El Escudo como “paraguas” de un Gobierno

Hay momentos en los que una decisión de política exterior deja de ser un asunto de cancillerías y comunicados y empieza a revelar sus verdaderos efectos sobre la relación entre un Estado y las potencias que lo rodean. Bolivia atraviesa uno de esos momentos.

Desde marzo de 2026, Bolivia forma parte del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. El Gobierno de Rodrigo Paz presentó su incorporación como una oportunidad para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El argumento parecía difícil de cuestionar: ningún Estado debería renunciar a la cooperación internacional frente a organizaciones criminales capaces de desafiar sus instituciones. Pero detrás de ese discurso hay una necesidad política mucho más cortoplacista: el Gobierno de Paz necesita oxígeno, y lo está buscando fuera del país.

Y es ahí donde el Escudo de las Américas revela que es algo más que un mecanismo de seguridad. Su propia declaración incorpora cooperación económica, control de inversiones (screening), cadenas de suministro de minerales críticos, infraestructura digital, intercambio de inteligencia, coordinación diplomática y posiciones comunes en organismos internacionales. Todo ello se inscribe también en una estrategia estadounidense de competencia por sectores estratégicos del hemisferio, precisamente aquellos en los que China ha adquirido una presencia creciente.

La cuestión adquiere todavía más relevancia porque Donald Trump presentó el Escudo de las Américas como parte de una política mucho más amplia de recuperación del liderazgo estadounidense en el hemisferio. En su nueva interpretación de la doctrina Monroe “Donroe”, la Casa Blanca ha hablado de proteger las Américas frente a “potencias extranjeras hostiles” y de impedir que estas controlen la riqueza natural del hemisferio. Trump ha mencionado expresamente oleoductos, tierras raras y corredores comerciales agrícolas.

Y esto debería preocuparnos especialmente. Bolivia tiene litio, minerales, energía y una posición geográfica estratégica. Tiene, además, relaciones históricas y económicas con países que no forman parte de la órbita estadounidense.

La cuestión no es si Bolivia debe relacionarse con Estados Unidos. La cuestión es en qué condiciones. Una política exterior soberana consiste en poder relacionarse con Washington sin que Washington determine con quién más puede relacionarse Bolivia. Eso se llama autonomía estratégica.

Bolivia ya conoce los costos de confundir cooperación con alineamiento. No sería la primera vez que una relación estrecha con Washington termina reduciendo el margen de maniobra de la política exterior boliviana.

En otros países de la región, la incorporación al Escudo de las Américas ha generado al menos un debate sobre sus implicancias. En Chile, por ejemplo, el canciller debió asistir a una interpelación en el Congreso y responder preguntas sobre soberanía, las relaciones con Estados Unidos y China y el alcance de la iniciativa. En Bolivia, esa discusión prácticamente nunca existió.

El caso de Roger Mariaca es ilustrativo. Estados Unidos le revocó la visa y lo acusó de corrupción vinculada a la protección del narcotráfico. Dos días después, el fiscal general fue detenido en Bolivia junto a otras autoridades del Ministerio Público. El operativo contó con información de la DEA y fue celebrado públicamente por Marco Rubio. No se trata de cuestionar que Bolivia investigue a sus propias autoridades ni de negar la gravedad de las acusaciones contra Mariaca. La pregunta es otra: qué lugar ocupa EE.UU. en decisiones que corresponden, en primer término, a las instituciones bolivianas.

Y hay un límite que debería ser todavía más claro: el Escudo de las Américas no puede convertirse en una herramienta para reducir adversarios políticos dentro de Bolivia. La cooperación contra el crimen organizado no puede confundirse con un cheque en blanco para convertir acusaciones, sanciones o información proveniente de organismos extranjeros en instrumentos de disputa política interna. La creciente presencia de actores extranjeros en los círculos de poder también debería llamar la atención: desde diplomáticos estadounidenses hasta figuras como Fernando Cerimedo, cuya cercanía con el entorno de Paz ha sido ampliamente discutida. Por eso preocupa la creciente injerencia estadounidense en asuntos políticos internos: diplomáticos que participan en espacios políticos, denuncias de presiones a periodistas y juicios de Washington sobre autoridades bolivianas.

Pero la influencia no se mide solo por lo que ocurre dentro del país. También se refleja en las decisiones que Bolivia toma hacia afuera. El restablecimiento de relaciones con Israel en diciembre de 2025 revirtió la ruptura de 2023 y se produjo en Washington. Ahora, el Gobierno de Rodrigo Paz ha profundizado ese giro con la salida del Grupo de La Haya y el cierre de la embajada boliviana en Irán. Vistas en conjunto, estas decisiones muestran una rápida reorientación de la política exterior boliviana.

Y aquí aparece un problema todavía más profundo: ¿quién está conduciendo este giro?

La Cancillería parece haber perdido capacidad para marcar el rumbo. Carece de una voz propia suficientemente visible, convive con tensiones y superposiciones con otras áreas del Ejecutivo y, en asuntos sensibles, termina reaccionando más que conduciendo. Incluso cuando se cuestiona la presencia o influencia de diplomáticos extranjeros, la respuesta oficial suele quedarse en el plano formal, sin abordar la dimensión política de esas relaciones.

El problema es que un Gobierno débil puede terminar buscando en el respaldo de una potencia la fortaleza que no encuentra dentro del país. Y ahí el riesgo es mayor: convertir esa dependencia en una aparente fortaleza y entregar margen de soberanía a cambio de respaldo político y de tiempo para permanecer en el poder. Es una salida cortoplacista para una debilidad que requiere, precisamente, una mirada de Estado.

Bolivia necesita algo más que el respaldo de una potencia para atravesar la coyuntura. Necesita una política exterior propia, capaz de ampliar sus opciones y defender sus intereses frente a todos. Porque la fortaleza de un Estado no consiste en esconderse detrás de otro, sino en tener la capacidad de decidir por sí mismo.