Israel: las urnas y la democracia en un “vecindario” complicado

El corte verificado del 28 de octubre, con el 85,6% de los votos contados, proyecta 53 escaños para Netanyahu y sus aliados, 48 para la oposición de Gadi Eisenkot y 19 para los partidos árabes. Ningún bloque alcanza los 61 de una mayoría absoluta en la Knesset. Son cifras provisionales: las papeletas pendientes pueden modificar el reparto, aunque el problema principal ya está claro.

Eisenkot y los partidos árabes sumarían 67 diputados. Su bloque reúne centro, izquierda y derecha nacionalista, unidos contra Netanyahu, pero divididos sobre seguridad, servicio militar e identidad del Estado. Ra’am y la Lista Conjunta (Joint List) pueden ofrecer participación o apoyo externo. Eisenkot ha rechazado esa dependencia y varios aliados comparten el veto. También cabe un gabinete minoritario sostenido mediante apoyos y abstenciones. La alternativa exige pactos que contradicen promesas de campaña.

Netanyahu necesita ocho escaños adicionales para una mayoría propia. Puede atraer opositores o promover un gobierno amplio, pero su figura encarece cualquier acuerdo. Pesan los procesos por soborno, fraude y abuso de confianza, cargos que niega y por los que no existe condena. Respetar la presunción de inocencia es indispensable; también lo es preservar la independencia el Tribunal Supremo de justicia. Un Likud encabezado por otro dirigente tendría más margen para negociar con quienes hicieron campaña para debilitarlo. Su responsabilidad política por el fracaso de seguridad que permitió la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 exige una investigación independiente. Los errores en la conducción de la guerra, las demoras inexplicables de acciones para recuperar a tiempo a los rehenes y la persistencia de Hamás demandan cuentas. Su alineamiento con Trump, que lo respaldó electoralmente, plantea además el riesgo de subordinar prioridades israelíes a cálculos de Washington, de la misma manera que tantas veces pareció “Bibi” subordinar la dirección de la guerra a su propia agenda política – judicial.

La persistencia de Hamás alimenta la crítica de Eisenkot: la superioridad militar no se ha traducido en una solución duradera. Sin embargo, el opositor también exige su desarme y rechaza actualmente un Estado palestino. Cambiar de gobierno podría modificar los socios, la gestión y la diplomacia, sin producir automáticamente una política de paz. En lo inmediato, podríamos estar ante la verdadera razón que le impide acercarse con solvencia y sinceridad hacia el bloque árabe.

Ha sido también parte de la plataforma de oposición la defensa de la independencia del poder judicial, amenazado por una polémica legislación impulsada desde el Likud y la derecha religiosa. Esta propuesta de reforma buscaba limitar los poderes del Tribunal Supremo y subordinar la revisión legal a la mayoría parlamentaria. Esta, entre otras diferencias, conspiran contra las probabilidades de emerger con un gobierno de unidad nacional.

El empantanamiento de las negociaciones favorece al gobernante saliente, que conserva el Ejecutivo durante este periodo y podría seguir hasta otra elección. Pero permanecer en funciones no equivale a obtener una nueva mayoría.

La población árabe ronda el 21% del total. Los ciudadanos árabes votan, organizan partidos, administran municipios y recurren a tribunales. Pueden influir en quién gobierna, como ocurrió con Ra’am en 2021. Freedom House reconoce esas garantías y documenta también discriminaciones y restricciones que deben corregirse. La existencia de desigualdades no vuelve equivalentes un sistema como el israelí, con elecciones competitivas y otros que impiden a sus habitantes reemplazar a sus gobernantes, como es el caso de los territorios palestinos o países vecinos.

Gaza requiere una cronología precisa. En 2005 Israel evacuó sus 21 asentamientos, retiró sus bases y trasladó a Israel los restos de 48 personas sepultadas en Gush Katif. La retirada incluyó los cementerios. El control de accesos y las intervenciones militares posteriores son hechos que también deben examinarse, particularmente desde 2023, cuando volvió una presencia militar extensa. Son etapas distintas de una historia que exige precisión.

Desde 2007 Hamás impuso su predominio por la fuerza y reprimió a adversarios palestinos. Periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos sufrieron detenciones y torturas. Las protestas de 2019, bajo la consigna “Queremos vivir”, recibieron golpes y arrestos. Clanes como Hilles y Dughmush padecieron ataques y abusos; otros fueron cooptados. La ONU documentó también ejecuciones atribuidas a unidades vinculadas a Hamás. Sus víctimas palestinas merecen atención propia.

En Cisjordania, la Autoridad Palestina persigue críticos y gobierna sin renovar su mandato nacional. La muerte de Nizar Banat tras su detención en 2021 mostró la violencia de sus servicios. No se celebran presidenciales desde 2005 ni legislativas desde 2006, aunque sí hubieron algunos comicios municipales. La población no ha elegido democráticamente perpetuar esas dirigencias, simplemente carece de una oportunidad efectiva para sustituirlas.

El contraste regional es igualmente relevante. Freedom House clasifica a Israel como “libre”, a Egipto, Siria y Arabia Saudita como “no libres”, y a Jordania y Líbano como “parcialmente libres”. En Arabia Saudita no se elige a las autoridades nacionales y se prohíbe el culto público no musulmán; en Emiratos, los partidos están prohibidos. La apertura al culto judío en Emiratos y Bahréin merece reconocerse, pero no convierte sus monarquías en democracias.

Criticar a Netanyahu es ejercicio democrático. Aplicar el mismo escrutinio a Hamás, la AP y los gobiernos vecinos es coherencia. La defensa de las libertades exige escuchar también a los árabes reprimidos por autoridades árabes y reconocer las garantías democráticas que poseen los ciudadanos árabes de Israel.

Es en estas circunstancias que la única democracia real del Medio Oriente debe avanzar