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Una mirada al mundo

Conocimiento ancestral, el arma de los indígenas para enfrentar la pandemia

Si bien a partir de la promulgación del texto constitucional en 2009, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional Comunitario, la pandemia deja al descubierto el desamparo en el que viven las comunidades

Reportajes
  • IPS
  • 13/11/2020 00:00
Conocimiento ancestral, el arma de los indígenas para enfrentar la pandemia
Bárbara Badanta vivió junto a las comunidades durante su investigación

Para reducir la inequidad social en las comunidades indígenas amazónicas, en especial en la salud, es necesario implementar estrategias de atención sanitaria que revaloricen e incorporen los conocimientos ancestrales de esos pueblos, en especial en lo relativo al uso de plantas medicinales, de acuerdo con una investigación publicada en International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

Se estima que 372. 000 indígenas de 51 comunidades viven en la región amazónica de Perú, y sufren más desigualdades sociales que cualquier otro grupo, con tasas más altas de mortalidad, menor acceso a los servicios de salud y peor estado nutricional en comparación con la población general.

“Nos dicen ‘Lávense las manos’, y nos preguntamos ¿con qué agua nos vamos a lavar? Y ‘quédate en casa’, ¿dónde? Si la mayoría de los nativos no tenemos una vivienda adecuada. Nuestras casas tienen muchas veces techos de paja, sin piso de concreto”, dice el indígena Teddy Sinacay Tomas.

La población infantil de esa comunidad evidencia una alta prevalencia de anemia, desnutrición crónica, emaciación (disminución excesiva del peso corporal respecto a la estatura), infecciones respiratorias y diarreicas agudas por sobre el promedio nacional y regional.

Como recoge otro artículo publicado en SSM-Population Health, los niños de pueblos indígenas y afrodescendientes no tienen mayor riesgo de sufrir anemia por su origen étnico-racial, pero quienes residen en áreas rurales tienen 3,6 veces más riesgo de sufrir anemia que los que viven en ciudades.

“El riesgo es mucho menor para los niños no indígenas y no afrodescendientes, incluso si residen en áreas rurales”, dijo Lucrecia Mena Meléndez, del Departamento de Sociología de la estadounidense Universidad de California, en la ciudad de Los Ángeles, y autora del estudio.

Además, la investigadora destacó que los esfuerzos por considerar cuestiones raciales deben estar acompañados de educación tanto para las madres como los padres.

Pero la investigación de IJERPH destaca la coexistencia de diferentes formas de abordar los problemas de salud en las comunidades amazónicas, al reconocer que, si bien el sistema de salud oficial peruano tiene deficiencias, “no es posible permanecer ajeno a un sistema de cuidados que ya existe en estas comunidades”, agregó Bárbara Badanta, una de las autoras del estudio.

“Estamos cansados de que nos vean como objetos de investigación. Dialogar sería de gran ayuda; plantearíamos mejores planes y el estado también se beneficiaría al reducir costos innecesarios”, subrayó Teddy Sinacay Tomas, presidente de la organización indígena Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), que representa a 89 comunidades nativas asháninkas en la región de Junín, en las provincias peruanas de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa.

Sinacay dijo por teléfono que a pesar de que ninguna política pública reconoce sus conocimientos ancestrales, gracias a ellos los asháninkas enfrentaron la pandemia.

“Desde el 15 de marzo, cuando se declaró la emergencia, con nuestros esfuerzos y estrategias hemos cerrado fronteras en nuestras comunidades para evitar el contagio de covid-19. Sin embargo, ha llegado, y nos defendimos mediante el uso de plantas medicinales como el matiko, el kion y otras que aún no se conocen científicamente”, afirmó.

Badanta —que vivió junto a las comunidades durante su investigación— afirmó que, si bien las municipalidades locales suelen aportar a la cloración del agua, la ayuda suele descontinuarse.

“El sistema de salud rural y los recursos para sus profesionales sanitarios están muy olvidados. En los consultorios o puestos de salud muchas veces no hay agua corriente, y falta personal competente”, agregó la experta, que es especialista en enfermería transcultural de la Universidad de Sevilla.

Para la especialista, otro factor a considerar es la desconfianza de la población indígena hacia la no indígena, la que se alimenta con la rotación del personal sanitario y el rechazo de sus hierbas curativas.

“La mayoría de las universidades están centralizadas en la capital y desconocen la realidad de los pueblos indígenas y de la Amazonia. Si realizaran una buena investigación podrían hacer conocer al mundo el valor de las plantas medicinales”, opinó Sinacay.

A pesar de la alta presencia de población indígena, las instancias estatales de Bolivia no han desarrollado políticas específicas que garanticen su supervivencia frente al coronavirus.

“¿Cómo complementar la medicina ancestral y la occidental? Las metodologías de “diálogo de saberes” sería una de las estrategias más eficaces y respetuosas de las cosmovisiones, con el respaldo de políticas públicas que promuevan ese tipo de abordajes y la implementación de acciones consensuadas entre los ministerios de salud y los agentes de la medicina ancestral”, señaló Adrián Díaz, representante interino de Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador.

Badanta agregó que debería explorarse mejor la comprensión de la brecha entre los profesionales sanitarios y la comunidad indígena. También deberían conocerse sus necesidades espirituales en relación con los tratamientos y profundizar el papel de los agentes comunitarios de salud, voluntarios elegidos en la comunidad que mejoran la adherencia a tratamientos y minimizan la desigualdad sanitaria entre la población.

“Hemos planteado que los reconozcan y capaciten porque están permanentemente atendiendo la salud de nuestras comunidades. Están haciendo un trabajo que ningún profesional de salud que nos visita ocasionalmente hace”, subrayó Sinacay.

La falta de políticas en Bolivia

A pesar de la alta presencia de población indígena, las instancias estatales de Bolivia no han desarrollado políticas específicas que garanticen su supervivencia frente al coronavirus. Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de derechos humanos advierten que 52 de los 59 Territorios Indígenas Originarios Campesinos se encuentran amenazadas por su cercanía a municipios con contagios. La situación de desamparo y abandono hacen temer un etnocidio.

Para los pueblos indígenas la situación es aún más dramática. Si bien a partir de la promulgación del texto constitucional en 2009, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional Comunitario, desarrolla un amplio catálogo de derechos humanos y crea una legislación que incrementa los mecanismos de protección para estas colectividades como la Ley N° 450 de “Protección a las Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabiliad”, la pandemia deja al descubierto el desamparo en el que viven las comunidades.

Este abandono cruza a las instancias estatales en todos sus niveles y evidencia la profunda brecha existente entre el reconocimiento y la implementación de los derechos colectivos, siendo el acceso al sistema de salud universal y gratuito el ejemplo más evidente en estos días.

Aunque no hay cifras actuales. De acuerdo al CEJIS, hasta el 19 de junio se registraron un total de 78 casos positivos de coronavirus en los siguientes territorios: 27 en la nación Monkoxi de Lomerío, 14 en Guarayos, cinco en el Gobierno Indígena Guaraní de Charagua Iyambae, 20 en Yuqui2, siete en Yuracaré y cinco en Cayubaba. Una atención especial requiere la situación de los pueblos Yuqui y Cayubaba que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y, en consecuencia, en peligro de extinción por la presencia de la pandemia entre sus habitantes.

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