Tribunal Agroambiental
Tariquía: buscan aclarar fallo antes de acudir al amparo
La diputada Adriana Aguirre presentó un memorial para que se precise las medidas de protección de las cuencas de Chiquiacá y Soledad y otros
La controversia por la exploración hidrocarburífera en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía suma un nuevo capítulo en los tribunales. La diputada Adriana Aguirre, junto a otros parlamentarios, presentó un memorial de complementación, enmienda y aclaración ante la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, con el objetivo de que esa instancia precise varios aspectos de una resolución vinculada con las actividades petroleras en el área protegida.
La legisladora sostiene que el fallo contiene contradicciones y omisiones que deben ser aclaradas antes de definir los siguientes pasos legales. Según explicó en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la respuesta del Tribunal podría habilitar la presentación de un amparo constitucional.
Uno de los principales puntos observados está relacionado con las medidas preventivas para el monitoreo de las cuencas de los ríos Chiquiacá y Soledad. Los parlamentarios piden que se establezca con claridad cómo se realizará ese seguimiento y, sobre todo, cuáles serán las consecuencias si los controles identifican contaminación. La solicitud apunta a que se precisen las acciones que corresponderían y las condiciones para disponer la paralización de actividades ante un eventual daño ambiental.
El memorial también solicita aclarar los alcances de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0250/2026-S3. Aguirre interpreta que esa decisión establece la suspensión temporal de las actividades del proyecto hidrocarburífero, por lo que considera necesario que el Tribunal Agroambiental precise cómo debe aplicarse esa determinación y qué efectos tiene sobre las operaciones cuestionadas.
Otro aspecto planteado es el acceso de las comunidades a la información ambiental. La diputada pidió que se aclare la obligación de entregar una versión traducida del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), un documento técnico central para conocer las características del proyecto, sus posibles impactos y las medidas previstas para prevenirlos o mitigarlos.
La observación incorpora además cuestionamientos sobre la participación procesal de los defensores de Chiquiacá y la falta de señalamiento de una audiencia de fundamentación oral. Para los legisladores, estos aspectos requieren una respuesta expresa del Tribunal, tanto por su incidencia en el desarrollo del proceso como por las garantías de participación de quienes intervienen en defensa del territorio.
«Este último memorial es el que nos abre la vía para plantear un amparo constitucional», afirmó Aguirre. La diputada señaló que el recurso presentado busca que la Sala Primera complete y aclare su resolución, antes de recurrir a otra instancia de la justicia constitucional.
El nuevo planteamiento vuelve a situar en el centro del debate la relación entre la política energética, la protección de las áreas naturales y los derechos de las comunidades que habitan en el entorno de Tariquía. La discusión no se limita a la autorización o continuidad de un proyecto de exploración: también comprende el acceso a información ambiental, los mecanismos de control y la eficacia de las medidas judiciales destinadas a prevenir posibles daños.
Por ahora, la eventual presentación de un amparo depende de la respuesta que emita el Tribunal Agroambiental. Mientras tanto, la controversia jurídica continúa abierta y las precisiones que adopte esa instancia serán relevantes para determinar el alcance de las medidas de protección y los siguientes pasos del conflicto.


