Bolivia aprendió a no defenderse
En 1967, dos psicólogos descubrieron que un animal castigado sin salida deja de buscarla, aunque la salida esté a la vista. Bolivia repite el experimento con sus ciudadanos, solo que con datos en lugar de descargas eléctricas.
En un laboratorio de la Universidad de Pensilvania, Martin Seligman y Steven Maier ataron perros a un arnés y les aplicaron descargas eléctricas. Unos podían cortarlas presionando un panel con el hocico, otros recibían las mismas descargas y no tenían panel. Después pusieron a todos en una caja dividida por una pequeña valla, por lo que les bastaba un salto para escapar. Los primeros saltaban. Los segundos se echaban en el piso y aguantaban.
Seligman y Maier llamaro a esto la desesperanza aprendida, porque los perros podían escapar, pero habían aprendido que hacer algo no servía de nada. Es un experimento que describe casi sesenta años después lo que está pasando con el Estado boliviano, y lo que quiere enseñarle a su gente.
El domingo 15 de noviembre, Hacking Bolivia emitió una alerta roja según la cual las bases de la Cancillería, el Senarecom, el Ejército y el Senado estaban a la venta en un foro clandestino. El lunes 16, la Cancillería admitió un “incidente de seguridad informática”. El martes 17, el Senarecom confirmó “accesos informáticos no autorizados” a su plataforma y pidió a los comercializadores de minerales que guardaran sus papeles, porque se los iba a pedir para comprobar que sus registros no hubieran sido alterados. Ese mismo día, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, habló de “intentos de hackeo” y admitió que la ciberseguridad había sido “descuidada”. Hasta donde sé, el Ejército y la Cámara de Senadores siguen sin decir nada sobre el asunto.
El miércoles 18 llegó la segunda alerta del colectivo, más grande y más silenciosa, a pesar de decir que más de un millón de usuarios y contraseñas de más de cien instituciones públicas circulan en foros, y no las sacaron de los servidores del Estado, sino de las computadoras de funcionarios y usuarios, con programas espía que roban las claves guardadas en el navegador. César Chávez, de Hacking Bolivia, explicó a los medios que con una sola credencial se entra a correos, compras y operaciones internas. La alerta se suma a las 27 filtraciones de 20 instituciones, entre ellas el SUS, el Ministerio de Educación, expedientes judiciales, el bono Juana Azurduy, clientes del BancoSol, y datos de YPFB.
Así estamos, en una caja, sin ley que obligue a avisar a los ciudadanos que sus datos fueron vulnerados y están a la venta. No hay una autoridad ante la cual reclamar ni una sanción para la institución que no cuidó su información, lo que sorprende dado que Hacking Bolivia ya había advertido en noviembre de 2025 sobre la exposición de credenciales, nueve meses antes de la primera oleada de filtraciones. Las autoridades tienen la vista en otros negocios, mientras los datos de la gente están en todas partes.
Lo grave es que el aprendizaje también ocurrió dentro del Estado. La Fundación InternetBolivia.org presentó un anteproyecto de ley de protección de datos ante la Asamblea en 2019. La Agetic redactó al menos cuatro versiones de su propio anteproyecto. Hoy el PL 538 sigue “en tratamiento” en Diputados, como también figuran los proyectos de inteligencia artificial. En siete años y tres gobiernos, no ha prosperado ninguna ley.
Mientras tanto, el Ejecutivo se maneja con decretos para no saludar a la Asamblea, dándole a Agetic la firma digital, la certificación electrónica y el dominio .bo gracias al DS 5519. Se centraliza por decreto y se protege por ley, y como la ley nunca llega, solo queda la mitad que concentra. Como dijo Eliana Quiroz, la debilidad del Estado en seguridad digital “sí es marcada”, porque cada legislatura que deja los proyectos archivados nos confirma que exigir no sirve. La indefensión individual y la parálisis institucional se alimentan mutuamente.
En 2016, Maier y Seligman revisitaron su experimento con nuevas herramientas, y encontraron que la pasividad no se aprende, sino que es la respuesta por defecto del cerebro ante el dolor prolongado. Lo que sí se aprende es el control, como demuestra el animal que comprueba el efecto de sus acciones, frenando así la pasividad. Así, los perros que habían tenido primero una experiencia de control, quedaban protegidos frente a las descargas posteriores. Por eso la esperanza no se puede decretar, sino aprender con experiencias concretas donde podamos practicar el control de nuestros datos.
Seguramente, una de esas experiencias es el propio Hacking Bolivia, un colectivo con más de diez años haciendo gratis el trabajo que correspondería a un centro nacional dedicado. Está InternetBolivia.org, que redactó la ley que la Asamblea no tramita, sostiene un centro de atención de violencia digital (S.O.S. Digital) y este año publicó una guía para denunciar sin exponerse, bajo la idea del autocuidado digital colectivo, una idea que merecería ser política pública. Y están las Ciberwarmis, un colectivo de mujeres que desde 2019 ayuda a otras mujeres frente a la violencia en línea.
Está Coroico, un municipio de los Yungas que legisló lo que la Asamblea no consigue en años, cuando el 17 de mayo de 2023, su Concejo Municipal aprobó una Ley de Digitalización y Gestión de Datos Personales que alcanza a la alcaldía y también a hoteles y restaurantes. Está radio Chiwalaki, de Vacas, Cochabamba, que enfrentó el robo de su página de Facebook con 43 mil seguidores empezando de cero, transmitiendo en quechua por onda media con señal propia.
En el laboratorio de Seligman y Maier, los perros rendidos no podían saltar solos, y los tuvieron que arrastrar al otro lado para que entiendan que ese lado existía. Los ejemplos no reemplazan al Estado, pero hacen su trabajo sin presupuesto, inmunizan a la mujer que aprende a documentar agresiones, al municipio que hace sus propias normas, y a los proyectos que no dependen de plataformas extranjeras, mientras el Gobierno, que tanto habla de soberanía digital, guarda en su bolsillo la única ayuda que el país necesita, y no es otra cosa que una ley de protección de datos, una autoridad que no dependa del Ejecutivo y la obligación de avisar a cada persona cuyos datos se filtraron.
Ante los decretos y los convenios con países “amigos”, queda la esperanza de que la Asamblea salte la valla y nos deje comprobar que el otro lado existe.


