Kast, la frontera y Bolivia: claves para una diplomacia de realidades

 La política chilena ha vivido desde 2019 una transformación radical que Bolivia no puede permitirse ignorar. Pese a ser uno de los vecinos más determinantes para nuestra política exterior, el análisis suele quedar relegado por la inmersión en nuestra siempre álgida coyuntura doméstica. Sin embargo, es crucial superar esta miopía para entender la secuencia de los grandes sucesos políticos que han redefinido a Chile: el estallido social, el fracaso de dos procesos constituyentes, la conmemoración de los 50 años del golpe, la adopción del voto obligatorio, la erosión del sistema político, el estancamiento económico y las crisis de seguridad y migración que han moldeado decisivamente las preferencias de su electorado y nuestro futuro relacionamiento bilateral. 

A este escenario de cambios bruscos y sucesivos se sumó otro evento: la contundente victoria electoral del ultraderechista José Antonio Kast contra la candidata del oficialismo, Jeanette Jara. Su triunfo reflejó la capacidad de capitalizar la frustración de amplios sectores de la sociedad chilena con la administración del presidente Gabriel Boric, articulando un discurso de "gobierno de emergencia" que resonó en un electorado demandante de orden y seguridad. El resultado electoral, marcado por una ventaja significativa y una victoria en las 16 regiones —con apoyos particularmente sólidos en el norte y sur del país— se inscribe en la secuencia de reconfiguraciones políticas que han caracterizado a Chile en los últimos años. 

A lo largo de su campaña, Kast articuló un programa definido por propuestas de corte frontal: la expulsión expedita de migrantes en situación irregular, el cierre controlado de las fronteras chilenas, la instauración de un "gobierno de emergencia" —con poderes especiales para enfrentar crisis— y una política de "mano dura" contra el crimen organizado, inspirada en gran medida en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este conjunto de medidas no solo reflejan un diagnóstico de urgencia nacional, sino que también delinean un rumbo político que prioriza el orden, la seguridad interna y el control migratorio como pilares de su gestión. 

Este giro político, sin embargo, no fue solo capitalino. Encontró su fortaleza decisiva en las regiones del norte chileno. En Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, Kast consolidó un apoyo masivo, profundizando una tendencia que en primera vuelta ya había beneficiado a candidatos de posturas aún más radicales. Entre ellos, Franco Parisi, quien propuso instalar minas en la frontera, y Johannes Kaiser, quien amenazó directamente a Bolivia con represalias si no aceptaba la reconducción de migrantes. 

Esta tendencia se consolidó con el triunfo de numerosos diputados y senadores que hicieron del cierre fronterizo y la expulsión de migrantes su consigna electoral más efectiva. Así, el respaldo popular a las medidas más duras configura un escenario fronterizo nuevo y riesgoso: la presión para materializar restricciones ya no provendrá exclusivamente del Palacio de La Moneda, sino que tendrá un impulso regional y parlamentario, respaldado por un mandato local claro y legítimo. 

En ese contexto, Bolivia ocupó un lugar explícito en el discurso de Kast. El candidato —y ahora presidente electo— manifestó que, de no recibir migrantes expulsados desde Chile, su gobierno estaría dispuesto a impedir que Bolivia utilice puertos y carreteras chilenas, una medida que sin duda tensionaría los acuerdos de libre tránsito vigentes. Esta postura se enmarca en su “Plan Escudo Fronterizo”, presentado en campaña como una estrategia integral para “restablecer la soberanía nacional” a través del cierre físico y tecnológico de pasos irregulares, con especial énfasis en los 299 km, que su propuesta considera como “frontera vulnerable” y que abarca 210 km con Bolivia y 89 km con Perú. 

Ante este desafío directo, la respuesta boliviana no puede ser la confrontación, pero tampoco la pasividad. La prioridad debe ser impedir que la lógica unilateral del control migratorio secuestre toda la relación bilateral. Para ello, es necesario ejercer una diplomacia pragmática que, en lugar de partir de cero, consolide lo ya alcanzado y amplíe los espacios de cooperación. La base existe: acuerdos migratorios bilaterales, el Comité de Fronteras e Integración en funcionamiento y avances concretos como la apertura 24/7 de los pasos fronterizos. La tarea inmediata es, por tanto, proteger y profundizar estos logros contra cualquier intento de regresión. 

El primer y más urgente frente para esta protección es la migración laboral boliviana, ámbito donde la retórica de emergencia choca con una realidad económica innegable. Un flujo en clara expansión —con 77.285 residencias temporales concedidas sólo en el primer semestre de 2025, cifra que ya supera las 42.088 de todo 2024— demuestra una interdependencia estructural. Los temporeros bolivianos se han convertido en la mano de obra indispensable para el sector agrícola en el centro y sur de Chile. Lejos de ser un problema, este intercambio es un activo bilateral tangible que debe blindarse mediante la plena implementación de los acuerdos existentes y avanzar en el cumplimiento de las normativas laborales frente a la precariedad que atraviesan. 

Partiendo de esta base, es imprescindible ampliar el horizonte de la cooperación. Proteger y formalizar el flujo migratorio es esencial, pero una asociación estratégica requiere una agenda más rica y diversa. Temas como la apertura del mercado chileno a productos bolivianos, el libre tránsito, la reversa del oleoducto Sica Sica, la actualización del ACE N°22, la concreción de corredores bioceánicos, el impulso del turismo binacional, la gestión conjunta de recursos hídricos, la lucha contra el crimen organizado, entre un sinfín de temas, ofrecen un vasto terreno para generar 

beneficios tangibles. Esta diversificación no solo creará más puntos de contacto y cooperación, sino que sentará las bases para una relación más sólida. 

Indudablemente, la llegada de José Antonio Kast y Rodrigo Paz inaugura una etapa entre ambos países. Su éxito dependerá de la voluntad política de ambos gobiernos, del trabajo técnico de las cancillerías y, crucialmente, de que la tensión fronteriza ceda para permitir un diálogo sostenido y edifique una confianza mutua que permita abordar una agenda ampliada. En este marco, la reivindicación marítima seguirá siendo un objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano, no obstante, el rumbo no deberá ser el de la confrontación, sino el de una constancia estratégica que defienda lo tangible mientras construye, con hechos, lo posible.