Carencias médicas y burocracia dificultan aborto legal en Tarija

De manera permanente a lo largo del año salieron a la luz casos de violencia sexual, especialmente en contra de mujeres menores de edad, muchas de ellas incluso quedaron embarazadas y no pudieron acceder a un aborto legal de manera oportuna. Los problemas: la burocracia, los prejucios y la falta de condiciones médicas en los hospitales. 

De acuerdo a un informe oficial del Ministerio de Salud la cantidad de embarazos en mejores de 14 años es de 663 desde enero a octubre. Sin embargo, no se cuenta con las cifras exactas de las atenciones para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ni en el Ministerio de Salud ni en el Ministerio Público, donde debería haber un aproximado, pues la mayoría de estos casos son resultados de agresiones sexuales.

Uno de estos casos es el de Jimena (nombre ficticio pero historia real). Ella tiene ahora 13 años, pero enfrentó a los 12 un embarazo producto de una violación por parte de su padrastro, Luis. Luego tuvo que sufrir una revictimización durante más de un mes para que pudieran practicarle un aborto.

El hecho ocurrió luego de que comenzara la cuarentena por el Covid-19, la menor dejó de acudir a la escuela y comenzó a permanecer más tiempo en su casa, con su agresor viviendo bajo el mismo techo.

La madre, sin saber lo que ocurriría, hacía sus actividades con cierta regularidad en cuanto a algunas salidas para poder hacer las compras y para tomar los trabajos eventuales que aparecieran, pues tuvo que cerrar su negocio de venta de comida por las restricciones dispuestas en la cuarentena. Mientras tanto, su pareja pasaba más tiempo en la casa “cuidando” a Jimena y a su hermano menor.

Un día que se quedó a solas con la menor, Luis aprovechó la oportunidad y encerró a su hijastra para violarla. Pensó que con decirle que lastimaría a ella, a su mamá o a su hermano sería suficiente para que no dijera nada y nadie se entere nunca.

Confiado en que la adolescente callaría volvió a agredirla más veces de las que ella quisiera recordar. Menos de dos meses después los cambios fueron evidentes, pues Jimena tenía malestares constantes, se mareaba y rechazaba la comida, pero nadie le prestó atención, ni siquiera ella entendía lo que ocurría.

Cuando su madre lo notó la llevó al médico pensando que se trataría de un problema estomacal, pero en la consulta se enteró que en realidad su hija ya tenía unas diez semanas de gestación.

Al consultarle, avergonzada Jimena le contó todo lo que había ocurrido. Su madre luchó contra su rabia y sus ganas de llorar y lo primero que hizo al salir del consultorio fue dirigirse a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) para formalizar la denuncia.

Allí le dijeron que por tratarse de una violación podía acceder a una interrupción legal de su embarazo en resguardo de su seguridad. Sin embargo, cuando fueron al centro médico les pidieron una evaluación psicológica y una orden judicial.

La madre tuvo que pasar por varias oficinas durante dos semanas hasta llegar a la Defensoría del Pueblo para encontrar asistencia legal, así fue que una abogada la acompañó al centro médico y exigió que se llevara adelante la intervención inmediatamente antes de que ésta signifique un riesgo para su salud.

Si bien Jimena accedió a una atención relativamente oportuna, luego comenzó otra tortura: el proceso judicial en busca de una sanción para su agresor.

Interrupción legal del embarazo

La Sentencia Constitucional 206/2014 establece que toda niña o adolescente que esté embarazada como producto de una violación puede acceder a una interrupción legal del embarazo. La normativa indica que para acceder a esta atención el único requisito es la presentación de una fotocopia del formulario de la denuncia. Pero en muchos casos la burocracia no permite el acceso al aborto legal. 

La Defensoría del Pueblo realizó una investigación a nivel nacional denominada "Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como Derecho Humano de las Mujeres", en ésta se analizan datos que corresponden al periodo dado entre 2015 y 2019 en centros médicos de primer, segundo y tercer nivel.

En Tarija los datos fueron recolectados del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJDD) de la capital y el Hospital Rubén Zelaya de segundo nivel ubicado en el municipio de Yacuiba. Aunque existen otros centros de referencia, que no fueron estudiados donde es probable que las condiciones sean más precarias. 

La delegada departamental de la Defensoría del Pueblo, Carola Romero, también se refirió a los casos atendidos durante 2020 indicando que la situación es más conflictiva en las provincias. “En lo que corresponde a Cercado, en el HRSJDD no hay ningún problema, en el Hospital Obrero tampoco. Pero sí en provincias, en municipios como Villa Montes o Padcaya. Lo que falta es capacitación en los servidores públicos que no conocen la Sentencia Constitucional”, dijo.

Debido a esto muchas menores de edad no acceden a una ILE y terminan dando a luz, poniendo en riesgo sus vidas y también enfrentando un conflicto social, económico y psicológico por el trauma que significa.

Otro de los inconvenientes es la falta de conocimiento sobre la Sentencia Constitucional por parte de las víctimas, las familias y la sociedad en su conjunto. Es por eso que en una de las conclusiones sobre el estudio de la Defensoría se expresa la necesidad de que los tres niveles estatales puedan mejorar las estrategias de difusión del contenido de la normativa.

Conclusiones de la investigación

Estado de los centros médicos

Si bien la ILE se debería llevar adelante en centros de primer, segundo y tercer nivel, de los 44 establecimientos, 32 no cuentan con salas independientes de aspiración manual endouterina. Además, existen tres que ni siquiera tienen un quirófano para poder cumplir con la atención oportuna a las pacientes.

Carencias en el sistema de salud

El Sedes no cuenta un sistema de monitoreo y evaluación de los servicios de ILE, así como tampoco con datos sobre la distribución de medicamentos, evaluación de servicios, ni documentación sobre la asignación de insumos para la práctica de interrupción de embarazo.

Falta de socialización 

El estudio establece en sus recomendaciones para Tarija que los tres niveles de gobierno deben realizar acciones efectivas de capacitación al personal de salud, para que pueda brindar una atención de calidad y calidez a las pacientes que requieran esta atención.