¿Quién gobierna en Perú?: Lo que pasa en Lima tras la disolución del Congreso

El presidente Vizcarra convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero, aunque el Congreso disuelto por el Ejecutivo desconoce su autoridad. ¿Y ahora qué?

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó este lunes la disolución del Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 26 de enero. En contrapartida, aquel órgano legislativo unicameral, de mayoría opositora, votó suspender al mandatario de sus funciones por 12 meses y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, juramentó en su lugar de manera interina.

Al día siguiente, las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso del Parlamento, luego de expresar su apoyo incondicional a la investidura presidencial de Vizcarra.

Poco después, la recién juramentada Aráoz presentó su renuncia, tanto a la Vicepresidencia como a la posición de jefa interina del Gobierno.

Así, el país andino afronta una de las mayores crisis institucionales en toda su historia, y la sociedad permanece desde hace horas atravesada por un manto de incertidumbre: ¿quién gobierna? ¿Hay o no hay Parlamento? ¿Cómo se forma el Tribunal Constitucional? ¿En qué se relaciona el terremoto político con las causas de corrupción que salpican a la clase dirigente? ¿Debería intervenir algún organismo internacional en los asuntos de Lima?

Primero, repasemos lo que pasó.

Ejecutivo vs. Parlamento

Según el decreto publicado el 30 de septiembre, que lleva la firma del propio Vizcarra, se tomó la decisión de disolver el Congreso peruano porque este habría vuelto a rechazar la “cuestión de confianza”, tal como sucedió en 2017. En efecto, el artículo 134 de la Constitución establece que si la negativa parlamentaria ocurre contra dos Gabinetes del mismo Gobierno, el Ejecutivo tiene la potestad de suspender las funciones de aquel establecimiento y sus legisladores.

Pero, ¿qué es la cuestión de confianza? Se trata de un mecanismo presente en varios países democráticos donde la Presidencia solicita el respaldo del Congreso para implementar alguna medida puntual, ante el eventual riesgo de que peligre la calidad institucional de una nación. En el caso peruano, el oficialismo considera que el sistema para la elección de jueces en el Tribunal Constitucional (TC) es poco transparente, o ilegítimo, entonces pidió la “confianza” de los legisladores para impulsar una reforma en el proceso de selección.

Dicho en términos políticos, Vizcarra percibía que la mayoría adversaria del Parlamento buscaba poner magistrados afines en el TC: “La oposición, liderada por Fuerza Popular (FP) y el Partido Aprista Peruano (PAP), llevaba días maniobrando para hacerse con el control de la Corte”, nos dicen desde el equipo comunicacional del presidente. Así, a sabiendas de que el Congreso no podía rechazar su planteo de confianza dos veces, el Ejecutivo ingresó el pedido “de modo urgente”.

No obstante, según el relato oficialista, el planteo fue rechazado: “Al premier y a su Gabinete les cerraron las puertas y por varios minutos permanecieron sin acceso a la Oficialía Mayor del Parlamento”, cuentan a RT. En contrapartida, mientras el Gobierno proponía suspender la elección de seis jueces, el Congreso continuó con la votación para nombrar a nuevos funcionarios en el Tribunal Constitucional, crispando más las aguas.

Por ello, el Ejecutivo interpretó que su pedido de confianza fue desoído, y vio la luz verde para anular al Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en enero para reemplazar las bancas hasta julio del 2021, cuando finaliza el actual mandato. La medida fue celebrada en las calles por miles de peruanos.

La ciudadanía sale a las calles ante la crisis política que vive Perú

 

Tomado de RT