibonite, donde se concentra la producción agrícola del país. Pese a sus disputas, el conflicto con el Gobierno ha hecho que las pandillas unieran fuerzas bajo la alianza Vivir Juntos. Su cara visible está siendo el propio Barbecue, expolicía y jefe del G9, quien está adoptando un tono más político en sus demandas.

 Torres: Bolivia necesita Inteligencia para combatir el Crimen organizado

El experto en seguridad y Relaciones Internacionales, Fernando Torres, analiza los riesgos de seguridad nacional en Bolivia

¿Hay bandas en Bolivia que puedan suponer una amenaza a la seguridad nacional? ¿Qué se debe evitar para no llegar a ese extremo?

A mediados del año pasado, el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, conocedor del tema, aseguraba que los actuales clanes de narcos en el país son los Lima Lobo, con sus distintas ramificaciones políticas; los Candia, los Castedo, los Dorado, los Guzmán, los Araoz y los Sandoval, pero estos "clanes familiares", trabajan con (y para) grandes organizaciones criminales transnacionales. La prensa nacional e internacional y centros de análisis sobre crimen organizado como InSight Crime han dado cuenta de que en Bolivia operan las siguientes organizaciones criminales transnacionales: Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV), ambos de Brasil, el Primer Cártel Uruguayo (se identificó por primera vez en 2019, al que pertenecería Sebastian Marset) y el Tren de Aragua de Venezuela que se concentraría en el tráfico de personas.

El investigador argentino Mariano Bartolomé, experto en crimen organizado e inteligencia, describe que en Bolivia los grupos criminales locales parecen responder, en buena medida, a la estructura de clanes familiares. Esta estructura se replica en otros negocios ilícitos, entre ellos el contrabando hacia los países limítrofes, la comercialización de autos robados (clanes “auteros”) y la minería ilegal (clanes “jukus”). Esos núcleos exhiben un alto grado de organización y encuentran en la confianza y lealtad que proporcionan los lazos de sangre entre sus miembros, lo que sería su principal activo. Esta unidad sería fundamental frente a un entorno externo que se presenta peligroso, sea por organizaciones rivales o por las instituciones estatales pero estarían subordinados a organizaciones criminales transnacionales con mayores recursos y capacidades para penetrar Estados.

Ahora bien, en términos generales una organización criminal es una agrupación de tres o más personas con diversas tareas o funciones, que se crea, existe o funciona con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en la ley. Por tanto, la categoría analítica de "clanes familiares" es un eufemismo, son a todas luces, organizaciones criminales. Lo único que los vincula es el parentesco sanguíneo o por afinidad, pero la finalidad última es delinquir. Son organizaciones criminales, quizás pequeñas, locales y subordinadas, pero son organizaciones criminales al fin. Justamente allí radica la peligrosidad para la seguridad pública, porque conocen el medio, los mercados ilícitos, las rutas, están vinculados con autoridades y servidores públicos corruptos que aceptan sobornos, evaden controles policiales y fronterizos, blanquean dinero en construcciones civiles y mediante la compra y venta de bienes ilícitos, entre otras acciones, que ponen al Estado y la sociedad en situaciòn de vulnerabilidad.

Si bien los niveles de violencia no son comparables con otros Estados, en Bolivia la presencia y actividades de los denominados clanes familiares y su minimización como agentes criminales o peor aún, evitar considerarlos como lo que son: organizaciones criminales, puede resultar muy peligroso. Mediante el discurso gubernamental y policial se minimiza su accionar, impacto, ramificaciones, capacidades instaladas, poder de fuego, etc.

Se deben adoptar políticas frontales contra el crimen organizado, sobre todo afectar a las finanzas de las organizaciones criminales. El hecho de que estas organizaciones persistan y puedan acumular capitales, capacidad operativa y expansión territorial hará que se constituyan en organizaciones más fuertes con vínculos en la sociedad y penetración estatal. El Estado boliviano debe encarar una Política Criminal como en otros Estados que contemple el combate al crimen organizado con la creación de juzgados y fiscalías especializadas en la materia. Así también, es imprescindible un Sistema de Inteligencia y una Secretaria Plurinacional de Inteligencia que concentre los esfuerzos de seguridad y defensa para combatir a esta problemática entre otras que hacen a la Inteligencia Estratégica de un estado moderno. El crimen organizado es una amenaza muy inteligente y para combatirlo se precisa de bastante Inteligencia